El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL condena enérgicamente la cobarde agresión a Máxima Acuña y su familia a manos de empleados de la empresa minera Yanacocha.
Los métodos usados por Yanacocha han sido diversos en los últimos años para acallar la oposición a sus proyectos mineros y todos han afectado los derechos humanos.
El acoso y la agresión a Máxima y su familia no tiene justificación alguna, es completamente condenable y expresa la impunidad de la que disfrutan las empresas mineras en el Perú.
Hemos visto permanentes agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina junto a la pasividad de autoridades responsables por los derechos de las comunidades en nuestros países.
Queremos destacar la irrenunciable responsabilidad del gobierno del Perú respecto a Máxima y su familia, ya que ha sido amparada con la Medida Cautelar MC Nº 452-11, otorgada por la CIDH, que obliga al Estado Peruano proteger y garantizar la vida e integridad personal de esta familia.
El reciente informe de Global Witness sitúa a Perú en el cuarto lugar de los países más peligrosos del mundo para defensoras y defensores de derechos humanos. Esta triste posición en el ranking de los países peligrosos se ratifica en esta nueva agresión a Máxima y su familia a manos de guardias profesionales habituados a ejercer violencia contra la población desprotegida.
Exigimos a las autoridades peruanas recientemente elegidas, hacer cumplir los compromisos nacionales e internacionales de protección a las y los defensores de derechos humanos frente a los atropellos a los que están acostumbradas empresas como Yanacocha.
Pedimos también a los organismos internacionales que intervengan ante la brutal y cobarde agresión condenando tanto a la empresa minera como al gobierno que bajo un discurso de promoción de la minería y las inversiones extractivas alienta la violencia contra las comunidades que defienden sus derechos frente a las empresas mineras.
Nos declaramos en alerta frente a los hechos mencionados y en plena disposición para apoyar todas las iniciativas ciudadanas que pongan término a estos abusos y garanticen los derechos de las comunidades a defender sus formas de vida, sus territorios, sus fuentes de ingresos, su cultura, tradiciones y su vida comunitaria.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
OCMAL
20 de Septiembre de 2016