-Una delegación de ciudadanos estadounidenses denunció y lamentó este domingo que su país respalde a “un gobierno ilegítimo” y a los intereses económicos que provocan conflictos en Honduras como el del proyecto minero de Guapinol.
Los conflictos ambientales en Honduras han dejado varias víctimas mortales, entre estas el emblemático asesinato de la ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres.
Durante una conferencia de prensa brindada este mediodía en las afueras de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, la delegación que se encuentra en el país dándole seguimiento al proceso judicial contra los ambientalistas de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, dio lectura a un comunicado que establece lo siguiente:
La Delegación de Estados Unidos vinimos de forma urgente para observar los procesos legales en contra de los 12 defensores medioambientales, quienes han sido criminalizados por proteger el ambiente y el agua de un proyecto minero en Guapinol.
Reiteramos nuestra profunda preocupación por la estrategia de criminalización de la defensa de la vida y del medioambiente por parte del Estado de Honduras y la actuación del poder judicial y del Ministerio Público, siendo su máximo responsable el Fiscal General Óscar Chinchilla, que ha contado con el apoyo firme de la embajada de los Estados Unidos.
Hemos sido testigos de que 12 medioambientalistas son procesados como si fueran terroristas o parte del crimen organizado. El Estado de Honduras ha utilizado diferentes tácticas para ello, entre ellas, la aplicación de delitos como la asociación ilícita, y la jurisdicción de tribunales que juzgan a la criminalidad organizada.
También constatamos la decisión del Ministerio Público de identificar a este grupo de defensores una “banda organizada”, construyendo delitos comunes graves haciendo un uso amañado de los testigos sin rostros y pruebas anticipadas, violando las garantías de los defensores.
Repudiamos que el gobierno de Honduras decida dar respuestas penales a problemas sociales, que tienen su origen en la corrupción e impunidad institucional, como es en este caso, en el que concesiones mineras ilegales y un decreto inconstitucional que reduce la zona protegida del parque Carlos Escaleras para poder llevar a cabo estos proyectos, han provocado daños ambientales y altos riesgos a la vida de los defensores.
La embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y del medioambiente, y no un gobierno ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que el día de hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños son de la misma familia dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol.
La delegación de estadounidenses está integrada por, Claire White, doctorada de la universidad de Harvard, profesora y asociada de las Hermanas de San José de Boston, hija del luchador de los derechos humanos, el embajador Robert White y por Pastora Kathleen McTigue, directora del Centro de Justicia Social de la Iglesia Unitaria Universalista de los EE.UU., dedicado a la defensa de los derechos humanos.