El 19 de noviembre, los ciudadanos de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara asistieron a Coracora para recibir a la premier Mirtha Vásquez.
Foto: Presidencia del Consejo de Ministros
28 Noviembre, 2021
La firma del Acta de Coracora, hace poco más de una semana, marcó el inicio de una etapa clave en el conflicto alrededor de cuatro unidades mineras al sur de Ayacucho. Por un lado, las compañías que operan estas minas hace más de una década, y cuyos beneficiarios finales son empresas offshore en la mayoría de los casos, buscan postergar la fecha de cierre de sus operaciones, amparados en la normativa vigente. Por otro, los dirigentes locales reclaman el cierre definitivo de estos proyectos, pues informes oficiales de la Dirección Regional de Salud y otras entidades supervisoras han detectado altos niveles de metales pesados en el agua de consumo humano. En el medio, la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad que no tiene facultades para intervenir en los Planes de Cierre de Minas, ha hecho declaraciones contradictorias en menos de una semana.
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El 25 de noviembre, mientras el Congreso presentaba una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo en la capital peruana, los ayacuchanos Enrique Acharte Guerrero, Julio Guillermo Gutiérrez y Margarita Gutiérrez Tejeda coordinaban ─a través de un chat grupal─ una respuesta al último comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre el plan de cierre de cuatro minas en sus localidades, que son operadas por las compañías Hochschild, Aruntani y SAMI. Los tres presiden los frentes de defensa de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, respectivamente, y han sido protagonistas del conflicto social de Ayacucho.
Una semana antes, el viernes 19 de noviembre, dichos dirigentes firmaron el Acta de Coracora con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vasquez Chuquilín, y otras autoridades del Ejecutivo, como el viceministro de Minas, Jorge Chavez Cresta, y el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro Sánchez-Moreno. En dicho documento, el Gobierno central se comprometía a “negociar los plazos y términos del retiro y cierre” de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa, en Ayacucho.
El acta fue el resultado de una década de demandas y conflictos, acentuados durante los últimos meses, en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Los dirigentes y alcaldes solicitan –aunque la ley permite a las empresas pedir una ampliación– no extender la fecha de cierre de las minas Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa, ubicadas en cabeceras de cuenca del sur de Ayacucho. Los líderes locales responsabilizan a las compañías de la presencia de metales pesados en el agua de consumo humano, un problema que la Dirección de Salud de Ayacucho y otras entidades supervisoras, han identificado en algunas muestras.
Fotografía de la premier Mirtha Vásquez descendiendo de un helicóptero en Ayacucho.
ARRIBO. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, lideró una comitiva del Ejecutivo, que firmó la denominada Acta de Coracora.
Foto: PCM
En diferentes momentos el Frente de Defensa de Paucar del Sara Sara ha solicitado, a través de diversos escritos enviados en octubre al Ejecutivo y al Congreso, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declare a las cabeceras de las cuencas Yauca, Acarí y Ocoña y a las cuencas Chala, Chaparra, Atico y Caravelí ─próximas a la explotación minera─ como zonas intangibles. Si obtienen esta condición, según la ley, no se podrá otorgar ningún derecho de uso del agua sobre estos recursos.
El Acta de Coracora comprometió a la ANA y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a que realicen, en el primer caso, la zonificación y evaluación de las cabeceras de cuenca alrededor de las unidades mineras y, en el segundo, a llevar adelante una evaluación ambiental de causalidad, para detectar si existe alguna relación entre las operaciones mineras y los altos niveles de metales pesados detectados en el agua.
Luego de ambos compromisos, el acta puso énfasis en el Plan de Cierre de las minas. “No habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración; vamos a exigirle que terminen y cierren, lo más inmediato posible [las cuatro unidades mineras]”, dijo Vásquez, durante el evento que culminó con la firma del documento. El anuncio provocó el rechazo unánime de los gremios empresariales. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) —que integra Hochschild a través de la Compañía Minera Ares— señaló que la presidenta del Consejo de Ministros estaba “pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley”.
