Con la idea de establecer las responsabilidades de los Estados de origen en la violación de Derechos Humanos que cometen sus empresas en países latinoamericanos, 30 organizaciones de diferentes países, solicitaron una audiencia que fue concedida recientemente por la OEA. Sebastián Cruz, integrante de la Comunidad indígena Patai Co, opositora al proyecto Pascua Lama en el valle del Huasco, presentará las principales irregularidades del conflicto con la transnacional canadiense Barrick Gold y la responsabilidad de Canadá de favorecer a la industria minera en Chile, pero sin promover con el mismo ímpetu el respeto ni la defensa de los derechos humanos por parte de sus empresas.
Este viernes 1 de noviembre se llevará a cabo la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se titula: Situación de derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas. Esto será en el marco del 149º período de sesiones de la CIDH, en Washington D.C., Estados Unidos.
En esta audiencia se presentará el impacto de la actividad minera en los derechos humanos y se resaltará el rol de los Estados de origen de las empresas transnacionales en la protección de los derechos humanos en el marco de la actividad minera en la región. Se utilizarán como ejemplos los casos de Brasil y Canadá (cabe mencionar que el 80% de la actividad minera en América Latina es desarrollada por empresas canadienses). Asimismo, se discutirá la actuación de las empresas mineras y el impacto que esta tiene en la vigencia de los derechos humanos en Latinoamérica.
Si bien, el impacto de las industrias extractivas en los derechos humanos ha sido un tema de preocupación de la CIDH, esta será la primera vez que en la Comisión se discutirá sobre la responsabilidad que tienen los Estados de origen de las empresas sobre las actividades de estas corporaciones. En el caso de Canadá, las ha apoyado directamente a través de diversos mecanismos, lo que ha redundado en una sistemática violación de los derechos humanos fundamentales de las comunidades aledañas a proyectos mineros como Pascua Lama. (Argumentos, organizaciones y casos, ver más abajo)
Hasta ahora las discusiones habían girado en torno a la responsabilidad de los Estados “anfitriones” –los que permiten que las empresas extranjeras vulneren los derechos humanos de los habitantes de sus países–, pero muy poco se ha hablado de la responsabilidad que tienen los Estados de donde provienen estas empresas: “Estados de origen” o “home states”. Según los peticionarios de esta audiencia, deben responder también por estos hechos.
La audiencia se transmitirá en vivo a través del canal web de la OEA aquí
Fecha: 1 de noviembre de 2013
Hora: 15:15 hrs (EE.UU.)
16:15 hrs (Chile)
De ser necesaria mayor información sobre esta audiencia o concertar una entrevista con alguno de los participantes de la misma por favor ponerse en contacto con:
Sebastián Cruz, Comunidad Indígena Patai Co – ru.cruzz@gmail.com (EE.UU.)
Lucio Cuenca, Director OLCA, 56-9-92402706
Grace Durance (EE.UU), Fundación para el Debido Proceso gdurante@dplf.org – (202) 462 7701
http://dplf.org/es/news/proximo-evento-dplf-participara-en-audiencias-frente-la-comision-interamericana-de-derechos
Comunicaciones OLCA
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Alonso Ovalle 1618 A, Santiago, Chile.
Argumentos para solicitar la Audiencia
En base a tres puntos se establece esta solicitud regional latinoamericana a la CIDH:
– La intervención de representantes del gobierno de Canadá en la elaboración y/o modificación de leyes nacionales sobre minería y asuntos ambientales en varios de los países analizados, lo que contrasta con la falta de participación de las comunidades afectadas por la minería en los procesos de reforma o adopción de leyes o de concesión o revocatoria de concesiones mineras. Aunque es un tema con muchas aristas, esta audiencia quiere llamar la atención sobre este aspecto y promover la discusión sobre los alcances y límites tanto legales como éticos de este tipo de intervención.
– No solo la falta de controles por parte de los Estados de Origen de las empresas darían los argumentos para haber solicitado esta audiencia, sino también, y lo que es más grave, es que en el caso de Canadá y Brasil, éstos Estados han sido informados de las violaciones a los derechos humanos por parte de sus empresas y no han realizado acciones tendientes a frenarlas.
En el caso de Canadá, las violaciones de derechos humanos no han incidido para que el Estado les exija a las empresas que cumplan con las normas de derechos humanos antes de seguir apoyándolas económica y políticamente.
