Internacional

Desenmascarando BHP: presentando a los defensores …

Cuatro defensores ambientales de los derechos humanos viajan desde América Latina al Reino Unido para desenmascarar a BHP , una semana de arte, protesta y discusión para movilizarse en torno a la reunión anual de accionistas de la compañía minera que cotiza en Londres.

Entre el 14 y el 22 de octubre, desafiaremos a la compañía minera más grande del mundo, BHP, por sus prácticas neocoloniales de extracción de metales y combustibles fósiles en el Sur Global para maximizar sus ganancias, mientras devasta las vidas y la tierra de los afectados.

Los defensores son de tres de los 13 países en los que opera la multinacional que cotiza en Londres: Brasil , Chile y Colombia .

BRASIL

TCHENNA FERNANDES MASO (derecha) es una abogada comunitaria de Mariana y miembro de la coordinación del Movimiento de Personas Afectadas por Presas (MAB) . MAB se organiza con comunidades afectadas por represas en Brasil, incluyendo fallas en relaves (desechos mineros) y desplazamiento causado por represas hidroeléctricas. MAB es un movimiento social activo y representativo en Brasil para las víctimas de dos desastres catastróficos de represas de relaves: Brumadinho (un desastre de represa de relaves que mató a 300 personas en enero de este año) y Samarco. Tchenna trabaja con poblaciones afectadas, especialmente mujeres, para el reconocimiento de sus derechos en casos como Belo Monte , Samarco y Brumadinho .

Mina de mineral de hierro Samarco, Minas Gerais

Samarco es una compañía minera de propiedad conjunta de BHP y el gigante minero brasileño Vale. La compañía opera una operación minera con el mismo nombre en Mariana, una ciudad en el estado brasileño de Minas Gerais. Un colapso catastrófico de la presa de relaves (desechos mineros) de Samarco en 2015 mató a 19 personas y contaminó 600 km del río Doce, afectando los medios de vida, hogares y comunidades de más de un millón de personas y causando el peor desastre ambiental de Brasil hasta la fecha.

MAB llama a lo que sucedió como el ‘crimen de Samarco’ y brinda capacitación crítica a las comunidades en la cuenca del río Doce sobre sus derechos y cómo lograr justicia.

Tras el crimen de Brumadinho, Vale ha pasado la responsabilidad de supervisar el proceso de reparación de las víctimas de Samarco a BHP debido a la falta de capacidad. Por lo tanto, los abogados de BHP han asumido este papel, pero se dice que son agresivos en su postura hacia las evaluaciones técnicas que determinarán el impacto general del desastre. BHP argumenta que esto no es necesario. Debido a la presencia relativamente pequeña de BHP en Brasil en comparación con Vale, una empresa conocida, ha sido difícil lograr que BHP escuche las demandas de las comunidades.

Tchenna dice: “Las acciones de BHP en los territorios afectados por el colapso de la presa de relaves de Samarco, de la cual es copropietario, han transformado las violaciones de derechos humanos en un negocio importante con la creación de la Fundación Renova [una organización creada por las compañías mandato para implementar y administrar programas de reparación después del colapso de la presa Fundão que ha distorsionado el proceso, dividiendo las comunidades al cuantificar los daños y mercantilizar el sufrimiento de las comunidades]. Por lo tanto, lo que debería ser una reparación integral ejemplar en vista de la gravedad de la contaminación y la destrucción del medio ambiente, está impregnado por los intereses económicos de la corporación y sus accionistas en detrimento de la aplicación de los derechos de las personas afectadas «.

Contexto político de Brasil

MAB ha estado en el extremo receptor de los ataques del presidente brasileño Bolsonaro contra los movimientos sociales. Como un movimiento de base compuesto por comunidades afectadas, incluidas comunidades indígenas, comunidades afrobrasileñas y trabajadores agrícolas, los comentarios incendiarios de Bolsonaro se dirigen a estas mismas comunidades, lo que aumenta el riesgo a través de amenazas, ataques, intimidación e incluso asesinatos. El objetivo de Bolsanaro de « abrir el Amazonas » en una expansión violenta de los agronegocios y la minería no solo está conduciendo a la deforestación, sino que también está teniendo un impacto masivo en los ríos del Amazonas que están siendo condenados para proporcionar energía para megaproyectos.

Tchenna dice: La situación en Brasil es deplorable por los ataques de un gobierno fascista sobre los derechos sociales. Esto ha impactado a las comunidades afectadas por las represas al intensificar los conflictos sociales y ambientales, la precariedad de los derechos sociales, la violación de los derechos humanos y el aumento de la violencia y la criminalización contra los movimientos populares. En este sentido, la cuestión de Amazon es emblemática de la falacia de la gestión de un gobierno «.