Lo expresado por la SNMPE fue una clara referencia a la normativa vigente: solo el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es el encargado de aprobar los Planes de Cierre de Minas y sus actualizaciones. A la SNMPE se sumaron duras críticas de la Asociación Empresarial IPAE, la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales del Perú, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), y la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).
Fotografía entre miembros de la SNMPE y la PCM.
CAMBIOS. La premier Mirtha Vásquez se reunió con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), antes de cambiar su postura sobre el cierre de minas.
Foto: Presidencia del Consejo de Ministros
Luego de ese fin de semana, el lunes 22 de noviembre, la bolsa de valores de Londres despertó con el colapso de las acciones de Hochschild, que opera las unidades mineras Inmaculada y Pallancata, con cifras a la baja de hasta un 27%. Ese mismo día, la Comisión de Energía y Minas del Congreso cursó una invitación a la premier para que responda sobre el conflicto en Ayacucho. Desde su sede en Londres, Hochschild emitió un comunicado en el que aseguró que defendería su posición y no dudaría en tomar las acciones necesarias para que “se respeten los derechos de la compañía y sus subsidiarias en el marco de la ley peruana e internacional”.
En una semana el panorama político nuevamente se había convulsionado en el país. El impacto de tal magnitud que el 24 de noviembre, la PCM tuvo que precisar su postura inicial y aseguró, a través de otro comunicado, que las empresas a cargo de las unidades mineras podían “solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones”, según la normativa. Este último anuncio se emitió luego de una sesión del gobierno con la SNMPE, el 22 de noviembre último en Palacio de Gobierno.
El proceso legal de las unidades mineras
El conflicto social en Ayacucho tiene como escenario cuatro unidades mineras de oro y plata: Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa. Las dos primeras son operadas por la Compañía Minera Ares, del Grupo Hochschild. Hasta el 2013, ambas eran administradas por este grupo e International Minerals Corporation (IMZ). Sin embargo, hace ocho años Hochschild compró el 60% de participación que estaba en manos de la minera estadounidense y quedó como único accionista. Según el portal de este conglomerado, la mina subterránea Inmaculada incluye 40 concesiones de 20.000 hectáreas en total y, a 112 kilómetros de allí, se encuentra Pallancata, otra operación minera subterránea.
Apumayo, por su parte, es propiedad de la empresa del mismo nombre: Apumayo S. A. C., que es parte del Grupo Aruntani. Breapampa, en cambio, fue operada por la Compañía de Minas Buenaventura, controlada por la familia del empresario peruano Roque Benavides Ganoza, entre los años 2012 y 2015. Dos años después, esta unidad minera fue adquirida por South America Mining Investments SAC (SAMI), una compañía peruana fundada por dos empresas offshore, a través de abogadas del Estudio Olaechea.
Composición fotográfica, donde aparece la sede ed la offshore de Eduardo Hochschild en las Islas Caimán, y una foto aérea de la mina Inmaculada.
DUEÑA. El cuarto piso de un edificio en las Islas Caimán (arriba) es sede de una offshore que controla el Grupo Hochschild, operadora de la mina Inmaculada en Perú (abajo).
Fotos: Google Maps / Hochschild
La normativa peruana indica que todo proyecto grande debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), donde se identifican los posibles impactos negativos en la población y el ambiente, antes de la ejecución de la inversión, en la denominada etapa de factibilidad. Hasta 2012, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobaba los EIA de inversiones mineras. Sin embargo, desde entonces, las empresas deben entregar este documento al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace). Los EIA originales de Pallancata (2007), Breapampa (2011), Apumayo (2011) e Inmaculada (2012) fueron aprobados por la autoridad previa.
Una vez que presentan sus EIA, los titulares de inversiones mineras tienen un plazo máximo de un año para remitir un Plan de Cierre de Minas, que incluye medidas para cesar las operaciones y rehabilitar las áreas afectadas por la explotación. Este documento se presenta antes del inicio de la operación de la mina, y es aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) con la evaluación financiera de la Dirección General de Minería (DGM), ambas adscritas al Minem.
