Coalición de Organizaciones Declara “No hay Ganadores”
Mediante Arbitraje inversionista-Estado se chantajea a El Salvador y se subvierte la Democracia
CISPES
14 de Octubre de 2016
Cabañas, El Salvador / Washington DC / Ottawa / Melbourne – Organizaciones de la sociedad civil a nivel global, que apoyan a las organizaciones y comunidades de El Salvador que trabajan para proteger el medio ambiente de la minería, reaccionaron a la decisión del día de hoy del controversial Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en Inversiones (CIADI) sobre el caso Pac Rim Cayman vs. El Salvador, el cual duró más de siete años, diciendo “no hay ganadores”. El viernes, 14 de octubre, el tribunal anunció su decisión de que la demanda de Pac Rim no tiene mérito y por lo tanto El Salvador no tendrá que pagar a la compañía los $250 millones de dólares que buscaba obtener.
En 2009, Pacific Rim Cayman LLC interpuso un caso inversionista – Estado en contra de El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa minera, ahora una subsidiaria y propiedad de la empresa canadiense-australiana Oceana Gold, demandó a El Salvador por supuestas pérdidas de potenciales ganancias como resultado de no haber obtenido una concesión minera para un proyecto de extracción de oro. El gobierno de El Salvador no otorgó el permiso debido a que la compañía no cumplió con las regulaciones requeridas.
“El hecho de que Pacific Rim – ahora Oceana Gold – haya podido demandar a El Salvador cuando nunca tuvo licencia alguna para operar es un abuso del proceso,” dice Manuel Pérez Rocha del Institute for Policy Studies en Washington. “El que estas demandas se lleven a cabo al margen de un sistema judicial independiente y transparente demuestra por que nos oponemos al Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) y otros, así llamados, tratados de libre comercio”
Este caso llevó a el gobierno de El Salvador a tomar la decisión de no otorgar nuevos permisos para la minería. Esta decisión tiene un fuerte respaldo en El Salvador; una encuesta reciente realizada por la Universidad Centroamericana (UCA) indica que el 79.5% de los salvadoreños se oponen a la minería de oro en su país.
Las organizaciones de la sociedad civil de los cuatro países, que en el 2009 conformaron a los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, alaban y admiran los esfuerzos de las comunidades de El Salvador que se han opuesto a la empresa minera y han movilizado a la sociedad y gobierno de su país para que se opongan a nuevos proyectos mineros, a pesar de la presión de la empresa. Han manifestado disgusto de que El Salvador haya tenido que pagar $12 millones de dólares para financiar su defensa, de un caso en el que la empresa minera nunca cumplió con los requisitos legales y ambientales para obtener una licencia minera.
«Se ha hecho un daño irrevocable a las comunidades en El Salvador», señala la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador (La Mesa). «Las actividades de Pacific Rim en El Salvador han fomentado conflictos locales, los que han llevado a amenazas, ataques y asesinatos. Queremos que Oceana Gold, y toda la miseria que ha causado, se vayan de El Salvador, y que el gobierno promulgue una prohibición total de la minería metálica.»
“Al permitir que compañías transnacionales chantajeen a gobiernos para tratar de forzarlos a adoptar políticas que les favorezcan, el arbitraje inversionista – Estado socaba el orden democrático en El Salvador y alrededor del mundo” dice Marcos Orellana del Center for International Environmental Law (CIEL). “Independientemente del resultado, el arbitraje ya ha tenido el efecto de frenar el desarrollo e implementación del espacio necesario para la creación de políticas en favor de la protección del medio ambiente y del derecho humano al agua.”
“Este es uno de los muchos ejemplos que ya hay de empresas mineras canadienses haciendo uso del arbitraje internacional para abusar de gobiernos cuando sus proyectos mineros carecen del consentimiento comunitario y cuando no han cumplido con los requerimientos legales. En contraste, las comunidades carecen de medios efectivos para sujetar a estas mismas empresas a la rendición de cuentas por los serios y sistemáticos daños resultantes de sus operaciones”, dijo Jen Moore de MiningWatch Canada.
“Con este caso encontramos un ejemplo claro de todo lo que está mal con el arbitraje inversionista – Estado, ya sea que este surja por la aplicación de leyes domésticas o acuerdos bilaterales o multilaterales de inversión. La experiencia de El Salvador confirma la amenaza a los derechos humanos y al medio ambiente que ocurre cuando empresas demandan en tribunales como el CIADI”, explica Robin Broad, profesora de la American University.
Una empresa minera que se llama a si misma responsable no debe de usar mecanismos como el CIADI para forzar a gobiernos a promover sus intereses. Países como El Salvador tienen el derecho de decir no a la minería sin temor a una demanda enorme”, dijo Keith Slack de Oxfam America.
“Es inconcebible que en tiempos de escasez de agua, el régimen de comercio e inversiones global niegue a gobiernos de países con estrés hídrico, como El Salvador, el espacio para la creación de políticas que protejan las cuencas acuíferas y que aseguren el derecho humano al agua,” dice Maude Barlow, presidenta nacional del Consejo de los Canadienses.
“Fue moralmente reprobable que Oceana Gold demande $250 milllones de dólares al pueblo de El Salvador. Esta suma representa más de 10 veces el presupuesto anual del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales del país. Es una suma escandalosa para un país en crisis financiera, y que debiera ser utilizada de mejor manera en educación, salud u otros servicios sociales. Los meros costos legales para El Salvador son suficientes para pagar 2 años de cursos de alfabetización para 140,000 adultos,” dijo el Obispo Emérito Católico de Melbourne Australia, Hilton Deakin.
“Que quede claro: El Salvador ya ha perdido mucho con este arbitraje. El Salvador tuvo que pagar mas de $12 millones de dólares solamente para defenderse a si mismo. Los meros costos legales son suficientes para pagar 2 años de cursos de alfabetización para 140,000 adultos. Como mínimo Oceana Gold debe de rembolsar a El Salvador los costos en que incurrió con esta demanda, que nunca debió de haber ocurrido. También, Oceana Gold debe ser responsable por los daños sociales y ambientales que ha dejado atrás” dijo Alexis Stoumbelis del Comité en Solidaridad con el Pueblo del El Salvador (CISPES).
“Este es un caso más del ejercicio del poder corporativo en contra de una decisión gubernamental tomada democráticamente. Si Australia ratifica el TPP, más de esto ocurrirá” dijo Ged Kearney, Presidente del Consejo Australiano de Uniones Sindicales (ACTU).
“El sistema de disputas inversionista – Estado (ISDS por sus siglas en inglés) es parte de un modelo de comercio que antepone las necesidades de las corporaciones a las necesidades de los y las trabajadores y del planeta. El gobierno de El Salvador hizo lo que un sistema democrático responsable debe de hacer: Escuchó los deseos y las prioridades de su ciudadanía y acuó en consecuencia” dijo Cathy Feingold, Directora Internacional de la AFL-CIO (la principal central sindical estadounidense).
CISPES