La multinacional minera Vale viene siendo acusada de promover un esquema de inteligencia para monitorear a personas y organizaciones que denuncian sistemáticamente violaciones de derechos cometidas por la empresa. Pruebas presentadas por el Ministerio Público dan cuenta de una operación montada por la mayor empresa minera de hierro del mundo, para organizar acciones de espionaje e infiltración en movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará y Maranhão. El caso llegó al Congreso Nacional y será el foco principal de una audiencia pública interactiva promovida por la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado Federal, este jueves 24 de octubre.
De acuerdo con informaciones de la Comisión, las denuncias de espionaje a dirigentes, movimientos sociales, periodistas y hasta inclusive a empleados de la empresa fueron realizadas el 18 de marzo de 2013, cuando el ex-funcionario del Departamento de Seguridad Empresarial de la Vale, André Luis Costa de Almeida, realizó una presentación en el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro (MPF-RJ) en contra de la empresa.
E-mails, planillas, fotos y facturas fiscales fueron presentadas como evidencias de que la Vale tomó las siguientes iniciativas: infiltración de agentes en movimientos sociales; pago de sobornos a funcionarios públicos de la Policía Federal y de órganos de la Justicia en San Pablo, con el objetivo de obtener información para «investigaciones internas”; quiebra del secreto bancario; acceso ilícito a informaciones reservadas de la Receta Federal y del sistema Infoseg (que reúne datos de seguridad pública de todo el país); y escuchas telefónicas y dossier de políticos y representantes de movimientos sociales.
Despedido en marzo de 2012, después de ocho años actuando en lo que él define como la central de espionaje de la Vale, Almeida afirma que líderes de la red Justicia en los Rieles (que actúa en defensa de las comunidades afectadas por la Ferrovía Carajás, de la Vale) y del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y los periodistas Lucio Flavio Pinto, del Jornal Pessoal, y Vera Durão, entonces del Valor Económico, están entre los blancos de espionaje realizado por la Vale. Según él, cualquier persona u organización que pudiera denunciar a la empresa minera, por las constantes violaciones de derechos que comete, podría convertirse en una víctima de estas condenables prácticas de la Vale. Las denuncias también revelan que tales prácticas se iniciaron ya, inclusive, cuando la compañía era estatal, se intensificaron en la gestión de Roger Agnelli (2001-2011) y fueron mantenidas por la gestión actual.
En julio de este año, una comisión de organizaciones sociales, entre ellas el MST y Justicia en los Rieles, pidieron formalmente la investigación de las denuncias a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros órganos del gobierno. «La presidente Dilma no escondió a nadie su profunda indignación en relación con el espionaje realizado por Estados Unidos y Canadá, y tomó varias medidas en el sentido de denunciar y combatir esta práctica, que ella misma calificó como violadora de los derechos humanos. Esperamos que ella adopte la misma postura ante el repulsivo espionaje practicado por la Vale. No es aceptable que el gobierno tenga dos pesos y dos medidas”, reclama Danilo Chammas, abogado de Justicia en los Rieles.
Ya confirmaron su participación en la Audiencia Pública: André Almeida (ex-funcionario de la empresa Vale S.A.); Gabriel Strautman, de Justicia Global; Javier Mujica, abogado de la Federación Internacional de Derechos Humanos; Don Guilherme Werlang, presidente de la Comisión Justicia y Paz, de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB); Igor Martini, coordinador nacional del Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos; y la procuradora Nayana Fadul, del Ministerio Público Federal de Pará (MPF-PA). Además de ellos, fueron invitados Marcelo Veiga, del Ministerio de Justicia, un representante de la Agencia Brasilera de Inteligencia (Abin) y la propia Vale. Sin embargo, estos últimos todavía no respondieron a la invitación de la Comisión de Derechos Humanos de Legislación Participativa del Senado Federal.
En 2012, la Vale ganó el premio Public Eye People’s Award, una especie de Oscar de la Vergüenza, al ser la más votada por internautas de todo el mundo como la peor empresa del planeta. La premiación fue realizada por las ONGs Greenpeace y Declaración de Berna y, según estas organizaciones, lo que llevó a la Vale a ganar el premio fueron las repetidas violaciones de derechos humanos, condiciones inhumanas de trabajo, pillaje del patrimonio público y la explotación cruel de la naturaleza, que caracteriza su actuación agresiva en Brasil y en los otros 38 países en que opera. «Hay un acumulación de graves denuncias contra la Vale en las que el Estado brasilero nunca tomó las actitudes necesarias. Ahora, además de una contundente investigación sobre estas denuncias de espionaje e infiltración, exigimos que la Vale sea responsabilizada por las violaciones de derechos, como el acceso a datos cuya prerrogativa es sólo de agentes del Estado”, afirma Gabriel Strautman, de la organización de derechos humanos Justicia Global.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com