El documento del Plan de Cierre de Minas contempla tres momentos: un cierre progresivo —en el cuál se van clausurando algunos componentes del complejo minero, de manera simultánea a la producción—, un cierre final —cuando se concluyen de manera definitiva las actividades de la mina—, y una etapa de post cierre —que incluye el monitoreo a la operación clausurada y la rehabilitación de las áreas afectadas, así como el confinamiento y tratamiento de cualquier residuo minero que haya dejado la operación en la zona—.
“El Plan de Cierre busca evitar lo que tenemos en todo el Perú: empresas que cerraban sus operaciones y se iban del país, pero sin ningún mecanismo de seguimiento a sus pasivos ambientales […], aunque tener un plan de cierre no significa que la mina va a cerrar”, explicó la directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Isabel Calle Valladares a OjoPúblico, y agregó que “tenemos que respetar las mismas herramientas e instituciones que hemos creado [para el cierre de una mina]”.
En el caso de la Compañía Minera Ares, la propia empresa explicó a este medio que el Plan de Cierre de Minas original para Pallancata e Inmaculada contemplaba la clausura de estas unidades mineras para los años 2012 y 2023, de manera respectiva. Esos documentos fueron elaborados por Klohn Crippen Berger, una consultora en ingeniería con sede en Canadá. A la fecha, luego de diversas actualizaciones, Pallancata prevé el 2024 como fecha de cierre final. Sin embargo, Hochschild presentará una nueva solicitud de modificación para ampliar la clausura hasta el 2026.
En el caso de Inmaculada, la compañía tiene en trámite una modificación al plan para extender el cierre final de la mina dos años más, hasta el 2025. En paralelo, Hochschild presentó una modificación del EIA de esta unidad minera al Senace, en julio de este año, con el objetivo de modificar la vida útil de Inmaculada. De acuerdo a la empresa, una vez este instrumento ambiental sea aprobado, la Compañía Minera Ares solicitará modificar el Plan de Cierre hasta el 2041. Es decir, 18 años más de lo previsto inicialmente.
Con respecto a Apumayo y Breapampa, la PCM emitió un comunicado indicando que ambas unidades mineras tienen previsto su cierre final en 2021 y 2025, de manera respectiva. Este cronograma puede variar a pedido de las empresas ante la DGAAM. Dicha dirección evalúa las propuestas y toma una decisión de manera independiente a la PCM. OjoPúblico consultó a Apumayo SAC y SAMI si ya se presentaron estas solicitudes al igual que Compañía Minera Ares; y, de ser el caso, el estado del trámite y las nuevas fechas de cierre propuestas. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
Las empresas alrededor del conflicto
De las tres empresas involucradas en el conflicto social, la más destacada es la Compañía Minera Ares S. A. C., que forma parte del grupo económico Hochschild. De acuerdo a los estados financieros de este conglomerado, presentados ante la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) de Perú y el registro mercantil del Reino Unido, la empresa es controlada a través de una subsidiaria en Estados Unidos y otras dos, en Inglaterra. La matriz del grupo, precisamente, es Hochschild Mining PLC, con sede en Londres.
El beneficiario final de este conglomerado económico, según reconocen sus reportes financieros, es el empresario peruano Eduardo Hochschild Beeck, a través de la offshore Pelham Investment Corporation, con sede en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. El negocio del grupo inglés es la minería de oro y plata. En 2020, sus ingresos ─que provienen de la venta de estos minerales─ superaron los USD 621 millones, de los cuales más del 66% correspondió únicamente a las unidades mineras de Inmaculada y Pallancata, escenarios del conflicto en Ayacucho.
“Nosotros no tenemos planes de cesar nuestras operaciones”, dijo el director de Hochschild y representante de la Compañía Minera Ares, Ignacio Bustamante, el 20 de noviembre, en una conferencia de prensa de la Confiep. Ambas unidades mineras son, efectivamente, un activo clave para el conglomerado empresarial: el año pasado, Inmaculada registró ingresos por casi USD 315 millones, mientras que Pallancata tuvo ganancias por más de USD 100 millones. A la fecha, el Grupo Hochschild solo cuenta con una mina adicional en etapa de producción, en Argentina.
