COLIMA, Col. (apro).- Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos demandaron la adopción de medidas cautelares para prevenir daños irreparables a la población indígena nahua otomí que reside en comunidades de la Sierra de Manantlán, en la zona de conflicto limítrofe territorial entre los estados de Colima y Jalisco.
Los poblados afectados –entre ellos Puertecito de las Parotas, El Mameyito, Rancho Quemado, La Piedra y Los Potros– han sufrido daños derivados del funcionamiento de la minera Peña Colorada, además de que sus habitantes son presionados y acosados para que abandonen los terrenos que rentó el ejido Ayotitlán a la empresa para que deposite ahí sus desechos.
La queja fue presentada este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima (CDHEC) por integrantes del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco, que preside J. Jesús Hermenegildo García, y de la organización Bios Iguana, encabezada por Esperanza Salazar Zenil y Gabriel Martínez Campos, ambas agrupaciones pertenecientes a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
En conferencia de prensa, después de presentar la queja ante el organismo humanitario, Salazar Zenil comentó que desde la instalación de la minera Peña Colorada, en los años sesenta, han sido asesinados en la región alrededor de 35 campesinos que luchaban por los derechos de sus pueblos y exigían la protección del ambiente.
El pasado 22 de mayo, refirió, el agente del Ministerio Público de Cuautitlán, Jalisco, citó a los campesinos indígenas Federico Deniz Gerardo, José Luis, Antonio y Jesús Ramos Gerardo, quienes fueron acusados de despojo y daño en las cosas por el comisariado ejidal de Ayotitlán, debido a que se negaron a abandonar las tierras arrendadas a Peña Colorada.
Dijo que en septiembre del año pasado las comunidades nahuas ubicadas en esa zona fueron víctimas de un desastre industrial, luego de que colapsaron tres cortinas de retención de desechos tóxicos construidas por la empresa minera, lo que generó una avalancha de lodo, piedras y residuos minerales, que se precipitaron a la cuenca del Río Marabasco.
Este siniestro, abundó Esperanza Salazar, dañó además caminos, manantiales y animales de otras comunidades como San Antonio, Changavilán, Las Maderas y La Piedra, con una afectación directa e indirecta de aproximadamente 450 familias.
Gabriel Martínez, por su parte, explicó que acudieron a solicitar medidas cautelares para proteger a estos pueblos con base en lo dispuesto en la Constitución General de la República y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionado este último con la defensa de los pueblos indígenas y sus territorios.
Indicó que a pesar de que en 1995 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a los gobiernos de Jalisco y Colima para que mientras se resuelve el conflicto limítrofe se coordinen en esa zona para garantizar la prestación de servicios públicos fundamentales, 18 años después esto no se ha cumplido.
De su lado, el presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, informó que después de darle entrada a la queja, se emitirán las medidas cautelares correspondientes y se remitirán las actuaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dado que la queja fue formulada contra dependencias federales como la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otras.
“No se puede exponer a ningún ser humano, colimense, mexicano o extranjero, a que sufra una violación de los derechos humanos, por lo que tenemos que dar la respuesta inmediata como lo requieren, como lo demandan y como lo ordena el mandato constitucional”, concluyó Chapula de la Mora.