Ante los impactos sociales y ambientales que ha originado la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam México recomendó al Estado cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos de los pueblos indígenas y equiparables, en particular por proyectos extractivos y de infraestructura.
En su estudio Minería y privilegios, captura política y desigualdad en el acceso a los bienes comunes naturales en México, sobre el caso de San José del Progreso –financiado por la Unión Europea–, la organización que participa en un movimiento global que trabaja en 94 países para construir un futuro libre de injusticia y pobreza, hace un análisis de la actividad minera en Oaxaca, específicamente en la región de los Valles Centrales y del proceso organizativo contra la minería, la vocación agrícola de la región y cómo está amenazada por la actividad minera.
También, hace una revisión del proyecto minero San José del Progreso, donde abordamos los impactos sociales y ambientales que la actividad minera generó y genera dentro de este municipio.
Marco de regulación
De esta manera, Oxfam México exhortó al Estado asegurar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente.
En particular, fortalecer y cumplir con el marco de regulación y control de los sectores empresariales, enfatizando los relacionados con proyectos de gran escala y de la industria extractiva, a partir de los mejores estándares y prácticas internacionales.
Además, mejorar los procedimientos de inspección de todas las autoridades a nivel nacional y estatal, especialmente a proyectos de gran escala y de la industria extractiva, para prevenir futuros accidentes con afectaciones masivas a los derechos humanos, así como garantizar la realización de investigación y sanciones en casos de incumplimiento.
Igualmente, que el Estado recuerde la imperiosa necesidad de respetar el derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, considerando que el derecho a la autonomía y a la autodeterminación deben ser los puntos de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales, bajo los estándares internacionales y del derecho constitucional comparado.
Aparte de esto, que el Estado y las empresas reconozcan públicamente la importancia del trabajo de las personas defensores de derechos humanos, asegurando su protección y absteniéndose de apoyar directa o indirectamente cualquier acción para criminalizar o amenazar sus acciones.
Así también que el Estado investigue y castigue a actores empresariales acusados de violar los derechos de quienes defienden los derechos humanos.
Consulta previa
Del mismo modo, Oxfam México recomendó al sector empresarial minero respetar los derechos humanos en toda su cadena de valor, así como tener políticas de derechos humanos y remediar los daños y rendir cuentas acerca de cómo abordan los impactos negativos en los derechos humanos.
Y respetar el estado de derecho, el marco legal y las decisiones administrativas y judiciales, así como no interferir de forma alguna en los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/105809/defiende-oxfam-indigenas-en-oaxaca-de-mineras