Los principales compradores de oro y plata de estas dos unidades mineras son grupos económicos de Alemania, Suiza, Canadá y Corea del Sur, según sus estados financieros. Entre sus clientes se encuentra Argor Heraus —miembro del Grupo Heraeus, un conglomerado alemán que es el mayor proveedor global del sector de minerales preciosos—. A este se suman la surcoreana LS Nikko y la canadiense Asahi Refining Canada. La lista culmina con la suiza MKS Switzerland, que en 2020 compró cerca de USD 60 millones en metales a la unidad minera Inmaculada.
Además de la familia Hochschild, otro empresario peruano que integra este conglomerado es el expresidente del Grupo Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, como director del grupo económico. Su designación ocurrió en 2018, a propuesta de la offshore en las Islas Caimán de Eduardo Hochschild. Pero, en los últimos años, los accionistas minoritarios han mostrado disconformidad con la reelección de Romero Paoletti, pues tienen “preocupaciones con respecto a su disponibilidad y compromiso con la compañía, a la luz del número de otros cargos directivos que ocupa” en diversas empresas.
El segundo actor corporativo involucrado en el conflicto social es la compañía Apumayo, que tiene como gerente general a Guillermo Shinno Huamani. Entre 2012 y 2017, durante el gobierno de Ollanta Humala e inicios del mandato de Pedro Pablo Kuczynski, Shinno Huamaní fue viceministro de Minas y, en 2011, fue jefe de la DGM, oficina clave para la ampliación de los Planes de Cierre de Minas. “[Tenemos] planes de expansión para seguir trabajando”, dijo el empresario en la conferencia de la Confiep.
Fotografía de Guillermo Shinno Huamaní
EXFUNCIONARIO. El gerente de Apumayo, Guillermo Shinno, fue viceministro de Minas y jefe de la Dirección General de Minas, oficina clave para la ampliación del cierre de una mina.
Foto: Ministerio de Energía y Minas
De acuerdo a los registros públicos, Apumayo S. A. C. fue fundada en 2012, por la compañía ERCED y el empresario Felipe del Castillo Rey, hijo del fallecido Guido del Castillo, uno de los más importantes mineros del Perú. ERCED es, precisamente, un holding de esta familia, conocido como Grupo Aruntani. Los estados financieros de la subsidiaria Apumayo no son públicos. Este medio contactó a la minera a través de su área de prensa para conocer el detalle de sus ingresos, pero los representantes se excusaron de brindar comentarios.
La tercera y última compañía involucrada en el conflicto social de Ayacucho es SAMI. En este caso, es poco lo que se conoce sobre el grupo. De acuerdo a los Registros Públicos, SAMI fue constituida en 2016 por dos offshore, Blaue Welle Inc. y Bulletproof Investments Inc. Aunque se desconoce en qué jurisdicción están situadas estas sociedades, ambas empresas fueron representadas en la constitución de SAMI por dos abogadas peruanas del estudio legal Olaechea: Maria Yabar Guevara y Patricia Castro Zapata, respectivamente.
Desde junio del 2020, el gerente general de SAMI es el empresario peruano Diomedes Cruz Solorzano. Sin embargo, ha sido el abogado Carlos Salinas Meza quien ha desempeñado el rol de vocero de la minera durante la última semana. “Nosotros ya hemos trabajado con el Senace para la aplicación de nuestras actividades”, aseguró Salinas Meza durante la conferencia de la Confiep. A través de un correo, OjoPúblico solicitó información financiera a la subgerencia general de SAMI y al Estudio Olaechea sobre su rol en la constitución de dicha minera, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este informe.
Metales pesados en el agua potable
Los representantes de Compañía Minera Ares, Apumayo S. A. C. y SAMI han asegurado que sus actividades en el sur de Ayacucho cumplen con las obligaciones legales para la protección del medio ambiente. Sin embargo, el OEFA detalló, a través de un comunicado del 21 de noviembre, que ha impuesto multas por 114,913 UIT ─alrededor de S/500.000─ a la Compañía Minera Ares por las unidades Inmaculada y Pallancata, al igual que a Apumayo S. A. C., por su operación en esta región.