Las demandas que MAB hace de BHP son:

  • El derecho de las comunidades a evaluaciones técnicas, ambientales y socioeconómicas independientes de los impactos del desastre de Samarco en sus medios de vida y territorios.
  • Garantías para que los equipos técnicos puedan acceder a las áreas designadas y desarrollar los mecanismos relevantes para la participación de las comunidades afectadas en las evaluaciones técnicas. Los estudios de impacto técnico son críticos porque se construyen con las comunidades afectadas.
  • Las empresas no deben interponerse en el camino de los equipos de evaluación técnica y la implementación de los estudios.
  • Se debe permitir que las comunidades afectadas participen plenamente en los mecanismos establecidos para el proceso de reparación dirigido por la Fundación Renova. A pesar del derecho legal de participar en los mecanismos, a las comunidades se les niega sistemáticamente la participación en estos espacios, a menudo por medios burocráticos y justificaciones.
  • Las oficinas de la alcaldía relevantes que representan las áreas afectadas por Samarco se encargaron de desarrollar planes municipales para la salud pública, que las compañías acordaron financiar. Los planes deben construirse a través de mecanismos participativos e implementarse plenamente.
  • No se ha hecho lo suficiente para prevenir y mitigar el riesgo de otros posibles desastres. A la luz de Samarco y Brumadinho, así como otros riesgos de fallas de presas de relaves documentados en la región, se han identificado las siguientes áreas para la acción:
    • Transparencia de las compañías mineras sobre sus presas de relaves: una lista completa de las presas de relaves de una compañía con información sobre cómo se evalúa su estabilidad (con la posibilidad de una verificación independiente de las evaluaciones de estabilidad)
    • Un programa totalmente financiado para la reducción de riesgos y la eventual eliminación de presas de relaves existentes.

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COLOMBIA

CATALINA CARO GALVIS (derecha) es de Bogotá, Colombia y trabaja para CENSAT , una organización que apoya a las comunidades en La Guajira, norte de Colombia, afectadas por la mina de carbón a cielo abierto Cerrejón. CENSAT también trabaja con SINTRACARBON, el sindicato de mineros en Cerrejón. Catalina tiene el mandato de representar a las comunidades afectadas por esta mina.

ALVARO IPUANA (abajo) es la máxima autoridad indígena en su comunidad de Nuevo Espinal . En La Guajira, Nuevo Espinal es una de las muchas comunidades desplazadas por la mina de carbón Cerrejón a cielo abierto .

Álvaro dice: “Quiero llevar la voz de las comunidades Wayuu, que han sufrido daños por el desarrollo minero, a BHP AGM. Estas comunidades han sufrido efectos ambientales, en nuestra agua y en la seguridad alimentaria. Nosotros están en riesgo nuestras propias vidas y la salud de esta población. Y queremos darlo a conocer a las organizaciones internacionales para que sepan que estos minerales dejan nuestro territorio manchado con nuestra sangre «.

Mina de carbón a cielo abierto Cerrejón

Cerrejón es una empresa de propiedad conjunta de los gigantes mineros de Londres BHP, Anglo American y Glencore. La compañía opera una mina con el mismo nombre en La Guajira, una ciudad en el norte de Colombia, en territorio indígena y afrodescendiente Wayúu. Cerrejón es la mayor operación de carbón a cielo abierto de América Latina. Las comunidades han sido desalojadas para dar paso a la mina y la fuente vital de agua, el Arroyo Bruno, se ha desviado para dar paso a la expansión de la mina.

Contexto político de colombia

El frágil proceso de paz de Colombia está siendo atacado por el gobierno de derecha de Ivan Duque. La crisis que enfrentan los defensores de los derechos humanos después de la firma del acuerdo de paz es solo uno de los impactos relacionados con la forma en que los diferentes poderes económicos y políticos intentan obtener el control de los territorios ricos en recursos. Mientras tanto, el gobierno colombiano no ha podido compensar adecuadamente a ninguna de las comunidades afectadas, y muchos líderes comunitarios enfrentan amenazas y violencia por el trabajo que realizan para defender y proteger sus derechos, el acceso al agua potable, el aire y la tierra.

Demandas que las comunidades afectadas por Cerrejón hacen a BHP como copropietario de la mina de carbón Cerrejón :

  • Poner fin a la desviación de la fuente vital de agua de la región, el Arroyo Bruno , y cumplir con el fallo de un reciente fallo de la Corte Constitucional colombiana que ordenó a la compañía redirigirlo a su curso natural.
  • El derecho de las comunidades indígenas locales al consentimiento libre, previo e informado.
  • Desarrollo de un plan adecuado de cierre de minas en consulta con aquellos que se verán más directamente afectados por él, incluidos los trabajadores.
  • Reducción de los efectos de las operaciones de la mina en la salud humana y el medio ambiente local.
  • Mejora del estándar de reasentamientos.
  • El desarrollo de planes de medios de vida alternativos ahora para aquellos que ya no pueden vivir de la agricultura debido a la expansión de la mina, y en el futuro para toda la región una vez que la mina haya cerrado.
  • Proteger a varios líderes comunitarios y activistas locales que critican las operaciones de la mina y han recibido numerosas amenazas de muerte.