– Las víctimas de estas violaciones no encuentran mecanismos adecuados para canalizar sus denuncias y reclamos en los países de origen de las empresas. Además, usualmente no obtienen respuesta en sus países. En el caso de Canadá, ni las cortes civiles ni las penales cuentan con mecanismos para dar respuesta a los reclamos de las víctimas. Algunas acciones tomadas por el Estado, como la realización de consultas multisectoriales y mesas redondas, han resultado insuficientes. Es necesario crear mecanismos efectivos de acceso a la justicia para las víctimas de este tipo de afectaciones. El sistema interamericano por su naturaleza, puede jugar un rol clave en el diseño y promoción de estos mecanismos, no solo en los Estados donde estas afectaciones ocurren, sino en aquellos de origen de las empresas.
La audiencia fue solicitada por el “Grupo de Trabajo sobre Minería en América Latina” en el que participan Red de Asistencia Jurídica contra la mega minería –REDAJ– (Argentina), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los DH –FOCO– (Argentina), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA– (Chile), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR– (Colombia), Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –CAHUCOPANA– (Colombia), Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay –FOA– (Ecuador), Periódico Intag (Ecuador), Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay –UNAGUA– (Ecuador), Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (El Salvador), Comisión Pastoral Paz y Ecología de la Diócesis de San Marcos –COPAE– (Guatemala), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario –CEHPRODEC– (Honduras), Asamblea Nacional de Afectados Ambientales –ANAA– (México), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (México), Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (México), Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria –CRAC-PC– (México), Frente de Defensa Wirikuta (México), Organización Campesina Emiliano Zapata (México), Pro San Luis Ecológico (México), Centro de Incidencia Ambiental –CIAM– (Panamá), Comité Pro‐Cierre de Mina Petaquilla (Panamá), Comité Pro‐Defensa de Donoso (Panamá), Coordinadora Campesina por la Vida (Panamá), Servicio Paz y Justicia –SERPAI– (Panamá), Asociación de Defensa de la Tierra, El Agua, La vida y el Medio Ambiente de los caseríos afectados por el Proyecto Minero Huaquillas S.AC. Distrito y Provincia San Ignacio, Cajamarca (Perú), Asociación Marianista de Acción Social –AMAS– (Perú), Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio, Cajamarca (Perú), Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH) del Arzobispado de Huancayo (Perú), Red Agua, Desarrollo y Democracia –REDAD– (Perú), Red Muqui (Perú), Vicaría del Medio Ambiente –VIMA– del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier de Jaén (Perú).
Participarán en la Audiencia este 1 de noviembre la jurista colombiana Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR; Pedro Landa, del Centro de Promoción y Desarrollo de Honduras, CEPRODEH, (Honduras); Nilton Velazco, de la Pastoral Social de Dignidad Humana (Perú); Alexandra Montgomery, en representación de Justicia Global y de la Red Internacional de los Afectados por la Vale (Brasil); Sebastián Cruz, integrante de la Comunidad Indígena Patai Co, valle del Huasco (Chile) y Katya Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso (Washington, DC).
Los proyectos mineros que fundamentan la petición de audiencia son: Bajo la Alumbrera de Gold Corp, en Argentina; proyectos Frontino, Mazamorras y Marmato de Gran Colombia Gold Corp, Angostura, de Eco Oro (antes Greystar), Támesis de Solvista Gold Corp, San Lucas de San Lucas Gold Corp, Colombia; proyecto Quimsacocha de Iamgold e Intag de Codelco en Ecuador; Pacific Rim de Pacific Rim Mining Corp en El Salvador; Mina Marlin de Goldcorp Inc en Guatemala; Entre Mares de Gold Corp Inc. en Honduras; Cerro de San Pedro de New Gold Inc y Caballo Blanco de Gold Group Mining Inc, Wirikuta de First Majestic Silver Corp y San José del Progreso de Fortuna Silver Mines Inc., San Javier de Camsim Minas S.A., y Blackfire de Blackfire Exploration Ltda. en México; Molejón o Petaquilla de Petaquilla Minerals Ltd en Panamá; y Proyectos Lagunas Norte de Barrick Gold, Mantaron de Stonegate Agricom Ltd., Río Tabaconas de Golden Alliance Resources, y Las Huaquillas de Inca One Resources en Perú; y Pascua Lama, de Barrick Gold contemplando a Argentina y Chile.
Comunicaciones OLCA.