El sector es el tercero en la lista con más querellas por número de procesos (5.612). La cuantía más alta se registra por daño ambiental.
as entidades que representan al sector minero- energético en el país tienen en su contra 5.612 procesos judiciales por demandas que, de llegarlas a perder, les representarían a los contribuyentes $62 billones.
Así se desprende del más reciente informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), al cual tuvo acceso Portafolio, y que señala que la razón más frecuente es la terminación de trabajo sin justa causa.
Sin embargo, lo que más llama la atención del documento es que los procesos más costosos para las arcas del Estado en esta industria son los que están relacionados por daño ambiental, a raíz de los derrames de hidrocarburos.
Los procesos más costosos para las arcas del Estado en esta industria son los que están relacionados por daño ambiental, a raíz de los derrames de hidrocarburos.
Las entidades que representan al sector minero- energético en el país tienen en su contra 5.612 procesos judiciales por demandas que, de llegarlas a perder, les representarían a los contribuyentes $62 billones.
Así se desprende del más reciente informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), al cual tuvo acceso Portafolio, y que señala que la razón más frecuente es la terminación de trabajo sin justa causa.
Sin embargo, lo que más llama la atención del documento es que los procesos más costosos para las arcas del Estado en esta industria son los que están relacionados por daño ambiental, a raíz de los derrames de hidrocarburos.
Así, las querellas contra el Ministerio de Minas y Energía (MME), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) representan el 18% del consolidado, según lo reporta la ANDJE.
“La industria de abogados dedicados a demandar al Estado usualmente ataca al sector, alegando responsabilidad estatal por temas ambientales. A esto también se pueden sumar las controversias contractuales”, explicó Luis Guillermo Vélez Cabrera, director de la citada Agencia.
TERCERO EN LA LISTA
El citado informe revela que por valor de pretensiones, el Ministerio de Minas y Energía es el tercero en la lista de entidades públicas con $53 billones, después del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, y por encima de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Transporte.
Así mismo, ocupa este lugar como el sector más demandado en el Estado, después del de Defensa y Hacienda. Solo supera al Judicial. El texto del estudio, también señala que dentro de los 25 procesos por querellas con alto costo, dos relacionadas con el sector minero-energético están entre los cinco primeros del escalafón: derrame de hidrocarburos en Coveñas (Sucre) por $16,8 billones y el cargo por confiablidad por $14,2 billones.
“El sector ha tenido éxito en 1.479 demandas por valor de $9 billones. Esto quiere decir que la industria minero-energética tiene una altísima tasa de éxito en su defensa judicial”, reiteró Vélez Cabrera.
LAS QUE MÁS DEMANDAN
Por su parte, dentro de las 10 empresas que han interpuesto más demandas contra la cartera de Minas y Energía, y sus entidades adscritas, están CBI Colombiana con 206 por más de $39.000 millones; Chivor S.A. E.S.P. con 54, las cuales representan $798 millones; y la Central Hidroeléctrica de Betania con 17 por valor de $138.000 millones.
También aparecen en el escalafón EPM, Meta Petroleum y Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar).
En una lista similar, pero que excluye a las empresas territoriales, además de las organizaciones anteriormente señaladas, aparece como demandante del Estado colombiano Pacific Stratus Energy Colombia con siete procesos, que representan poco más de $167 millones.
Con respecto a los procesos de mediación, hasta la fecha se ha logrado uno, y fue entre la ANM y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) por $287.000 millones.
Y en curso están los de Ecopetrol y Equion Energy (esta última, empresa petrolera con participación mayoritaria de la primera) con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por $1 billón. También el de ISA con el MME por $7.993 millones.
“El trámite de conciliación es un requisito procesal para muchas de estas demandas. En realidad, son muy pocas las conciliaciones, entre otras razones, por las pretensiones exageradas y sin sustento de los demandantes.
Sin embargo, con esta importante tasa de éxito, cabe preguntarse si la conciliación es el mejor camino”, dijo el director de la ANDJE.
Fuente:http://www.portafolio.co/economia/demandas-al-estado-en-minas-y-energia-suman-62-billones-510006