Los páramos son uno de los territorios esenciales para el ciclo hídrológico en Colombia. Además de captar, almacenar y regular el líquido vital, los 36 sistemas de páramos del país, con una extensión de 2.906.137 hectáreas, ofrecen el 70% de las aguas que hoy consumimos los colombianos. Luego de las importantes movilizaciones que se realizaron durante los últimos años en contra de la actividad minera y la destrucción territorial y contaminación de aguas que conlleva, la delimitación de los páramos fue la estrategia política y respuesta del gobierno Santos. Hoy deberíamos preguntarnos ¿A quién beneficia esa delimitación?
Después de tres años, y con las promesas de cuatro ministros de ambiente sobre delimitación, el 19 de diciembre del 2014 se presentó la del Páramo de Santurbán, propuesta modelo para los otros del país. Llama la atención que dicho acto administrativo tan sólo haya protegido 98.954 hectáreas, el 76% del total del área del Páramo de Santurbán, denominándola como zona de preservación, mientras que otras 25.000 serán utilizadas como zonas de restauración, y unas 6.000 fueron determinadas como de uso sostenible. Y, la actividad minera, que fuese la causa de las diferentes movilizaciones en el país en defensa del Páramo, sigue siendo la principal amenaza, sin que sea enfrentada o regulada a cabalidad por el acto administrativo. En concreto, en las zonas de restauración podrán desarrollarse actividades económicas siempre y cuando cumplan los requisitos ambientales, cada vez más flexibles; esto deja abierta la posibilidad a grandes proyectos mineros, como el de Eco Oro, para seguir su ejecución. Además, los títulos mineros otorgados con anterioridad al 9 de febrero de 2010 podrán seguir ejecutándose hasta su terminación en cualquier zona del páramo. A este contexto se suma que el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, permite la extracción petrolera para títulos anteriores al 16 de junio del 2011, en los 36 territorios de páramos del territorio nacional.
No es gratuito, entonces, que sean las empresas mineras y petroleras las principales interesadas en los procesos de delimitación de los páramos en el país, pues son las primeras beneficiadas bajo un modelo de desarrollo basado en el extractivismo. Así, los esfuerzos por trazar una línea a la montaña, por fragmentar los territorios, tienen hoy dos nefastas consecuencias para Colombia. De un lado, dan vía libre a actividades extractivas, sin ninguna restricción o condicionamiento, a todas aquellas regiones que se encuentren por fuera de la zona delimitada. Por otra parte, rompe la visión integral de la montaña andina, constituida no sólo por páramos, también por selvas andinas, altoandinas y piedemontes etc., primordiales para la integralidad del ciclo hídrico. Frente a estas amenazas, la defensa del agua debiera conllevar a la defensa de la integralidad de la montaña andina, de su altísima diversidad biológica, de sus relaciones ecológicas, pero también debiera buscar garantías de permanencia de los pueblos y comunidades que han pervivido entre la diversidad y la complejidad de estas montañas.
Sin lugar a dudas, el proceso de delimitación se ha constituido en una importante herramienta para seguir profundizando un creciente modelo privatizador del agua. Aunque la Constitución Nacional expresa que el agua es un bien natural y público, y por ende el Estado debe administrar y controlar sus usos, hoy se entrega este poder a las trasnacionales para los réditos privados de la actividad extractiva. Conceptos como gobernanza del agua, expresión promovida por la ONU, y que fomenta la participación de “otros actores” más eficaces que los gobiernos para su gestión, disfrazan la privatización bajo la promesa de participación social en la gestión pública, cuando en lo práctico la gobernanza y sus herramientas, como la delimitación de páramos, revisten una impronta corporativa. Actualmente, en el marco de un posible fin del conflicto armado, que debería dar apertura a un escenario para la construcción de paz, valdría preguntar quién debe realizar la gestión de las aguas y quiénes deben controlar los territorios donde se produce la vida.