Trasnacionales y gobierno eludieron el debate en tanto docentes y autoridades de la facultad de ingeniería minera “prohibieron” que sus alumnos participen del encuentro. La ley de glaciares aprobada por el Congreso Nacional días antes, la instalación en el país del tema minero y su relación con la universidad, el avance de la ciudadanía sanjuanina exigiendo información y debate hicieron visible la herida abierta en gobernantes y secuaces de las corporaciones mineras. Los organizadores del foro Minería y Sociedad y las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan padecieron el acoso del lobby minero desde el momento en que esa casa de estudios decidió usar los fondos que Mina Alumbrera reparte a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para llevar a cabo el debate sobre una política extractiva que viene siendo cuestionada en gran parte del mundo y que en Latinoamérica ofrece feroz resistencia por los índices de contaminación y la metodología usada sobre territorios que devasta. Al mismo tiempo, algunos asambleístas y auto convocados decidieron participar del foro -que inicialmente aparecía tendencioso para ambas partes en puja, pero rechazando la asistencia económico de dineros provistos por la misma minería que se cuestiona.
En ese marco hubo dos días de deliberaciones y exposiciones con paneles, conferencias y mesas de trabajo. El sector minero centró su exposición en “Mitos y verdades sobre la actividad minera, residuos y diques de colas “controlados”, apelando a irracionales sentencias sobre la “inocuidad” del cianuro y a criterios indulgentes para evaluar la sustentabilidad minera”.
En el otro campo, el comienzo de las disertaciones era auspicioso: hubo dos que merecieron la atención y el reconocimiento del auditorio, la del mejicano Gian Carlo Delgado Ramos sobre una “América Latina, reserva estratégica minera de cara al consumo mundial y sus implicaciones socio ambientales” y la visión económica neoliberal, “recursos para el desarrollo”, de Nicolás Gutman. Siguieron luego exposiciones de conferencistas de distintas latitudes que aportaron las realidades del lugar. Fue el caso de Rodrigo Ruiz Rubio sobre la cuestión minera en el Perú, la Dra. Ana Isla que se refirió a la globalización de la minería canadiense, en tanto el “Tratado binacional argentino chileno” fue expuesto por el economista trasandino Julián Alcayaga.
El renombrado hidrogeólogo y geoquímico norteamericano Robert Moran, fue contundente en su ponencia sobre los impactos frecuentes de la minería metalífera relacionados con el agua. En un paneo fotográfico expuso muchísimos casos alrededor del mundo, de impacto ambiental irreversible y produjo definiciones concluyentes con preguntas posteriores acerca de qué ejemplos se pueden contabilizar donde la mega minería metalífera no haya producido trastornos ambientales. Gran parte del auditorio minero se había retirado del salón, imposibilitado para afrontar un debate con final anunciado.
Hubo ponencias que reflejaron el raquitismo intelectual, falacias expuestas en la mesa dedicada a “reflexiones sobre el papel que desempeña el periodismo” en la provincia de San Juan, en el marco del poder transnacional minero, conceptos que resultaron irrespetuosos e indignantes para una población que vive una de las censuras más agobiantes, sin libertad de expresión y sin poder ejercer los derechos constitucionales de plebiscitos o consultas populares, al mismo tiempo perseguida y judicializada.
En opinión del auditorio presente, el panel de “Minería y derechos ambientales” tuvo la trascendencia buscada y fue el que produjo un efecto inesperado. El principal medio de difusión, Diario de Cuyo, le dedicó dos páginas centrales y parte de la tapa, destacando la alocución, en título a tres columnas de “Rodríguez Pardo: La cordillera es de las transnacionales”, en el marco de su disertación, “Contaminación, diáspora y saqueo”.
El mismo matutino recogió la denuncia de Enrique Viale, de la Asociación de abogados ambientalistas, acerca de “las acciones mineras en poder del Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, de una firma que tiene como dirección legal la misma que la Barrick Gold.” Además de Rodrigo Rubio Ruiz, universitario peruano, el otro disertante de esa mesa minera fue Lino Pizzolón, de la Universidad Nacional de La Patagonia; el limnólogo chubutense, hizo énfasis en la contaminación de los diques de colas de la mega minería y a “la enorme ideología montada por las transnacionales del sector para justificar el saqueo”.
Para el Diario de Cuyo, “Un dato curioso y que no pasó inadvertido, es que al tratarse de un debate financiado con fondos que provienen de la gran minería metalífera –conclusión final del medio periodístico- es que tanto Rodríguez Pardo como Viale aclararon de antemano que los gastos del viaje y la estadía salió de sus bolsillos”.
