29/10/2010
Washington, 28 oct (EFE).- Grupos indígenas presentaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tres casos de «contaminación e impunidad» de proyectos mineros en la región andina de Bolivia, Perú y Colombia.
Como parte del 140 período de sesiones, el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinó estos casos que se unen a los presentados por grupos ecologistas de Centroamérica y México el lunes en otra audiencia también sobre minería.
Con fotografías de animales enfermos y ríos contaminados, y apelando a sentencias judiciales y el derecho internacional, los activistas expusieron los casos de la Minera Caudalosa (Huancavelica, Perú), el proyecto minero Corocoro (La Paz, Bolivia) y la Muriel Mining Corporation, en la frontera de Chocó y Antioquia, Colombia.
En el caso de Perú, Carlos Candiotti, del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Angares, denunció que el derrame de zinc, cobre, plomo, cianuro y otros metales ha causado «el daño más grave» de la historia de sus tierras.
Según Candiotti, las aguas están «envenenadas», los animales «no tienen donde beber», «las plantas se están secando» y niños y adultos enferman más frecuentemente desde que ocurrió este desastre ecológico hace tres meses.
Según su organización, al menos 22.815 metros cúbicos de esos metales han contaminado los ríos Escalera, Tororapampa, Huachocolpa, Opamayo, Cicra y Urubamba, que desembocan en el río Mantaro.
En cuanto al proyecto boliviano de Corocoro, la delegación indígena denunció la contaminación de dos ríos tributarios del río Desaguadero, que ha afectado a comunidades del Jacha Suyu Pakajaqi, territorio ancestral de los Ayllus Aymaras.
«El agua es un ser vivo que ha permitido por años que se renueve nuestra vida. Ustedes no pueden permitir que nos priven del agua. Es por eso que hemos venido. Nuestro pueblo tiene sus esperanzas en ustedes», expresó Candiotti.
Sobre Colombia, Javier Sánchez, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), expuso cómo las actividades de la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation, «han golpeado» el pueblo Embera y su «territorio sagrado».
«Ha habido siete intentos de suicidio en el área y un bombardeo el 30 de mayo que supuestamente iba dirigido a paramilitares ha dejado parapléjico a un adulto y sin oído a un niño», aseguró.
Las denuncias coinciden con un momento de auge de la industria minera en Latinoamérica, que se ha recuperado con mayor impulso que otros sectores de la región y ha avanzado con más proyectos de exploración y compra de proyectos mineros, según el Banco Mundial.
Esa expansión choca con las reivindicaciones de pueblos indígenas que exigen que se les consulte antes de cualquier intervención en su territorio, de acuerdo con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y declaraciones de las Naciones Unidas.
La CIDH prepara un informe sobre tierras, recursos, consulta previa y otros temas que afectan a pueblos indígenas en las Américas, que será presentado en los próximos meses, según dijo a EFE la relatora Dinah Shelton.