San Miguel Ixtahuacán.
Con fecha 17 de junio del año 2011, cuando transcurrían las 10 de la mañana, vecinos de la comunidad de aldea Agel y Caserío Siete Platos nos informan que dentro de la mina, se estaba efectuando una descarga del Dique de Colas de la Mina Marlin.
A eso de las 11:00 horas nos constituimos en el lugar denominado puente madero donde pasa el riachuelo Ta’l Tqan Txinib’, al llegar pudimos observar que en el riachuelo corría agua enlodada, acompañada de un olor desagradable parecido al insecticida denominado Tamaron, y al acercarnos más, pudimos constatar que el agua llevaba un color parecido al aceite que brillaba.
Nos dirigimos a la entrada de la mina Marlin y los guardias de seguridad no nos dejaron entrar, nos preguntaron si llevábamos una orden de autoridades, dijimos que no, que íbamos en calidad de observadores de las comunidades, negándonos el paso. En ese momento, personal de la Comisión Pastoral de Paz y Ecología –COPAE- de la Diócesis de San Marcos salieron del área de la mina, y nos comentaron que efectivamente habían observado la descarga del dique de colas, pero que no les permitieron tomar fotos ni videos de la descarga, también comentaron que había personal del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio Publico y de la mina.
Por eso solo pudieron tomarse fotografías del agua enlodada y aceitosa con mal olor desde las afueras del área de la mina. El olor penetrante del agua nos ocasionó un fuerte dolor de cabeza y ardor en los ojos, por ello regresamos de manera inmediata, porque era insoportable el olor.
Hacemos del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, la comunidad nacional e internacional, que nuevamente se llevan a cabo actividades en nuestro territorio sin nuestro consentimiento previo, libre e informado. Las descargas del agua contaminada, son amenazas contra nuestra vida. Lamentamos la ausencia de la justicia. La mina Marlin continúa contaminando el Río Cuilco.
Dichas descargas contaminantes continúan pese a que hace un año, la CIDH otorgó Medidas Cautelares a dieciocho comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán pidiéndole al Estado de Guatemala que suspendiera las operaciones de la Mina Marlin, mientras resuelve sobre la demanda presentada. El Gobierno no ha cumplido las Medidas Cautelares, contaminando deliberadamente las fuentes de agua comunitarias.