05/08/2021
Resistencia. Más de 100 días estuvo bloqueada la entrada principal de Buenos Aires, en protesta contra la minería legal e ilegal. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)
La fuerza pública logró quitar el bloqueo de más de 100 días en el ingreso a la parroquia, permitiendo el paso a la empresa internacional dueña de la concesión.
Redacción IMBABURA
Tras 106 días de bloqueo, la empresa minera internacional Hanrine pudo ingresar a su campamento ubicado en la parroquia Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Ahí tienen alrededor de 12.000 hectáreas concesionadas para su explotación.
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Cuatro personas detenidas, enfrentamientos entre comuneros, militares y policías, donde se usó gas lacrimógeno, fue el resultado del operativo que logró despejar la vía principal del pueblo, este 3 de agosto de 2021.
El ingreso a la parroquia permaneció bloqueado desde el 19 de abril de 2021, cuando los comuneros decidieron acogerse a su derecho a la resistencia, haciendo plantones cada jornada, durante el día y la noche, para no permitir el paso de los camiones y camionetas de Hanrine.
En un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo denunció que agentes policiales ingresaron durante la madrugada de este 3 de agosto a la comunidad La Merced de Buenos Aires, “vulnerando los derechos de sus moradores, con el uso excesivo de la fuerza, lanzamiento de gases y agresiones a mujeres de la comunidad, con el objetivo de permitir el ingreso de la empresa minera”.
Desde Hanrine, Favio Ocampo, jefe de operaciones, dijo a un medio nacional que “hay un grupo de pobladores de La Merced de Buenos Aires que está contaminando con la minería ilegal y que ahora se disfraza como un grupo antiminero. Este grupo se ha tomado la entrada (…), aduciendo que el pueblo está contra la minería legal e ilegal, pero son los mismos que tienen procesos legales por minería ilegal”.
Sin embargo, grupos de derechos humanos y ecologistas coinciden en que la comunidad de Buenos Aires en su mayoría se dedica a la agricultura y ganadería, pero fue invadida por la minería ilegal, que ahora está en pie de lucha contra la legal, adjudicada por el Estado a una empresa transnacional.
Vigilia. Durante el día y la noche los moradores del sector resguardaban el ingreso a la parroquia. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)
Vigilia. Durante el día y la noche los moradores del sector resguardaban el ingreso a la parroquia. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)
Liberados, pero con medidas sustitutivas
Pablo Ponce, Jesús Enríquez, Orlando Caicedo y Juan Ruano fueron las cuatro personas detenidas durante la madrugada del 3 de agosto en Buenos Aires, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los moradores.
Según la Defensoría del Pueblo, fueron retenidos al ejercer su derecho a la resistencia, que se mantuvo desde abril de 2021, para prohibir el ingreso de la empresa minera Hanrine, siendo liberados casi a la media noche, pero recibiendo medidas alternativas a la libertad, como presentarse ante la fiscal a cargo de la investigación los días viernes y la prohibición de salida del país.
«A nosotros nos criminalizan de mala fe. Solo estábamos auxiliando a las mujeres que estaban ahogándose con el gas que arrojaron los policías», dijo Juan Ruano, uno de los detenidos, quienes hasta el 23 de agosto de 2021 deberán cumplir las medidas sustitutivas, día en que se realizará la audiencia de juicio por el delito de paralización de servicios públicos.
Monserrat Vásquez, del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne), dijo que la situación en Buenos Aires viene siendo conflictiva desde hace dos años. “Hasta el día de hoy el Estado no ha reparado los derechos de la población que fue afectada por minería ilegal, sin embargo otorgó una concesión minera a una empresa transnacional australiana, Hanrine, que viene con una violencia sistemática hacia los defensores del territorio de Buenos Aires”.
Denunció que la justicia también estaría parcializada en esta zona, explicando que a los comuneros no les reciben denuncias contra la empresa minera, pero a ellos sí les siguen juicios por parte de la empresa extranjera. “Hace una semana uno de los compañeros, en un enfrentamiento con los trabajadores de la empresa minera, fue acuchillado, pero cuando fue a la Fiscalía no se le tomó la denuncia. En cambio, hay más de 30 moradores de Buenos Aires que tienen denuncias en su contra, siendo criminalizados por la Fiscalía”.
Dos sentencias están en pie
En agosto de 2020 se reportaron los primeros enfrentamientos entre los pobladores y los trabajadores de la empresa minera Hanrine, cuando quemaron uno de sus campamentos y prácticamente los expulsaron de la parroquia Buenos Aires.
Desde abril de 2021, los moradores se acogieron al derecho a la resistencia y bloquearon, con plantones y vigilias la vía principal de ingreso, sin permitir el paso de personal ni vehículos de Hanrine.
A partir de ello se lograron medidas cautelares por parte de un juez de Urcuquí, para que se retiren los camiones de la empresa minera, que estaban apostados frente al bloqueo ciudadano, para evitar conflictos con la población y garantizar la paz ciudadana.
Por otro lado, el 8 de julio de 2021, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la provincia de Pichincha, aceptó una acción de protección interpuesta por la compañía minera en contra de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, disponiéndoles que se garantice el libre tránsito por Buenos Aires, observando los principios constitucionales sobre el uso progresivo de la fuerza, aplicando cualquier medida para evitar el bloqueo de la vía de ingreso a la parroquia.
El primer arribo policial se dio el 27 de julio de 2021, pero sin lograr mover a los pobladores. La madrugada del 3 de agosto, con mayor personal y usando gas lacrimógeno y a empujones la Policía despejó la vía, dando paso a más de 10 vehículos de Hanrine.
Detenidos. Se los acusa de paralización de servicios públicos.
Detenidos. Se los acusa de paralización de servicios públicos.
El tema espera debatirse en la Asamblea Nacional
El asambleísta imbabureño de Pachakutik, Mario Ruiz, anunció que pedirá que se modifique el orden del día de la siguiente reunión de la Comisión de Derechos Constitucionales de la Asamblea Nacional, para que se analice la problemática de la parroquia Buenos Aires.
La intención de Ruiz es que a través de la Comisión se llame a comparecer al Ministerio de Gobierno, a las máximas autoridades de la Policía y el Ejército, así como al Gobernador de Imbabura, para explicar la incursión de la madrugada del 3 de agosto de 2021.
El asambleísta también ha mencionado la intención de fiscalizar el proceso de concesión de áreas mineras del país a la empresa minera Hanrine, resaltando que en este caso nunca se ha socializado el proyecto con los moradores de la parroquia, peor aún con alguna consulta popular, que considera debe ser obligatoria porque influye en territorios de la nacionalidad Awá.
Tras ser detenidas, las cuatro personas permanecieron en la UPC de Urcuquí, hasta ser llamadas a la audiencia.
En 2019 se desalojó a cerca de 10.000 personas de Buenos Aires, cuando la minería ilegal se metió en la vida de los campesinos de la zona.
“La gente una vez que vivió la amenaza de la minería ilegal, es consciente de que la minería sea legal o ilegal va a generar daños irreparables a nivel social y ambiental en la parroquia”.
Monserrat Vásquez, vocera de Omasne
“Es sorprendente observar que la Policía y los militares estén custodiando, protegiendo y dando seguridad a la empresa minera y no a quien se debe, que es la ciudadanía”.
Katherine Andrade,defensora del Pueblo en Imbabura
https://www.lahora.com.ec/detenidos-por-protestas-en-buenos-aires-tienen-medidas-sustitutivas/