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CHILE

LUCIO CUENCA (izquierda) representa al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y OCMAL, una red de más de 40 organizaciones comunitarias y ONG, donde asesora a las comunidades afectadas por la minería en América Latina sobre las mejores formas de mitigar los impactos. de la industria minera global. Lucio hablará sobre el comportamiento y los impactos de BHP en toda la región y en Chile. OLCA apoya a las comunidades directamente afectadas en el desierto de Atacama en Escondida, en el norte de Chile, y también tiene el mandato de expresar sus preocupaciones y demandas.

Lucio dice: “[A] está surgiendo una tendencia preocupante a medida que aumenta el interés británico en los depósitos de cobre en América Latina: el lavado ecológico de nuevos proyectos de cobre. Empresas como BHP y Anglo American afirman que sus minas serán contribuyentes clave a la transición de las energías renovables al suministrar cobre para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares.

“Estas afirmaciones son engañosamente simplistas, la realidad es que se proyecta que la infraestructura y los materiales de construcción seguirán siendo los principales impulsores de la demanda de cobre durante todo este siglo, no las tecnologías de energía renovable. Esta narrativa de lavado verde también plantea una nueva amenaza para las comunidades afectadas por la minería, ya que las compañías mineras introducen una falsa sensación de conflicto entre la defensa de los territorios locales y las demandas materiales de la transición lejos de los combustibles fósiles «.

Mina de cobre Minera Escondida

Los tres proyectos mineros de BHP en Chile representan el 5,9 por ciento del cobre en el mundo, pero la importancia de estas operaciones contrasta con las consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas.

El Salar de Atacama y Punta Negra (humedales y humedales altoandinos) son dos ecosistemas ubicados en medio del desierto más seco del mundo. La sobreexplotación del agua y la contaminación causada por Minera Escondida, el mayor proyecto minero de BHP en el país y la mina de cobre de mayor producción en el mundo, ha destruido seriamente estos ecosistemas. La mina también tiene un impacto negativo en los medios de vida de las comunidades indígenas Atacameñas y Licanantay, especialmente en la comunidad de Peine, el lugar más cercano al lugar donde la empresa extrae agua.

BHP viola los derechos humanos de las comunidades indígenas y afecta el derecho a determinar sus estilos de vida, al destruir sus tierras y fuentes de agua. Viola el derecho de las comunidades a acceder a la información, en cambio oculta datos relevantes sobre el impacto de los ecosistemas y el agua. La corporación tampoco respeta los derechos de los trabajadores debido a sus prácticas antisindicales.

Contexto político de Chile

El gobierno chileno tiene una deuda histórica en torno a la protección de los derechos y la justicia ambiental. Las desigualdades solo se han profundizado desde entonces, los recursos se están explotando con una regulación débil o nula, contaminando territorios y violando los derechos de las comunidades. Esto ahora se traduce en las llamadas «zonas de sacrificio» donde el aire está contaminado por las industrias extractivas implantadas en las regiones, causando un peligro para la salud.

En la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York el 23 de septiembre, el presidente chileno Sebastián Piñera recibió el «Premio Ciudadano Global» por «su liderazgo innovador para abordar el cambio climático». La realidad en Chile es diferente. Todos los días, el gobierno continúa enviando al Congreso del país iniciativas legales que favorecen el interés económico de estas empresas extractivas.

Si bien Piñera se niega a firmar el Acuerdo de Escazú, que podría brindar garantías al pueblo chileno y un compromiso con el desarrollo sostenible y la justicia ambiental, está presionando para que se apruebe el Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico (TPP), que otorga a las empresas el derecho a atacar a los tribunales nacionales políticos internacionales que van en contra de sus intereses económicos.

Antes de la COP25 de diciembre, que se llevará a cabo en Chile, los movimientos sociales, las comunidades y las organizaciones han estado protestando, denunciando la violencia y exigiendo un desarrollo justo y sostenible.

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Fuente:https://londonminingnetwork.org/2019/09/unmasking-bhp-introducing-the-defenders/?fbclid=IwAR2De9E6vrza3Y4zQ11V35B6RxPzg6e7bv9oZNdc73Gz88x65TzMx2bOWX8