Hemos visto por los medios de comunicación -especialmente los independientes-, y confirmado por activistas de varias organizaciones de Colombia, las atrocidades a las que son sometidas las personas que legítimamente exigen sus derechos en las diversas manifestaciones que vienen teniendo lugar en el país los últimos días.
Las demandas que levanta la población, inicialmente contra una reforma tributaria que carga el peso de la crisis actual a la clase trabajadora y que luego se extiende a demandas históricas contra las políticas neoliberales, han sido respondidas con la brutalidad de un gobierno al servicio de clases dominantes, empresarios y empresas transnacionales.
La duración de las protestas es un indicador que muestra con extrema claridad que la población afectada por las políticas sociales y económicas tiene demandas que trascienden una reforma fiscal. Se trata de una demanda histórica por justicia social, oportunidades para todas y todos y participación en las decisiones mas importantes que fijen el rumbo del país.
Hemos sido testigos de los atropellos a los derechos de las poblaciones afectadas por proyectos extractivos, especialmente mineros, donde ni siquiera las decisiones de las comunidades refrendadas en consultas populares, han sido respetadas por las autoridades, en el afán de garantizar supuestos derechos de empresas transnacionales contra los intereses nacionales, las comunidades y los ecosistemas.
Al igual que en el resto de los países de la región, los sucesivos gobiernos extractivistas de Colombia imponen proyectos de destrucción y muerte a cambio de mínimos ingresos que no compensan el sacrificio de ecosistemas y comunidades afectadas.
En el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, nos solidarizamos con las reivindicaciones del pueblo colombiano que está en las calles demandando justicia, equidad, respeto, bienestar, seguridad y paz para sus familias y no solo para unos pocos privilegiados.
Llamamos al mismo tiempo a las autoridades colombianas a respetar el legítimo derecho de la ciudadanía a levantar sus reivindicaciones, especialmente, que las autoridades garanticen el derecho a la vida y a la integridad individual y colectiva, propio de la construcción de la paz, la justicia, el respeto y la equidad.
América Latina, mayo de 2021