Agencia Uno
Por Ladera Sur
15 de Septiembre, 2020
Científicos examinaron 1035 artículos periodísticos publicados entre 2004 y 2018, e identificaron 238 proyectos industriales, relacionados mayormente con minería y energía, que amenazan a los ecosistemas naturales y bienestar humano. El estudio, que reveló una disociación entre conservación biológica y políticas públicas, también generó un ranking con los 10 proyectos más conflictivos, siendo Pascua Lama el primero de la lista. Desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad nos cuentan los detalles a continuación.
Un verdadero mapeo y análisis de conflictos socioambientales a lo largo de Chile, que abarca 15 años de exploración, es el que realizó un equipo de ecólogos y estudiantes de postgrado de la Región de Coquimbo.
El estudio, publicado en la revista científica Environmental Science and Policy, analizó 1035 artículos periodísticos, divulgados entre 2004 y 2018, que abordaron esta temática. Utilizando como frase clave “conflicto ambiental”, los investigadores identificaron 238 proyectos industriales que aparecieron en artículos de prensa y que documentaban los conflictos surgidos entre éstos y las comunidades circundantes. Estos relatos, generalmente, involucraban zonas y población afectada por la contaminación generada por los proyectos -mayormente del área minera y energética-, o bien, abordaban la alarma ocasionada por iniciativas en vías de aprobación o ejecución.
©Cortesía Fundación Terram
La investigación, realizada por científicas y científicos del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, Universidad Católica del Norte (Coquimbo), Universidad de La Serena, y Núcleo Milenio ESMOI, buscó entender si estos proyectos constituían no sólo una amenaza al bienestar humano, sino también a la biodiversidad de nuestro país.
“En este trabajo, realizado con nuestro equipo de biología de la conservación, también quisimos ver si esas percepciones tenían una relación con las Áreas de Alto Valor para la Conservación en Chile (AAVC), es decir, áreas protegidas o lugares reconocidos por su alta biodiversidad. Y ahí estuvo la sorpresa. Vimos que uno de cada tres proyectos estaba dentro de éstas. Por otro lado, nos percatamos que la mayoría de los conflictos medioambientales se referían a zonas de sacrificios, donde las personas son directamente afectadas”, explica Francisco Squeo, investigador del IEB.
Termoeléctricas en Ventanas ©Claudia Pool
En ese contexto, el documento señala que los impactos directos e indirectos de las actividades industriales sobre la biodiversidad, afectan los sistemas naturales, generando destrucción de hábitat, el arribo de especies invasoras, enfermedades, contaminación y mayor liberación de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al cambio climático.
De acuerdo a ello, el trabajo también advierte la existencia de una disociación entre la actividad económica y los esfuerzos de conservación del país, lo que según los autores es un desafío fundamental a resolver.
Puntos críticos y top 10
Los proyectos pesquisados a través de la prensa -en curso, paralizados o considerados a futuro-, también fueron clasificados por sector productivo – 14 en total- y origen del financiamiento, nacional, internacional o mixto. Además, se estableció un ranking para definir las zonas de Chile con mayor presencia de proyectos en Áreas de Alto Valor para la Conservación. Asimismo, se determinó cuáles iniciativas productivas específicas eran las más mencionadas y divulgadas por los medios.
Salmonera (referencial) ©Gonzalo Zúñiga
Las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Los Lagos concentraron el mayor número de proyectos dentro de las Áreas de Alto Valor para la Conservación, seguido por las regiones del Bío Bío y la Araucanía. En tanto, se estableció que el polémico proyecto minero Pascua Lama -situado en Atacama y clausurado el año 2018 por la Superintendencia de Medioambiente-, era el número uno de lista, con un total de 68 artículos que lo mencionaban. Enseguida, se ubicó el proyecto minero-portuario Dominga, en la Región de Coquimbo, con un total de 65 apariciones.
Debajo de éste, se identificó a Hidroaysén, con 48 publicaciones, y luego los siguientes: Minera Los Pelambres (Coquimbo), Parque Industrial Quintero – Puchuncaví (Valparaíso), Mina Invierno (Magallanes), Planta de Cerdos Freirina (Atacama), Alto Maipo (RM), Planta Celulosa Valdivia (Los Ríos), y la Planta de tratamiento de residuos industriales de Til Til (RM).
