Por José Luis Abarca Montejo
El pueblo de Chicomuselo, Chiapas, México vive de la tierra. La tierra y la población se ven amenazadas por el comportamiento irresponsable de las empresas mineras canadienses, algo que Canadá puede ayudar a controlar a través de nuevas leyes bill c-300 y bill c-354, ahora ante la Cámara de los diputados. El proyecto de ley C-300 ofrece una oportunidad de Canadá para reducir la colusión de las empresas canadienses en la vulneración de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad corruptas, como en el caso de mi padre.
* En julio de 2009, recibió amenazas de muerte de la empresa.
* En agosto 2009 fue detenido por varios hombres armados y lo detuvieron durante nueve días. Lo detuvieron por falsas acusaciones que la empresa minera blackfire había inventado en su contra para intimidarlo. Luego fue liberado, pero no dejó de hablar.
* El 27 de noviembre de 2009, Mariano Abarca fue asesinado a balazos frente a su casa por trabajadores de la empresa minera.
El proyecto de ley ha recibido un fuerte apoyo de la sociedad civil canadiense e internacional, incluidas las organizaciones ecuménicas, sindicatos, ambientalistas y organizaciones de derechos humanos, académicos, y por un número cada vez mayor de ciudadanos y pueblos afectados. Los funcionarios gubernamentales de varios países donde las empresas mineras canadienses dominan, también han aprobado la legislación.
El mensaje de mi padre necesita ser escuchado. Su objetivo de detener los abusos de empresas mineras canadienses se puede avanzar por el paso del proyecto de ley C-300, que se enfrentará a una votación en la Cámara de los diputados de Canadá en octubre. El proyecto de Ley C300 es un paso modesto pero decisivo hacia la rendición de cuentas de las empresas. La ley negaría o exigiría la retirada del apoyo del gobierno canadiense para las empresas de explotación minera canadiense, el petróleo y el gas cuyas acciones han demostrado ser incompatibles con las mejores prácticas internacionales y con los compromisos de Canadá a las normas internacionales de derechos humanos.
Es mi sincera esperanza de que los parlamentarios de Canadá respecten a la memoria de mi padre, y a otros como él que han sufrido y muerto, con su voto para garantizar que las compañías extractivas canadienses que operan en México y otros países están sujetas a las mismas normas que en Canadá.
José Luis Abarca Montejo – Coordinador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Chicomuselo – Chiapas, México), Abogado Mexicano, de visita en Canadá del 24 hasta el 30 de septiembre 2010.