En el primer aniversario del asesinato de BernardoVásquez, me pidieron que montara, en San José del Progreso, el pueblo natal de Vásquez, una exposición fotográfica sobre los movimientos opositores a la minería en México y Guatemala. Acepté hacerlo, pensando que la exposición tendría lugar en una oficina local. Pero cuando llegué al pueblo, fui recibido por más de 100 pobladores que habían bloqueado la entrada a la mina. Insistieron en que el mejor sitio para la exposición era allí mismo en la cerca de la mina de Fortuna Silver.
Bernardo Vásquez, agrónomo, defensor comunitario y activista ambiental fue asesinado el 15 de marzo de 2012 por pistoleros contratados por la mina. Cuando saqué las 35 fotos que había traído conmigo, una compañera declaró: “Estamos aquí para recordar a Bernardo. Su lucha es nuestra lucha y sigue adelante. Para nuestra Madre Tierra, nuestra agua”. Entonces invitó a las mujeres a que sostuvieran las fotos. Algunas de estas fotos yo había tomado en mi visita anterior a la comunidad, algunas otras había tomado de distintas luchas contra la minería. Mientras tanto, hicieron una ceremonia en honor de Vásquez y la Tierra. Tenían en sus manos su propia historia. Unidos en solidaridad con otros que tienen un destino similar.
Las imágenes de este ensayo fotográfico fueron tomadas en tres comunidades zapotecas en distintas regiones de Oaxaca, unidas por su trabajo incansable para encontrar nuevas estrategias compartidas para defender sus territorios. La exposición de estas fotos ha servido de herramienta para alcanzar este objetivo.
Casi el 80% de la tierra en Oaxaca es de propiedad comunal perteneciente, por la mayoría, a gente indígena. El gobierno mexicano es uno de los 20 países firmantes del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Convenio garantiza a los pueblos indígenas el derecho al consentimiento libre, previo e informado o consultas con respecto a todos los procesos de política y desarrollo que les afectan. Pero en México, donde el gobierno federal goza de derechos constitucionales sobre el subsuelo, se otorga regular y cada vez más frecuentemente concesiones de exploración y de minas a las empresas mineras transnacionales sin realizar consultas. Sólo en los últimos años, el gobierno mexicano ha otorgado aproximadamente 12,000 concesiones de minas a través del país, incluso alrededor del 30% en el estado de Oaxaca.
La mina Trinidad/Cuzcatlán de la empresa canadiense Fortuna Silver está ubicada en San José del Progreso. Desde los inicios de la mina, este pueblo ha visto la violencia más extrema y constante de todo México en contra de los opositores a la mina. Actualmente, el pueblo se encuentra políticamente dividido en cuanto a la cuestión de la mina.
En otra parte de Oaxaca, Caluplálpam de Méndez es una de las únicas comunidades en México que ha logrado cerrar una explotación minera, la mina de oro de la empresa Canadian Continuum. Después de la desaparición de 13 fuentes de agua por contaminación masiva – se morían los animales de tomar agua tóxica – el pueblo organizó su resistencia para cerrar la mina. Después de un boqueo exitoso de una carretera principal, el gobierno accedió a enviar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) al lugar. PROFEPA documentó tantas violaciones flagrantes de normas ambientales que en octubre de 2007 se ordenó a la mina que cerrara la operación. Pero la concesión minera está todavía activa y la empresa canadiense Sundance Minerals tiene planes para una mina de oro a cielo abierto que destruiría la única fuente de agua que le queda a la comunidad y devastaría sus bosques.
La primera comunidad en el valle central de Oaxaca en protestar públicamente contra la minería en su territorio fue Magdalena Teitipac. Desde entonces han realizado un foro al cual invitaron a otras comunidades en riesgo. En la mayoría de estos pueblos, una empresa transnacional ya tiene su concesión minera. En el foro, compartieron información, expusieron fotos de otros lugares afectados por actividad minera y elaboraron estrategias y organizaron la defensa de los territorios. Los objetivos principales son la defensa del agua (un recurso cada vez más escaso en toda Oaxaca), de las tierras agrícolas y de la autonomía – un derecho que tiene diversas definiciones pero que se basa en la decisión colectiva sobre el uso y el compartir de los territorios.
Eduardo Galeano, poeta uruguayo e historiador, ha escrito sobre “la maldición sufrida por los pueblos que viven en tierras ricas en recursos naturales.” Mucha gente indígena y mestiza en Oaxaca ha sufrido y sigue sufriendo esta maldición. Pero cada vez más, comparten información, estrategias, prácticas culturales y retos. Trabajan juntos para rechazar las minas en sus territorios, reafirmando la autonomía a la cual, por ley, tienen derecho.