La contaminación de los ríos de la provincia Sánchez Ramírez comienza afectar la salud de cientos de personas enclavadas en comunidades cercanas a la minera Barrick Gold. Algunos niños y ancianos presentan herpes o llagas, como las afecciones piel más común por los daños causados a las aguas de los ríos El Yagal y Maguaca.
Ante la problemática, campesinos exigen su reubicación a lugares donde puedan trabajar la tierra, sin que se vean afectados por los daños que está causando, debido al desborde de la presa de cola que retiene los residuos mineros de la Barrick Gold.
Dicen que la minera aprovecha las lluvias y en horas nocturnas coloca bombas clandestinas para desaguar dicha presa.
Para aclarar el agua echan cal para ocultar que se vean los residuos que arrojan a los ríos que están en la parte baja.
Ramón Ventura, comunitario de Pueblo Viejo, dice que son muchos los menores que al hacer contacto con las contaminadas aguas, luego resultan con afecciones de la piel.
La presa de cola de El Yagal-Pueblo Viejo, fue levantada por la minera de capital canadiense para arrojar los desperdicios derivados de la separación de los metales.
“La contaminación de los ríos es de tal magnitud que no podemos utilizar el agua del río, y para el consumo humano cada familia recibe tres botellones a la semana”, apunta Ventura al ser entrevistado por periodistas.
Entre los síntomas más comunes causados por estas enfermedades están las llagas en la piel, frecuentes dolores de cabeza, fiebre y mareo.
En tanto que ambientalistas reclaman del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervenir para impedir que continúen dañando los ríos de esa provincia.
Dicen que en los últimos días, se ha notado una mayor presencia de elementos contaminantes en el aire, en las aguas y en los productos que consumen la gente.
A los daños ambientales se suman las consecuencias de sentir operar una minera.
Algunos siquiera pueden dormir, pues el ruido del martilleo de las maquinarias por noches lo dificulta pegar un ojo.
Los campesinos de esa zona proponen ser indemnizados económicamente debido a que los daños a los afluentes les impiden realizar labores agrícolas o ganaderas.