– Investigación revela lo perjudicial que sería para los “intereses” del gobierno que se haga pública la información.
Conflictos como el surgido en la comunidad de Cañaris, en Lambayeque, podrían ser resueltos de hacerse pública la Base de Datos de Pueblos Indígenas que trabajó el Viceministerio de Interculturalidad. Un informe elaborado por INFOS y publicado por La República da cuenta de los intereses que se tejen en torno a la publicación de ésta y que explicarían su demora en difundirla.
Según el informe escrito por Marco Sifuentes, el Ministerio de Energía y Minas estaría especialmente interesado en que la información de la Base de Datos –lista desde junio del año pasado- no se haga pública.
De este modo se mantendría a la sombra el número de proyectos mineros que se encuentran superpuestos a territorios indígenas sin haberse aplicado el proceso de consulta.
Entre las principales razones para que no se haga pública la información está el temor de que excluyan a comunidades –especialmente del área costa-andes–, lo que originaría un gran descontento y sus posteriores reclamos.
Si bien es sabido que el gobierno no es el que define la condición “indígena u originaria” de las poblaciones pues existe una legislación nacional e internacional -Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la OIT, por ejemplo- al respecto, la publicación de la Base de Datos es de utilidad para los procesos de consulta previa.
El informe revisa también el conflicto surgido en torno al proyecto Conga en donde se reclama se lleve a cabo la consulta previa. Se adentra así en las demandas de las rondas campesinas que -de acuerdo la Ley Nº 27908 poseen los mismos derechos que los pueblos indígenas y comunidades campesinas “en lo que les corresponda y favorezca”.
Consulta “fantasma”
Contra la creencia general de que la primera consulta previa, en el marco de la Ley N° 29785, sería sobre el Lote 1AB en Loreto el informe de Marco Sifuentes advierte que el primer proceso de consulta programado es el referido al megaproyecto aurífero de Angostura, en las alturas andinas de Mollepiña, región Apurímac.
En esta zona, en la comunidad de Nueva Esperanza, predomina la población quechuhablante. La web del Ministerio de Energía y Minas publicó en un primer momento el “Plan de Consulta Previa para el inicio de la actividad de exploración del Proyecto Angostura”.
Sin embargo, tiempo después el referido plan desapareció, el mismo contenía un cronograma que precisaba que la consulta se iniciaría en diciembre pasado y el 12 de febrero de este año se llegaría a un acuerdo respecto al desarrollo del proyecto minero. Nada de lo establecido se cumplió. La comunidad nunca se enteró de nada.
El informe de INFOS, cuyo enlace al mismo difundimos a continuación, contiene información obtenida de altos funcionarios que nos muestran en realidad cómo se ha ido trabajando el tema de la Base de Datos de los Pueblos Indígenas y la Consulta Previa.
Para acceder al informe dar clic en el siguiente enlace:
La Consulta Previa: Una fuente de conflictos dentro y fuera del gobierno.