El titular de la STPS, Javier Lozano, señala que tras la tragedia donde murieron 14 mineros, se han revisado 41 centros de trabajo
A casi 40 días de firmados los acuerdos de lo que se denominó la «Cumbre del carbón» tras el estallido de un pozo en Coahuila que dejó 14 personas muertas, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, hizo un balance de los compromisos adquiridos.
El funcionario federal dijo que en estas acciones participaron funcionarios del más alto nivel de la administración pública federal y del gobierno estatal, y uno de los compromisos más importantes fue la inspección de los centros de trabajo mineros.
Comentó que habrán de visitarse 100 centros de trabajo en los 90 días posteriores, de los que a la fecha se han realizado 41 visitas y se han encontrado 439 violaciones a la NOM-032, aplicable para minas subterráneas de carbón; asimismo, se ordenaron 457 medidas correctivas para dar seguridad a los mineros.
Sin embargo, reconoció que el empresario carbonero Melchor González y Elías Morales, el director de la empresa que manejaba el pozo que explotó el 3 de mayo pasado dejando saldo de 14 muertos y un herido, lograron libertad bajo fianza, pues en Coahuila el homicidio culposo no es delito grave.
Lozano Alarcón señaló que esos centros de trabajo ya visitados dan empleo a mil 703 mineros, por lo que es de gran importancia el acato a las medidas de seguridad. En las visitas que hicieron de manera conjunta las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía, la Profepa y el IMSS, se decretaron 20 sanciones que consisten en la restricción de acceso a la mina o el pozo y en 12 casos más se ordenó la suspensión provisional de obras y trabajos mineros.
Otro de los compromisos fue que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no comprara carbón a las empresas que no garanticen que su producto está «libre de sangre»; esto quiere decir, que en los centros de trabajo existen todas las garantías de seguridad para evitar que por falta de inversión o negligencia, el personal esté en riesgo de explosiones o derrumbes que puedan costar vidas.
Para ello, recordó que se habrán de crear las unidades de verificación, mismas que se prevé entren en vigor a partir del mes de agosto y que serán supervisadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, para tener la seguridad de que las empresas que surtan a la CFE cumplan con la NOM-032 aplicable para minas subterráneas de carbón.
Por lo que hace a los 50 apoyos del gobierno federal con un millón de pesos para empresas pequeñas y medianas que vayan a invertir en medidas de seguridad para cumplir con esa norma, señaló que el primero de los créditos ya fue entregado, que la próxima semana se entregarán dos más y que ya hay cuatro solicitudes que ya están en trámite.
Por otra parte, señaló que el pasado 21 de junio, el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento en el que se establecen las normas que regirán la recuperación del gas grisú.
De esta manera, dijo, se avanza para el aprovechamiento de este recurso que está asociado a la extracción de carbón mineral y su uso comercial por parte de las empresas y con ello evitar concentraciones importantes que generan las explosiones y muerte de los trabajadores.
Lozano Alarcón aseguró que ya también trabaja la Secretaría de Economía en una serie de proyectos que permitirán a la zona carbonífera de Coahuila diversificar su actividad económica y que haya mayores opciones de trabajo y desarrollo, para ofrecer a la gente de la zona otras opciones de empleo.
Advirtió que él mismo seguirá visitando de manera periódica la ciudad de Sabinas, Coahuila, para dar seguimiento a todas estas acciones que habrán de transformar la vida de quienes habitan todos esos municipios de la zona, a través del cambio en las condiciones de trabajo en las minas y en el desarrollo de nuevos proyectos económicos para la región.
Por otra parte, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dijo que las primeras acusaciones de tipo penal por los homicidios fueron consecuencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) hizo una primera demanda por varios delitos, y el Juzgado Tercero de Distrito en Coahuila se declaró incompetente.
El juez federal señaló que «carece de competencia para conocer de esos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, y declinó a favor de un juez penal de primera instancia en el Distrito Judicial de Sabinas».
El juez federal, dijo, «negó la orden de aprehensión contra de estas personas por homicidio y lesiones culposos en y también por los delitos de tentativa de defraudación para los regímenes de Seguridad Social», que es un delito federal.
Dijo que a pesar de que la PGR va a apelar esa decisión del juez federal, de manera paralela la procuraduría de Coahuila consignó también un expediente que generó la causa penal 187/2011, y «se giró orden de aprehensión en contra de Melchor González y Elías Moreno por los delitos de homicidio por culpa y lesiones gravísimas a consecuencia de la pérdida de un miembro por culpa».
Además, dijo, la ley local señala que el responsable de la tragedia por negligencia tendrá que hacer la reparación del daño, y por lo tanto ahora se negocia con los abogados de la empresa para que cumpla con el pago de una ayuda humanitaria de 200 mil pesos por familia, que sería parte de lo que a final de cuentas será el pago por reparación del daño.