Por : Javier Puga Martínez
Desde Zapotitlán de Méndez, en plena Sierra Norte de Puebla, más de 60 representantes de comunidades y organizaciones de esta región lanzaron la convocatoria para un diálogo nacional con el resto de comunidades del país que se oponen a la instalación de minas, presas, hidroeléctricas y ciudades rurales
Desde Zapotitlán de Méndez, en plena Sierra Norte de Puebla, más de 60 representantes de comunidades y organizaciones de esta región lanzaron la convocatoria para un diálogo nacional con el resto de comunidades del país que se oponen a la instalación de minas, presas, hidroeléctricas y ciudades rurales.
El objetivo es abrir diferentes mesas de diálogo para establecer, junto con la Federación, los estados y los municipios, un acuerdo de rechazo total a este tipo de proyectos.
El acuerdo fue suscrito por el comisionado de la Secretaría de Gobernación para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, así como por el senador de la República Manuel Bartlett Díaz y la diputada federal Roxana Luna Porquillo, quienes se dieron cita en el municipio y se presentaron ante cerca de mil pobladores hablantes de lenguas totonaca y náhuatl, que atestiguaron la firma y se comprometieron a formar una base de apoyo de defensa de la tierra y el agua.
El primer alcance que tuvo este acercamiento entre el gobierno federal y los habitantes serranos, que han rechazado a Grupo México, a la minera canadiense Almaden Minerals, a la minera Frisco –de Carlos Slim–, así como a inversionistas españoles, chinos y mexicanos, es la suspensión total de las consultas públicas que aplicaba la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la aprobación de ese tipo de proyectos.
Esta suspensión tiene ahora alcances nacionales y, a decir del representante federal, la Semarnat no podrá aplicar ninguna consulta sin la aprobación de las propias comunidades, en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, elevado a rango constitucional por la ratificación que hizo México sobre el respeto a los derechos de los pueblos originarios.
Raymundo García López, de la agrupación Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), subrayó las comunidades de los municipios de Huauchinango, Zacatlán, Tetela, Ixtacamaxtitlán, Olintla, Zapotitlán, Huehuetla, Nauzontla, Huitzilan, Zacapoaxtla, Teziutlán, Hueytamalco y Tlapacoyan –en el estado de Veracruz–, están enfrentando “al poder económico de las trasnacionales y a sus cómplices en el gobierno federal”.
Destacó la importancia de la convocatoria y de hacerla extensiva hacia otros poblados que padecen los mismos problemas en el resto del país, pues sólo es con alianzas y una lucha de años que se podrá defender el futuro de los serranos.
“Nuestra principal arma, legalmente hablando, es el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, subrayó.
En esa tesitura, exigió a la Federación que haga cumplir inmediatamente los acuerdos de San Andrés Larráinzar, a fin de que estos pueblos puedan gozar de autonomía absoluta.
En tanto, el senador por Puebla Manuel Bartlett Díaz afirmó que sólo por medio de la unidad de los indígenas y campesinos es como se podrá rechazar la venta de más de la mitad del territorio del país.
Afirmó que el Congreso de la Unión está “atado de manos” por “cuatro gatos” que obedecen a los intereses de las corporaciones trasnacionales, y que sólo dictan qué se debe aprobar por diputados federales y senadores, sin ningún tipo de discusión y sin ningún tipo de impedimento para que las trasnacionales puedan gozar de ventajas en el desarrollo de sus proyectos, sin pagar impuestos y sin dejar ningún tipo de beneficio para el país.
Criticó que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, se haya convertido en el principal promotor de la privatización del agua y la tierra en la Sierra Norte, ya que “ahora que se quedó sin madrina” –en alusión al encarcelamiento de la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo– “anda buscando en las empresas trasnacionales a un padrino para su proyecto presidencial”.
Finamente, Martínez Veloz subrayó que “ahora no es tan fácil” que las trasnacionales se apoderen del territorio mexicano “como ocurrió en los últimos 12 años” –refiriéndose a los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Subrayó que el actual marco jurídico del país, que eleva a rango constitucional los acuerdos firmados por México ante la Organización de las Naciones Unidas, y otras instancias internacionales, revalidan el derecho que tienen estos pueblos de ser escuchados y tomados en cuenta.
“El gobierno federal no apoyará ningún proyecto que atenta contra la ley”, aseveró Jaime Martínez Veloz quien aseguró que con la mesa de diálogo que se abrirá a nivel nacional con los pueblos, se abrirá un frente de lucha contra las trasnacionales. “No están solos. En el gobierno federal hay muchos como yo que comparten su lucha y sus anhelos”, afirmó.