Ciudad de México.- La Jornada Nacional por una Nueva Ley Minera desde los Pueblos y Movimientos denunció la contaminación de territorios y ruptura del tejido social por parte de empresas trasnacionales, principalmente canadienses, además de las prácticas depredadoras que les han costado la vida a los defensores de esos territorios.
Participantes como la coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca (Copuvo); Medio Ambiente y Sociedad de Baja California Sur; Lavida de Veracruz; Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones Mineras de Metales preciosos; Tetela hacia el Futuro, de Puebla y Pro San Luis Ecológico (Frente Amplio Opositor a la New Gold Minera San Xavier FAO) de San Luis Potosí, expusieron la necesidad de un proyecto para una nueva Ley Minera.
Añadieron que han sido víctimas de hostigamiento, que han resistido por más de diez años, bajo el amparo de los derechos humanos reconocidos en la constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
En el evento llevado a cabo en Paseo de la Reforma, destacaron que la actividad minera deje de ser preferente por encima de otras actividades. Lo predominante son el cabal respeto a los derechos
humanos.
Además que se establezca la participación de los pueblos originarios, a través de la consulta para obtener el consentimiento, vinculante, previo, libre, informado y culturalmente adecuado.
Los demandantes pidieron que se establezca y regule la obtención de licencia social a través de los procedimientos y consulta o participación para los siguientes supuestos: Concesiones para exploración minera; Concesiones para explotación y beneficio minero; las asignaciones para exploración minera que custodia el Servicio Geológico Mexicano; Las prórrogas a concesiones para explotación y beneficio minero, entre otros supuestos.
Pidieron que se establezca todo un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas, que incluye un verdadero derecho de acceso preferente los recursos naturales presentes dentro de su territorio.
Que se separen las concesiones de exploración de las de explotación y beneficio minero y se establezcan plazos no mayores a 20 años prorrogables para la duración de una concesión de explotación y beneficio.
Dejaron en claro que se prohíba el otorgamiento de concesiones: áreas naturales protegidas y equivalentes; monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas para la economía o cultura de los pueblos; para proyectos de explotación por tajo a cielo abierto o por tumbe y relleno; en pocitos de carbón, en actividades de beneficio que utilicen cianuro de sodio, mercurio u otras sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, entre otras.
Que se anulen las cláusulas de confidencialidad que ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado, en ese sentido, propusieron generar informes adicionales que debe presentar la empresa a la Secretaría de Economía.