Conflictos socioambientales por región – Gentileza IEB
“Tanto Pascua Lama como Hidroaysén son proyectos que se ubican en lugares más bien remotos. Sin embargo, éstos son percibidos por la comunidad como problemas ambientales serios. En el caso de Dominga, que es el único proyecto marino -terrestre, vemos que éste sí afecta directamente a la población que habita el territorio. Por otro lado, cuando cruzamos la información, también observamos que la presencia en medios de comunicación también es mayor cuando las iniciativas si se sitúan donde hay más cantidad de población, como es el caso de la Región Metropolitana y la de Valparaíso”, comenta el investigador del IEB.
Barrick Gold, con su proyecto minero Pascua Lama, ya tiene un historial en la destrucción de glaciares. ©www.elciudadano.com
¿Cuáles son las principales contribuciones que esperan lograr con esta investigación? Francisco Squeo señala que, pese a los esfuerzos y creación de estrategias y políticas medioambientales, como país aún no estamos cumpliendo con los estándares internacionales de conservación y que, en muchos casos, la compensación para ello es crear áreas de sacrificio, un tema altamente conflictivo. Es por ello que para el ecólogo, una de las alternativas es darle prioridad a las Áreas de Alto Valor para la Conservación que estén cercanas a zonas de conflictos socioambientales. “Pero para esto, es necesario que se puedan resolver esos conflictos”.
Los impactos en la biodiversidad
El estudio señala que la mayor cantidad de proyectos generadores de conflictos se ubicaron en la región de Antofagasta, con un total de 42, seguida por Valparaíso, con 36 proyectos. Ambas regiones estuvieron dominadas por conflictos de la industria energética y minera. Las regiones que siguieron con el mayor número, fueron Bío Bío y Los Lagos (9,5% cada una), la Metropolitana (9,2%) y Coquimbo (8,5%).
Del resto de los sectores productivos, se destacaron la pesca y la acuicultura, los puertos, las instalaciones de fabricación y las de saneamiento ambiental. También, se estableció que el 46% de los proyectos eran propiedad de empresas de capital chileno y que de éstos, el 77% era de origen privado.
En ese contexto, Squeo también destaca los conflictos medioambientales que afectan principalmente a población indígena del sur de Chile, asociados mayormente al sector forestal, y la instalación de plantas de celulosa.
Tala para plantación forestal ©Matías Barceló
Respecto al impacto de las actividades extractivas sobre la biodiversidad, el estudio explica que todas éstas generan algún tipo de residuo que no siempre recibe un tratamiento adecuado, siendo esta “basura”, una amenaza transversal tanto en ecosistemas terrestres como marinos. El sector energético, que incluye centrales térmicas e hidroeléctricas, afecta los ciclos migratorios de especies acuáticas y ocasiona la muerte de muchos organismos, debido a cambios de temperatura del agua u otros factores. Estas instalaciones también promueven la liberación de sustancias tóxicas al agua y la atmósfera, y facilitan el desarrollo de lluvias ácidas.
En tanto, la minería elimina especies de flora, degrada los suelos, y contamina aguas y glaciares con metales pesados y otras sustancias tóxicas, que también afectan la salud humana. El ruido de perforaciones y tronaduras también tiene efectos negativos, ya que puede ahuyentar a los animales y degradar hábitats.
Con todos estos antecedentes, los autores del estudio enfatizan en que la reducción de la deuda ambiental también requiere de la voluntad política para implementar soluciones adecuadas, a partir del análisis de los sistemas socioecológicos, y una eficaz gobernanza ambiental que incluya una mayor vigilancia, fiscalización y participación ciudadana. Todo esto, considerando la demanda ciudadana por el bienestar, el acceso equitativo a la naturaleza y sus servicios, y los valores intrínsecos de la biodiversidad.
Desarrollan mapeo de conflictos socioambientales en Chile y analizan su impacto en la biodiversidad