Manuel Pérez Rocha L. 14/02/2022
El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a llegar a un acuerdo con la compañía minera estadunidense Legacy Vulcan pone en evidencia los problemas a que se enfrenta nuestro país firmando a diestra y siniestra tratados de libre comercio con sus capítulos de protección a las inversiones. Legacy Vulcan tiene demandado a México por unos 500 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y bajo las cláusulas del TLCAN. AMLO ha advertido que de no llegar a un acuerdo mediante el cual la minera desista de su demanda y reoriente sus actividades, la denunciará ante la Organización de Naciones Unidas por el daño ambiental que su subsidiaria, Calizas Industriales del Carmen (Calica), ya ha perpetrado en las inmediaciones de Playa del Carmen ( La Jornada, 2/2/22).
Legacy Vulcan –representada en México por el despacho de abogados Creel García-Cuéllar, Aíza y Enríquez– reclama pérdidas de ganancias esperadas (bajo la cláusula de expropiación indirecta) luego de que se le hayan negado permisos de explotación en los predios La Adelita y El Corchalito, dada la devastación ambiental que ya han tenido sus actividades extractivas (https://bit.ly/3sxRBY0). AMLO dijo estar «seguro de que los accionistas principales (de Legacy Vulcan) no saben de la tragedia de la destrucción de 500 hectáreas».
Laura Beristain Navarrete, primero como senadora y después como presidenta del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, fue quien junto a grupos ambientalistas, se opuso valientemente a que Calica realizara la explotación de esos dos predios (https://bit.ly/338q2f4) debido al gran daño que ya había causado por las detonaciones a cavernas, cenotes y en el corredor biológico sin que se pueda llegar a conocer con exactitud el impacto ambiental a ríos subterráneos. Para colmo de males, es probable que los materiales de buena parte de los kilómetros del muro fronterizo que llegó a construir Trump haya salido de esas minas pues él está «entre los socios capitalistas de Calica, que opera en la Riviera Maya desde 1986» (https://bit.ly/34M5Qjr).
El de Vulcan Legacy está lejos de ser un caso aislado. México es uno de los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales supranacionales y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe.
Esto es resultado del papel que México ha desempeñado como delantero central en la expansión del régimen neoliberal. Fue el primer país en ratificar el Tratado Transpacífico (TPP-11) en 2018, mediante el cual empresas mineras canadienses, estadunidenses y de otros países con domicilio en Canadá, podrán seguir demandando a México. El gobierno de Peña Nieto aceptó que se mantuviera el sistema de solución de disputas inversionista-Estado en el T-MEC entre Estados Unidos y México, en particular para el sector energético, y cerró la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (mediante un «acuerdo en principio») que incluye un capítulo de protección de inversiones. En 2018 México se convirtió en miembro pleno del Ciadi, algo que se había resistido durante décadas.
El peso de este sistema cuasi jurídico de protección a inversiones se hace sentir a todo lo largo y ancho del territorio nacional, desde el mar Caribe hasta el mar de Cortés. Por una cantidad seis veces mayor que la de Vulcan Legacy –3 mil millones de dólares– la también minera estadunidense Odyssey Marine Exploration Inc. tiene a México en el banquillo de los acusados en el Ciadi dado que la Semarnat le denegó un permiso ambiental impidiendo su Proyecto Don Diego, de minería en subsuelos marinos, en Baja California Sur. En un amicus curiae presentado en octubre pasado por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, cuyos medios de vida dependen del ecosistema marino, y el Center for International Environmental Law (CIEL) lo describe como «proyecto minero submarino que pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino en el golfo de Ulloa en Baja California Sur, extrayendo 7 millones de toneladas de arena y roca de fosfato cada año por 50 años. Las operaciones de extracción submarina de fosfato tendrían graves impactos en el ecosistema marino y la biodiversidad de la región, con consecuencias para la salud y los medios de vida de las comunidades pesqueras. El fosfato se pretende usar para la producción de fertilizantes». Queda la pregunta: ¿qué empresas agroindustriales estarán detrás de este proyecto?
México cuenta con 29 tratados bilaterales de inversión (TBI) o acuerdos para la promoción recíproca de inversiones (APRI) vigentes, de los cuales, según análisis del Transnational Institute de Amsterdam (https://bit.ly/3rNTkZO), «21 podrían ser terminados debido a que pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y denunciar unilateralmente más de dos tercios de todos sus TBI». Y México cuenta con 11 tratados a acuerdos de libre comercio. Para salvar faunas y cenotes, subsuelos marinos, ríos, páramos y cuencas y ecosistemas enteros de la destrucción de empresas extractivas foráneas, es urgente una auditoría integral del sistema de protección de inversiones en México y denunciar los tratados que cobijan los abusos corporativos que AMLO tanto señala.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/016a1pol