Foto: Informe OCM
Lima, 17/07/2020 (Prensa Latina) La decisión del nuevo primer ministro peruano, Pedro Cateriano, de destrabar proyectos mineros pendientes, tiene como contexto una conflictividad social en gestación o potencial, revelado por un panel de expertos en el tema.
El panel se realizó en la presentación del informe semestral del Observatorio de Conflictos mineros y coincidió con la juramentación de un nuevo gabinete ministerial encabezado por Cateriano, quien considera fundamental el llamado destrabe para superar la crisis económica causada por la emergencia contra la Covid-19.
Los participantes en el encuentro coincidieron en que la agenda conflictiva del sector minero debe ser atendida con urgencia ante la crítica situación y con el diálogo como vía de solución de los problemas, lo que excluye el uso de la fuerza.
El informe consignó que a los 139 conflictos pre-existentes, en el primer semestre del año se sumaron 36 nuevos, pese a la cuarentena contra la Covid-19, en la que cerca de tres mil trabajadores mineros fueron contagiados.
El panelista José De Echave, investigador de la organización no gubernamental CooperAcción, señaló que las entidades empresariales presionaron mucho para mantener activa la minería, sin pensar en las consecuencias y sin proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas.
De Echave apuntó que uno de los retos del nuevo ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde -de perfil empresarial-, será garantizar la seguridad de los trabajadores en las operaciones, en las que, dijo, se redujo la exigencia de los protocolos y la Federación de Trabajadores mineros no ha sido consultada.
El defensor adjunto del Pueblo para conflictos sociales, Rolando Luque, señaló que los nuevos diferendos se originan en torno a las quejas por los insuficientes protocolos sanitarios aplicados por las empresas mineras durante la cuarentena.
El reporte advierte también, además, que se reactivaron conflictos pre-existentes, el más importante debido a que la transacional Southern reactivó su campaña para retomar el proyecto minero Tía María, congelado por el rechazo social.
La población del área de influencia, que ha derramado sangre en años anteriores en defensa de su entorno, realizó dos protestas contra la campaña de la empresa, cuyo proyecto cuprífero adversan por considerar que arruinará, la rica agricultura de la zona
En la campaña de presión que derivó en la renovación del gabinete ministerial, Tía María fue mencionado como una especie de emblema de la necesidad de sacar adelante los proyectos mineros pese a la oposición de las poblaciones, esta vez alegando la crisis económica causada por la pandemia.
En el sur andino se destacaron las protestas de las organizaciones sociales y comunidades campesinas del llamado Corredor Minero del Sur denunciaron la actividad excesiva de la empresa minera Las Bambas, que el año pasado motivó un largo conflicto social.
Luque advirtió también que en la provincia surandina de Espinar y en otros territorios, las organizaciones reactivan sus reclamos de atención a problemas pendientes, a los que se han agregado nuevos.
‘Es necesario que el Estado se comunique con ellos y renueve su compromiso con el diálogo que se vio interrumpido en el marco de la pandemia’, aseveró.
Los panelistas coincidieron en que el Gobierno debe evitar decisiones arbitrarias y definir apropiados mecanismos de diálogo como forma de llegar a la solución de los conflictos.
El ex viceministro de Minería, Miguel Incháustegui, recordó el carácter histórico de la conflictividad en la minería que han dejado un rastro de 282 muertos entre 2006 y 2019 y se debe ir a las causas y hacer el esfuerzo por generar consenso y resolver temas.
Rechazó la consigna neoliberal de que ‘la minería va, sí o sí’, pues ‘buscando el consenso y viendo las bondades y riesgos, se puede llegar a definir si en determinada región puede haber minería o no’.
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