Por: Redacción Negocios, El Espectador
Según la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente se debe negar la licencia ambiental al proyecto en Santander.
El páramo de Santurbán (Santander) cubre una extensión de unas 92 mil hectáreas, sobre los departamentos de Norte de Santander y Santander y provee agua a unos 2,2 millones de personas.
A las múltiples voces que han venido solicitando al Gobierno Nacional que le ponga fin al proyecto Angostura se han sumado conceptos técnicos que le recomiendan al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial abstenerse de otorgar la licencia ambiental a la multinacional Greystar para iniciar la explotación de oro en el páramo de Santurbán, Santander.
Fuentes consultadas por El Espectador afirmaron que dentro de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander (Corponor), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), el Instituto Humboldt y el mismo Ministerio de Ambiente existen conceptos técnicos que indican que el proyecto de Angostura es inviable, dado el daño que le puede ocasionar al ecosistema del páramo de Santurbán.
Una de las fuentes consultadas asegura la existencia de un concepto de la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, en el que se advierte que “el estudio de impacto ambiental elaborado por la firma Greystar Resources se abordó de acuerdo con los estándares mínimos”, ya que evidencia falta de información sobre el impacto que tendrá el desarrollo de la explotación en el medio ambiente.
El documento agrega que en el caso del proyecto Angostura, las zonas de desechos de cianuro que se ubican sobre las quebradas Páez y Angostura, la escombrera, plantas de tratamiento, carreteras e instalaciones varias, se ubican a alturas mayores a los 3.100 msnm, lo que va en contravía del artículo 3 de la Ley 1382 de 2010. “En la medida en que la licencia ambiental no ha sido expedida, se debe acatar la exclusión de la actividad para la zona como está definido por la Ley”. Según este artículo, las explotaciones mineras no se pueden realizar en zonas de páramo.
Otra de las voces que se muestra contraria a la puesta en marcha del proyecto es la del exministro de Ambiente Carlos Costa, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 6 de agosto. “Ese proyecto no es viable. Punto. Eso ha estado muy claro desde el principio. Mientras ejercí, me reuní cinco o seis veces con los promotores del proyecto, en algún caso por iniciativa mía, luego por iniciativa de ellos, incluso con delegados de la Embajada de Canadá. Esto es contrario a la ley que modificó el Código de Minas, que promovió el propio gobierno (artículo 3 de la Ley 1382 de 2010)”.
Este concepto se suma al de gremios como Fenalco Santander, cuyo director ejecutivo, Erwin Rodríguez-Salah, fue uno de los promotores de una marcha que se realizó la semana pasada por las calles de Bucaramanga para protestar en contra del proyecto. “Tenemos un deber como gremio y habitantes de esta tierra: evitar que nos contaminen el agua con cianuro. Los verdaderos empresarios piensan a largo plazo, no se quedan en el corto plazo”, sostuvo Rodríguez-Salah.
En la protesta, de la que participaron más de 20 mil personas, también se observaron ciudadanos a favor del proyecto. “Desde que llegaron las compañías, la vida aquí cambió. Todo lo que el Estado colombiano no había hecho en años. Sustituyeron al gobierno. Ocuparon ese lugar que estaba vacío por años de abandono”, explica un poblador de California, uno de los municipios donde se desarrollará el proyecto.
Para la firma Greystar, los temores son infundados, ya que la compañía utilizará en el proyecto “los mejores estándares para la protección del agua. Los planes de manejo del recurso hídrico fueron desarrollados partiendo de los estudios de firmas internacionales de amplio reconocimiento mundial en hidrogeología, hidrología y diseño de pilas de lixiviación, como son: Schlumberger Water Services y Ausenco-Vector”, indica el presidente de la firma, Steve Kesler.
El ejecutivo agrega que Bucaramanga consume en promedio el 20% del caudal disponible en la cuenca del río Suratá, la cual incluye los ríos Vetas, Suratá, Tona y Charta, y que del 80% del agua restante, el proyecto Angostura solamente consumirá en promedio un 0,5%
Sobre el tema también se ha pronunciado el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, quien insiste que se debe partir de dos premisas: “primero, la legislación colombiana es muy clara en el sentido de establecer que en zonas de páramos no puede haber ningún desarrollo minero. En estos momentos se está delimitando la zona de páramo. Y segundo, nosotros tenemos que hacer una minería que sea totalmente responsable. Estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Ambiente y muy pronto estaremos tomando una decisión conjunta en cuanto a la viabilidad ambiental y técnica de este proyecto”.
En el proceso que se debe adelantar para entregar u otorgar la licencia ambiental se deben realizar audiencias públicas con las comunidades afectadas. En cumplimiento de estos requisitos, el próximo viernes se efectuará uno de estos encuentros en el Centro de Ferias de Bucaramanga (Cenfer).
Cabe resaltar que existen antecedentes en los que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha desconocido conceptos técnicos de la propia entidad, por ejemplo, en el caso de la construcción de Puerto Palermo en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Isla de Salamanca, en el departamento del Atlántico. La polémica está servida.
http://www.reclamecolombia.org