RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para plantear lo siguiente:
Lamentamos que la conflictividad social por la actividad minero extractiva en el Perú, haya cobrado una nueva víctima, Quintino Cereceda Huiza, a cuya familia alcanzamos nuestras condolencias. Es la primera víctima acontecida en el gobierno del presidente Kuczynski, antes de cumplir el tercer mes de asumir su mandato.
De otro lado, y sin bien en el pasado el rol del Ministerio del Interior ha sido diferente, respaldamos la respuesta del Ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien a través de un pronunciamiento ha señalado que se va realizar una investigación profunda de los hechos y la intervención de los miembros de la policía, luego de conocerse que la víctima falleció por impacto de un proyectil de arma de fuego.
Exigimos que las autoridades competentes incluyan en las investigaciones a la empresa minera MMG, pues como ha manifestado el Ministro Basombrío, participó con su maquinaría en la intervención policial ocurrida el día de ayer, que no fue consultada con las instancias competentes.
Desde RED MUQUI de manera reiterada hemos denunciado el rol de presión que ejercen los grupos de poder económico, especialmente empresas extractivas, y más específicamente algunas mineras, en las decisiones de los gobiernos de turno, el que se vió reflejado en las normativas que desregulan lo ambiental, las garantías sobre la propiedad de las tierras comunales y criminalizan la legitima protesta social y pacífica, y se ve reflejado también en las decisiones de las fuerzas policiales y en los convenios que estas han suscrito con diversas empresas mineras.
El Ministro Basombrío ha puesto en evidencia la acción concertada de la empresa minera titular del proyecto con la Policía de la jurisdicción cuya intervención se realizó sin tener en cuenta “órdenes superiores” amparándose para ello en los convenios celebrados con las empresas. Por tanto, se necesita decisión política para corregir dicha situación en el más breve plazo, lo que supone la revisión de la normatividad que la propicia.
Por ello exigimos al Ministerio del Interior que se modifique el artículo 55 del Decreto Legislativo 1148, que permite la celebración de convenios entre la Policía Nacional del Perú y empresas privadas, convirtiendo el rol de la policía en una especie de agentes de seguridad privados, desnaturalizándose la función policial, permitiendo además con ello el abuso y la violación de derechos de las comunidades y/o poblaciones locales cuando hay conflictos sociales.
Por otro lado, no debemos olvidar que el actual jefe de la DINI, que se encarga de las operaciones de inteligencia a nivel nacional, ha trabajado en las empresas hidroeléctricas y mineras, y según ex miembros del partido de gobierno, una de esas empresas era a la que le solicitaban donaciones. Seguimos aplicando la política de las puertas giratorias, pero ahora en instituciones que garantizan el orden interno.
Finalmente, para abordar los conflictos sociales se requiere una política transversal de diálogo, que sea asumida por todos los niveles de gobierno. Para ello no basta con el nombramiento de una persona de reconocida trayectoria. Es necesario un sistema de prevención de conflictos que articule las distintas instancias del Estado y que formule e implemente soluciones de corto, mediano y largo plazo a fin de que las poblaciones se sientan escuchadas y atendidas en sus demandas, en especial las comunidades campesinas y nativas, con agendas históricas sin considerar. Los procesos de diálogo y consulta previa, debidamente aplicados, son mecanismos que permiten prevenir la conflictividad social y generan la participación en la toma de decisiones.
RED MUQUI