Operadores mineros y Policía Nacional del Perú han firmado durante los últimos años convenios que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública socavando el monopolio del uso de la fuerza por el Estado. Constituyendo una práctica similar al mercenarismo. Así lo muestra un informe publicado hoy por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y GRUFIDES (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible).
El informe además muestra como estos convenios lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como lo muestran los conflictos con la minera Yanacocha en la región Cajamarca y con la minera de cobre Xtrata Tintaya en Espinar (Cuzco). En ambos conflictos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, en ambos casos existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.
Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras. Exigiendo al gobierno peruano respetar los derechos de la población y garantizar su protección. Los autores del informe demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.
La colaboración de la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras está en contradicción con las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como para los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas Naciones Unidas. Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual que la empresa Xtrata Tintaya comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.
Los autores del informe requieren que los Estados mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y la creación de un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas al respeto de los derechos humanos y ambientales. En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country) pudiendo reclamar sus derechos en ambos territorios.
Este informe será presentado el día de hoy en Ginebra en el marco de las reuniones de Naciones Unidas.