La campaña pretende demoler. Buscan dañar honras personales e institucionales. Muchas cosas se dicen sobre lo que viene ocurriendo en el valle del Tambo y el conflicto en contra del proyecto minero Tía María: se dice que se ha desatado el terror en la zona; que salen por las calles con cánticos que anuncian que “van a beber sangre de policía”; que son terroristas anti mineros; que los organismos no gubernamentales son los culpables de todo; que reciben millones de dólares; que Marco Arana es Abimael Guzmán y cuantas cosas más. El cielo es el límite.
Varios medios de comunicación propalan este tipo de mensajes y se prestan para seguir presentando la caricatura del conflicto que les conviene presentar. Allí están los periodistas con los programas y los analistas de siempre. Son funcionales al montaje que se pretende hacer en contra de la población del valle del Tambo, como ha quedado demostrado en un video que está dando la vuelta al mundo y que muestra a un policía sembrando una suerte de arma punzocortante (verduguillo) a un poblador y que fue difundido por el diario Correo como otra “evidencia” del terror y la violencia de los manifestantes.
Cecilia Blume, la lobista de empresas que llama a ministros para pedir favores, ha escrito que escuchó el audio de una supuesta marcha en Cocachacra con frases como “tomaremos sangre de tombo”, “violaremos a sus mujeres” y “comeremos a sus hijos”. Dice que ha verificado la autenticidad del audio aunque no presenta una sola prueba de un audio que no tiene ni si quiera video.
Lo cierto es que todo apunta a lo mismo y lleva el mismo mensaje: se pretende mostrar que el conflicto alrededor del proyecto Tía María está infestado de terroristas y que por supuesto la solución es mano dura, poner orden, desterrar, reprimir y encarcelar a todos los que protestan. Nadie puede pensar distinto porque o se es terrorista o se es tonto útil de los terroristas.
Sin embargo, la mentira tiene patas cortas y no han podido evitar que las patrañas armadas salgan a la luz. Allí está el video de la policía sembrando “evidencia” a Antonio Coasaca, poblador del valle del Tambo; o la muerte por herida de bala del poblador Victoriano Huayna Nina, pese a que el general Luis Blanco, responsable en la zona, había asegurado que no utilizaban armas de fuego. Tampoco pueden mostrar cuáles son los organismos no gubernamentales que trabajan en Islay, porque la realidad es que no hay una sola institución que trabaje de manera sostenida en esa provincia arequipeña y no existen los millones de dólares que han fabricado.
El conflicto en el valle del Tambo tiene bases objetivas que lo explican: la población se opone desde mediados de la década pasada a un proyecto que amenaza seriamente sus formas de vida y su actividad principal, la agricultura; los procedimientos de aprobación de los proyectos mineros carecen de credibilidad, peor aún con los últimos cambios normativos que han buscado acelerarlos y debilitan el rol del Estado y, la empresa Southern se ha ganado a pulso la desconfianza de la población.
También se pretende decir que en el valle del Tambo hay una mayoría silenciosa que está siendo sometida por una minoría que protesta, se moviliza, amedrenta y paraliza. Para los que tengan alguna duda sobre cuál es la opinión mayoritaria de la población sobre el proyecto Tía María no estaría demás una consulta ciudadana.
Mientras tanto que revisen la encuesta de la empresa GFK que publicó La República en su edición del domingo 26 de abril: 51% de los encuestados a nivel nacional opinan que “los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para evitar eso no son suficientes”. ¿Cómo han podido los organismos ambientalistas manipular a la opinión pública nacional? No saben, no opinan.