En definitiva, el foro universitario Minería y Sociedad, convulsionó a la provincia de San Juan. Fue transmitido en forma directa por dos radios de amplio alcance: Radio Universidad de San Juan, y la emisora del Sindicato de Trabajadores Municipales, de manera ininterrumpida. También hubo numerosas notas y reportajes de una docena de radios, no así los canales de la televisión local, a los que el gobierno le prohibió informar. Una cadena de medios alternativos se sumó a la difusión, acompañada por documentalistas que filmaron y registraron un encuentro que resultó histórico en la región cuyana. La universidad publicará todos los trabajos y ponencias.
Para los organizadores fue significativo el derecho a réplica solicitado por Marcelo Rubén Bellini, ingeniero y vicedecano de la facultad de minería, para contestar a Javier Rodríguez Pardo que había aludido a su tesis de maestría “Degradación Microbiana de Cianuros”, temas de Metalurgia Extractiva, editada por esa misma casa de estudios en 2001. Dijo que “el ambientalista había sacado de contexto su posición en torno a la imposibilidad de destruir el cianuro en las colas de la minería”. Lo curioso es que el académico terminó repitiendo (admitiendo) lo mismo que negaba y que textualmente figura en su libro donde reconoce que “los cianuros son venenos” y que “las colas y efluentes derivados de las diferentes actividades mineras e industriales contienen cianuros, sulfocianuros y complejos metal cianuro, que son, particularmente estos dos últimos, de difícil eliminación por métodos fisicoquímicos comunes”, razón por la cual el autor apuesta al desarrollo de la actividad microbiana para destruir cianuros. Cabe agregar que la facultad de ingeniería se opuso desde el primer momento a participar del debate que propuso el foro, amenazando con reprimir a sus alumnos en caso de no acatar la resolución del decanato.
El acoso en la provincia de San Juan es constante y si bien el pueblo se acostumbró a vivir con el, no dejó de asombrar la denunciada efectuada, durante las deliberaciones en el rectorado de la universidad y ante los medios de difusión presentes, de la propietaria de la librería Piedra Libre, de la capital sanjuanina: la denunciante dijo que fue obligada por gente del gobierno local a retirar de la venta “el libro de Rodríguez Pardo, “Viene por el oro, vienen por todo”, y que tendrían la manera de clausurarle el negocio.”
Las jornadas cerraron el día 15 con la conferencia de Pedro Arrojo Agudo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Su investigación se centra en la “economía del agua”. Desde el 2009 dirige la exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Es miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro y del Comité MAB de Unesco. El disertante emocionó a los concurrentes por casi tres horas, con un relato que abarcó los conflictos del agua por todo el mundo y finalizó con la minería, el agua y los glaciares. Demás está decir cuál es su posición al respecto y la contundencia de su exposición. Pero su paso por este claustro universitario ha dejado una huella indeleble, lágrimas de optimismo porque el cambio de paradigma es posible.
“Vivimos en el Planeta Azul, el Planeta Agua, sin embargo mil cien millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable y unas diez mil mueren por ello cada día, en su mayoría niños. Es la crisis de insostenibilidad que hemos provocado por contaminación y destrucción de nuestros ríos y acuíferos” y –continuó Pedro Arrojo Agudo- “el control del agua suele ser usado como herramienta de poder. El agua, vinculada a valores emocionales y territoriales, es fácilmente manipulable, tanto en la confrontación política como incluso a la hora de justificar guerras”, estrategias militares que “usan pueblos como rehenes –afirmó Arrojo Agudo- imponiéndoles condiciones de vida inhumanas con un consumo limitado del agua.”
Creemos que haber participado del foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad de San Juan, fue un acierto. Se denunció a una minería en los mismos claustros universitarios en que opera la facultad que forma ingenieros para la devastación. Se denunciaron los fondos mineros que reparte el Consejo Universitario Nacional y que coopta académicos e instituciones intentando conformar los informes de impacto ambiental que proponen las transnacionales extractivas. El pueblo visibilizó el vacío argumental del lobby minero a la hora de debatir sobre contaminación, daño social y saqueo, y pudo juzgar a partir de estos hechos, probados públicamente, que el academicismo tecnocrático se retiraba de los debates, abandonaba el recinto de sesiones cuando se exponían pensamientos opuestos, y ante la evidencia de las conclusiones ofrecía argumentos falaces. El técnico minero caía en silencios, incapaz de réplica, y eso fue inimaginable días antes, cuando incluso se pensaba que gobernantes y transnacionales utilizarían la fuerza del poder para imponer sus propósitos.
Al día siguiente de las jornadas, la debilidad minera en el encuentro reaparecía en radios y medios de difusión pagados, denostando a conferencistas y a especialistas que cuestionaron una política que no reconoce que los bienes comunes deben ser garantizados como derechos humanos.
Quienes dudábamos de los alcances de este foro debemos admitir que ha provocado una apertura de nuevas opiniones contra la mega minería metalífera a cielo abierto, en una provincia cordillerana dominada por uno de los grupos gestores del latrocinio extractivo.