Diálogo con Esperanza Salazar, del M4
Nadie escucha. Ni los organismos del Estado mexicano que se presume deberían velar por los derechos de los pueblos indígenas amenazados en sus derechos básicos, ni los que están dedicados a evitar daños ambientales. En el estado mexicano de Colima, el consorcio minero Peña Colorada extrae 16 mil toneladas diarias de materiales para la explotación de hierro mediante uso de grandes cantidades de agua. Para la ampliación de su explotación se plantea expulsar a tres comunidades indígenas Nahua-Otomí y las amenaza con sepultarlas bajo desechos venenosos.
Así lo comentó a Radio Mundo Real Esperanza Salazar, integrante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y acompañante de este proceso que tiene como protagonistas a tres comunidades indígenas y a la minera, de origen ítalo-argentino-indio.
La minera está instalada en el límite entre los estados mexicanos de Colima y Jalisco, en una región con fuerte presencia indígena Nahua y que se encuentra en disputa entre ambas jurisdicciones. Arrienda unas 800 hectáreas de manera ilegal, denominándolo como “ocupación temporal”, territorio en el cual depositan los desechos tóxicos de la extracción minera.
Recientemente, en noviembre de 2012, la ruptura de un dique de contención de esos depósitos generó un fuerte envenenamiento de napas de las cuales la comunidad extrae su agua de consumo, riego y para sus rodeos de animales, relata Esperanza en enlace telefónico.
Lo que está en disputa es la vida de esas comunidades cuyo territorio contiene una de las mayores vetas de mineral de hierro de todos los Estados Unidos Mexicanos, agregó. Una vez más en este caso la estrategia empresarial es transformar a los despojados en despojadores: se ha acusado a las comunidades ante las autoridades ambientales por el delito de tala ilegal de árboles y extracción de maderas preciosas.
En ese sentido el M4 se encuentra promoviendo una acción urgente con destino a la Presidencia de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras instancias oficiales para detener la expulsión de las comunidades Nahua-Otomí a través del volcado de desechos tóxicos tal y como ha amenazado la empresa y reclamar las garantías a sus derechos.
Son más de 40 los integrantes de estas comunidades asesinados y asesinadas en defensa de sus territorios, en tanto existen varias desapariciones, entre ellas la de Celedonio Monroy Prudencio, uno de los indígenas que denunció a traficantes de maderas preciosas y a la empresa Peña Colorada.
Súmate a la Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada.