Los conflictos sociales vinculados a la minería no son iguales. Por ejemplo, mientras que Las Bambas es un típico conflicto de coexistencia -allí las comunidades no se oponen a la minería, la aceptan pero buscan que la empresa los respete y el Estado los proteja-, el caso del proyecto minero Tía María es un típico conflicto de resistencia o rechazo a la minería. En el Valle de Tambo, los agricultores perciben al proyecto de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) -y al resto de empresas que tiene concesiones en la provincia de Islay-, como una amenaza a su principal actividad económica, sus formas de vida y el intento de convertir esa zona como una nueva área de expansión minera.
Dicho esto, lo cierto es que en la última década Tía María ha estado en más de una ocasión en el ojo de la tormenta de la conflictividad social en el país. Por lo menos han sido dos capítulos previos de extrema tensión que se vivió en la zona del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay y todo indica que estamos entrando a un tercer momento.
Los capítulos previos de Tía María
El primer capítulo se remonta al período 2009-2011. El 28 de octubre de 2009, se realizó una consulta popular en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Dean Valdivia. Una abrumadora mayoría de la población se pronunció en contra del proyecto minero.
Un año después, las protestas ya habían arreciado en todo el Valle de Tambo, al mismo tiempo que la decisión política del gobierno aprista era aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se vivían los últimos meses del gobierno de García y todo indicaba que el gobernante aprista buscaba dejar el mayor número de proyectos mineros aprobados.
Una de las principales controversias giró en torno a la consistencia del EIA que había presentado la empresa SPCC. Fue en ese contexto que el entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció que había firmado un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para destrabar el proceso de revisión de los estudios de impacto ambiental (EIA) y que el primer estudio que revisaría este organismo, precisamente, sería el de Tía María.
UNOPS revisó el EIA de Tía María y sus conclusiones fueron contundentes. El organismo de Naciones Unidas fue tan o quizás más drástico que cualquier institución ambientalista; presentó nada menos que 136 observaciones que destrozaron el EIA presentado por la empresa. Entre los principales hallazgos, UNOPS señaló que el EIA de Tía María no contaba con un estudio hidrogeológico (de agua y suelo), pese a ser un indicador fundamental para identificar los impactos del proyecto; que el agua que se utilizaría para el proceso minero provendría de una zona donde desemboca el río y se mezcla con el agua de mar y que era muy sensible por las diversas especies que contiene y su poca profundidad y, que en el propio EIA se deslizaba la posibilidad de que se explotara no solo cobre sino también oro. Como se sabe la ecotoxicidad del oro supera largamente a la del cobre.
El informe de la UNOPS, en la práctica, le dio sustento técnico a las preocupaciones de los agricultores del Valle de Tambo y luego que el informe del organismo de Naciones Unidas se hizo público, el EIA de Tía María tuvo que ser tirado al tacho. Ni siquiera la empresa minera intentó continuar con el trámite administrativo para su aprobación. De esa manera se cerraba el primer capítulo de Tía María.
Luego de dos años, la empresa minera decidió intentarlo de nuevo e implementó una nueva estrategia en dos frentes: uno orientado a obtener algún tipo de respaldo en la población y el otro, elaborando una nueva versión del EIA del proyecto, implementando algunos cambios. De esa manera se abrió el segundo capítulo de Tía María.
En el intento de construir una relación con la población, la empresa minera implementó un conjunto de proyectos de apoyo social, al mismo tiempo que desplegó una importante campaña en medios nacionales para mostrar los beneficios del proyecto y que contaba con el respaldo de la población. Luego se supo que en paralelo SPCC y un dirigente negociaban la posibilidad de quebrar al movimiento social a cambio de unas “lentejas”.
Pese a todos estos intentos, los hechos siguieron mostrando que el rechazo al proyecto se mantenía. En relación al EIA, se presentó una nueva versión: el nuevo estudio planteaba cambios, como la propuesta de desalinizar agua de mar; sin embargo, las confianzas dañadas en la primera etapa se mantenían, así como la percepción negativa hacia el proyecto. Además, los agricultores veían a Tía María como el inicio de un proceso de reconversión de la provincia de Islay en una nueva zona de expansión minera: bajo este supuesto, después de Tía María otros emprendimientos mineros continuarían a cargo de las empresas que ya contaban con derechos mineros vigentes en la zona.
En medio de mucha tensión social, disputas y enfrentamientos, el 1 de agosto de 2014, se emitió la Resolución Directoral 392-2014-MEM/DGAAM, aprobando el EIA de Tía María, bajo una nueva legislación que se había aprobado entre el 2013 y 2014 y que había flexibilizado y sobre todo acelerado los procesos de aprobación de la certificación ambiental. Sin embargo, para los que tenían alguna duda sobre cuán importante era la oposición al proyecto, dos meses después de la aprobación del EIA (a finales del año 2014) se realizaron elecciones municipales que arrojaron resultados contundentes: la población eligió como alcalde provincial de Islay y alcaldes distritales de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, a connotados líderes de los sectores de oposición al proyecto minero.
Para entonces el conflicto de Tía María ya había provocado el lamentable saldo de seis personas fallecidas, decenas de heridos y dirigentes criminalizados.
¿Se viene el tercer capítulo?
Tía María es uno de los conflictos más previsibles de todos los casos que han ocurrido en el Perú, precisamente por los antecedentes descritos y los reiterados episodios. Con éste serían tres los capítulos y tres los gobiernos que han estado involucrados en el conflicto, implementando casi las mismas recetas: mesas de diálogo o de desarrollo y la estrategia de contrarrestar los cuestionamientos al proyecto con ofrecimientos de proyectos de inversión.
Quizás uno de los principales problemas de todos los intentos de diálogo en torno a Tía María es que han sido planteados sobre la base de hechos consumados. El hecho que el EIA ya esté aprobado y con la casi totalidad de vistos buenos y autorizaciones, es en realidad un mensaje claro que para la empresa y las autoridades de turno, el proyecto debe ir sí o sí y que no hay vuelta atrás. Lo cierto es que frente al hecho consumado del EIA aprobado, los dirigentes y autoridades de Islay también han expresado en todos estos años -y todo indica que lo siguen haciendo- una posición irreductible: el proyecto no va y pretenden que el gobierno dé marcha atrás.
La sensación que deja este nuevo caso de conflicto minero, es que seguimos sin sacar las lecciones de una larga lista de casos similares que han ocurrido en las dos últimas décadas y se pretende seguir actuando como si fuese la primera vez que algo así ocurre. Lo que debe quedar claro es que, en pleno siglo XXI, un proyecto minero no puede llevarse adelante, en el Perú y en cualquier parte del mundo, si no cuenta con lo que hoy en día se conoce como la licencia social para operar. Por si acaso, el concepto de licencia social para operar no es un invento de organismos no gubernamentales o grupos ambientalistas; fue creado por las propias empresas mineras a nivel global.
También cabe preguntar por qué unos proyectos salen y otros no. Por ejemplo, ahora que se habla de Tía María, no se dice nada que, muy cerca, en la provincia de Nazca en Ica, se está construyendo el proyecto Minas Justa (US$1,600 millones) y en la también vecina Moquegua, también se construye Quellaveco (más de 5 mil millones de dólares). ¿Por qué unos proyectos sí se concretan y otros no? Nos aventuramos a identificar algunas respuestas: en primer lugar, todo indica que algunas empresas hacen mejor su tarea que otras y, por lo tanto, generan menos resistencias. Lo real es que ciertas empresas traen consigo una mochila muy pesada de mal desempeño ambiental y social. Ejemplos sobran en el Perú.
En segundo lugar, también cuenta mucho la zona o el ecosistema donde se pretende implantar un proyecto: no es lo mismo llevar adelante un proyecto minero en medio de un desierto que, por ejemplo, pretender hacerlo en las proximidades de un valle agrícola altamente productivo o en una zona productora de agua.
Por lo tanto, más que preocuparse por obtener una licencia de construcción, una empresa seria en pleno siglo XXI debería preocuparse por obtener la licencia social. Y si no la tiene, pues no podrá llevar adelante su emprendimiento, salvo que pretenda imponerlo a la fuerza.
*Publicado en la revista Hildebrandt en sus trece No 451 del viernes 28 de junio del 2019.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/de-las-bambas-a-tia-maria/?fbclid=IwAR2sGL8Jpu3mIrgHZd-yyVgMfXfZWcwSoFjJkp0bfi4_bwL7gkUoofLb4CY