En octubre de 2020, por ejemplo, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos de la OEFA impuso una multa de 152,021 UIT ─alrededor de S/653.000─ a la Compañía Minera Ares por no realizar el cierre de la Cantera Oyolo, como parte de su Plan de Cierre. No obstante, dicho monto fue reducido a 72,98 UIT ─alrededor de S/313.000─ en una segunda instancia, según la base de datos de la OEFA. Seis años antes, en 2014, esta dirección multó con 20 UIT (S/76.000) a la misma empresa, por infracciones a la normativa ambiental.
En el comunicado, emitido el 21 de noviembre, el OEFA anunció que realizará “evaluaciones ambientales de causalidad”. Es decir, un análisis que permite establecer la posible fuente de un caso de contaminación ambiental. El anuncio de esta evaluación ocurre luego de que la ANA y la Dirección Regional de Salud (Diresa) informaron, este año, sobre la presencia de metales pesados ─como el arsénico─ por encima de los límites permisibles en agua para consumo humano, según informó “Epicentro”.
Fotografía del tajo abierto de Breapampa.
TAJO ABIERTO. La unidad minera de oro y plata Breapampa es operado por South America Mining Investments (SAMI), en la provincia ayacuchana de Parinacochas.
Foto: Municipalidad Distrital de Chumpi
El informe de la Diresa, al que también tuvo acceso OjoPúblico, es de setiembre de este año e indica los resultados del análisis realizado por esta autoridad durante el 2020. La conclusión es tajante: “Se evidencia la presencia de arsénico en el agua para consumo humano que excede el límite máximo permisible” en seis centros poblados de Lucanas (Orccosa, Chaviña barrio Nueva Esperanza, Loma, San Antonio – Distrito Chipao, Puquio y San Antonio – Distrito San Pedro), cinco de Parinacochas (Ccolpacucho, Puchica, Ccollpabamba, Quishuarani y Yuracchuasi), y ocho en Paucar del Sara Sara (Pomacocha, Nahua Alta, Pausa, Mirmaca, Alpabamba, Soteca, Colpar y Huallhua).
Luego de una solicitud de acceso a la información pública, OjoPúblico también pudo revisar los detalles del informe de la ANA, que recopila los resultados de ocho monitoreos de calidad de agua en la cuenca Yauca, y otros nueve en la cuenca Ocoña ─ambas en zona de influencia directa de la minería─, realizados entre 2012 y 2020. El reporte fue elaborado a pedido de la congresista Margot Palacios de Perú Libre, representante de Ayacucho, y explica que se detectaron “parámetros no acordes a la normativa ambiental”.
Entre los años 2017 y 2018, por ejemplo, se detectaron altos niveles de metales pesados en las “aguas abajo de la actividad minera de Apumayo”, que opera una subsidiaria del Grupo Aruntani; específicamente en la quebrada Huamanoma. De la misma manera, en el riachuelo Itaña Chayocc se encontró aluminio, manganeso, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno y cobalto, en parámetros que “transgredieron los estándares de calidad ambiental para el agua”, de acuerdo al informe de la ANA.
El mismo informe registra que alrededor del ámbito de Inmaculada, operada por el Grupo Hochschild, se detectaron “parámetros no acordes a la normativa ambiental en los ocho monitoreos efectuados” en la quebrada de Patarí, entre 2015 y 2010, para hidrógeno ácido, fósforo, aluminio y manganeso. En el río Suyamarca, en la zona de impacto de la unidad Minera Pallancata, también del Grupo Hochschild, la ANA encontró niveles de acidez, en 2018, y cantidades de fósforo que transgreden la normativa ambiental, en 2019.
“Ya no tenemos truchas en el río Huanca Huanca, que está por el distrito de San Javier de Alpabamba, donde se ubica la unidad minera Inmaculada”, dice la ingeniera industrial Consuelo Canales Guillén, quien ha hecho seguimiento a las denuncias de contaminación en el sur de Ayacucho, sobre todo en el distrito de Pauza; y hoy asesora en aspectos técnicos a los frentes de defensa de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara. El 19 de noviembre último, fue una de las oradoras frente a la premier Vásquez Chuquilín.
El centro poblado de Huallhua, en el distrito de San Javier de Alpabamba, también es zona de influencia de las operaciones de Hochschild a través de Inmaculada. El comunero de esta localidad, Luis Cisneros Alaluna, contó a OjoPúblico que han sido advertidos por la presencia de arsénico en el agua potable, y sus cosechas son afectadas por el polvo que levantan los camiones de la empresa minera. “Somos agricultores, vivimos de nuestro ganado, pero ahorita casi nadie está cosechando. Esto ya llegó al extremo, por eso estamos pidiendo [a la mina] que se retire, porque ya no damos más”, agregó.
A estos reportes y testimonios se suma un estudio más antiguo de la Diresa de Ayacucho, que fue emitido en 2019 pero recoge el trabajo de campo realizado en agosto de 2018. El documento, al que tuvo acceso este medio, señala que se detectó arsénico, aluminio y hierro en niveles superiores a los máximos permisibles en el agua de consumo humano del distrito de Chumpi. “Se recomienda la clausura inmediata de las fuentes de agua con presencia del metal”, alertó la Red de Salud de Coracora hace más de dos años.
El distrito de Chumpi está ubicado en la provincia de Parinacochas y es zona de influencia directa de la unidad minera Breapampa, bajo administración de SAMI desde 2017. El estudio mencionado tomó muestras de agua potable de reservorios y de viviendas a lo largo de esta localidad. Una de estas tomas fue, por ejemplo, en el caño de una casa en el centro poblado de Acos, donde se detectó arsénico en niveles “que superan los valores establecidos en el reglamento de la calidad del agua de consumo humano”.
Informe de la Red de Salud de Coracora sobre presencia de arsénico en el agua.
ALERTAS. En 2018, la Red de Salud de Coracora ya advertía sobre altos niveles de metales pesados en el agua de consumo humano, en la provincia de Parinacochas.
Documento: Red de Salud de Coracora
Los hallazgos fueron remitidos por la Diresa de Ayacucho, en junio de 2019, al alcalde de Chumpi, Adrián Geldres Muñoa. Dicha alcaldía confirmó los hallazgos a través de un análisis adicional, según relató la autoridad a OjoPúblico, e informó los resultados de dichos estudios en la reunión con la PCM en Coracora. El oficio original de la Diresa también subrayó el peligro de la presencia de metales pesados en el agua de consumo humano, pues “podría estar ocasionando daño a la salud humana […], como deterioro mental y deterioro fisiológico […], especialmente en los niños menores de 5 años”.
Este tipo de evaluaciones, sin embargo, no determinan la fuente de contaminación en la zona, a diferencia del estudio que realizará la OEFA el próximo año. “Hay una contaminación, pero no se sabe exactamente quién es el que contamina […] Con este instrumento, el OEFA podrá detectar exactamente cuál es el factor contaminante”, explicó Calle Valladar de la SPDA. “Si el factor contaminante son las empresas mineras, OEFA tendrá que establecer el proceso de fiscalización y sanción correspondiente”, agregó.
A la par de estos hallazgos, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puquio lleva adelante una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental alrededor de Breapampa, operado por SAMI. Una de las disposiciones del Ministerio Público, a la que accedió OjoPúblico, detalla que en dicho mes se programó una diligencia en Pallccahuasi, centro poblado ubicado en el distrito de Chumpi, con la presencia del fiscal adjunto Henry Diburga Inga. Aunque el caso se mantiene en reserva, el área de prensa de la Fiscalía confirmó que estas pesquisas siguen en curso.
https://ojo-publico.com/3195/demandas-postergadas-la-reciente-crisis-minera-en-ayacucho