Cusco: Piden 35 años de cárcel y casi US$ 3 millones contra campesinos

Una prolongada protesta contra la minera Anabi SAC se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2011 y el 5 de febrero de 2012. La población de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) exigía el retiro de la empresa, que tenía una mina en explotación en la comunidad de Pumallacta, distrito de Quiñota. Temían la contaminación del río de la zona.

Hubo movilizaciones, bloqueos, soldadura de puentes, retención de vehículos mineros y un incendio del campamento de Anabi. Según el fiscal, William Solier, en aquella protesta hubo “secuestros”.

Culminado el conflicto, diez dirigentes fueron denunciados por siete delitos: secuestro, violación de domicilio por penetrar en negocio ajeno, robo agravado, destrucción de bienes muebles e inmuebles, contra medios de transporte, contra el normal funcionamiento del transporte público, y disturbios.

No obstante, son dos hechos, atribuidos por el fiscal, los que agravan la situación de los exdirigentes. Se los responsabiliza de prender fuego al campamento “causando grave daño a los bienes muebles e inmuebles de las empresas Anabi SAC, Maya SAC, Solexport, Ajani y Club Anabi”. Según Solier, los manifestantes también “secuestraron” a funcionarios y trabajadores. Los campesinos y sus abogados niegan los cargos, y acusan al Gobierno y la minera de una “criminalización de las protestas sociales”.

Suma de penas

El fiscal Solier consideró que hubo concurso real de delitos. Es decir, siete delitos cuyas penas privativas de la libertad deben sumarse. Así fijó penas que suman 60 años, pero, en cumplimiento del Código Penal (artículo 50), la sumatoria no puede superar los 35 años.

Entonces, los diez acusados podrían ser condenados a 35 años de cárcel. Sus defensores, Sergio Sullca y Ramiro Llatas, cuestionan la “desproporcionada pretensión fiscal” y la falta de un “fundamento” que los culpabilice. “Ni para los peores criminales piden 35 años de cárcel y a nosotros, los campesinos que luchamos por el medio ambiente, nos quieren meter tantos años”, cuestiona uno de los acusados, que prefiere el anonimato.

En efecto, ni el exdictador Alberto Fujimori, autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, recibió una pena de esa dimensión. Inclusive se podría decir que solo Abimael Guzmán, el sanguinario terrorista, sería más peligroso que los exdirigentes chumbivilcanos.

«La conducta dirigencial no debe confundirse con la criminal. Los dirigentes cumplieron con abrir el diálogo entre el Ejecutivo, la minera y la sociedad civil en medio de una protesta; por eso, fueron acusados. Suponer que la sola condición de dirigente es un indicio de conducta delincuencial es criminalizar la protesta”, refirió Sergio Sullca.

Incluso, el gobierno regional, en un comunicado, respaldó a los comuneros y expresó su confianza en que el Poder Judicial garantizará una decisión objetiva e imparcial. Los acusados son Jaime Mantilla Chancuaña, Juan Ataucuri Mancilla, Victoria Quispesivana Corrales, Luciano Ataucuri Chávez y Samuel Acero Hurtado. También son Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Wilber García Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.

“Los denunciados son autoridades locales y dirigentes, opositores a Anabi, promovidos por intereses personales y electorales futuros”, sostiene el fiscal William Solier.

Por otro lado, la reparación civil que pagarían sería millonaria. Si los hallan culpables, darán en forma solidaria S/ 231 000 al Estado y la sociedad, así como a las empresas Muruhuay, Sloj SRL y Solexport, y a sus trabajadores; mientras que US$ 2 577 747 millones a las compañías Anabi SAC y Maya.

Caso tendría sentencia a fines de enero

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cusco tiene la tarea de juzgar este caso. El lunes se desarrollarán las dos últimas audiencias (una por la mañana y otra por la tarde-noche). Dictarán sentencia —sea condenatoria o absolutoria— antes del 31 de enero, porque en febrero empiezan las vacaciones judiciales. Será una sanción en primera instancia.

Cada día que se realizan audiencias, hay plantones de ciudadanos en el frontis de la Corte Superior de Justicia. Piden que los acusados sean declarados inocentes. Los jueces tienen la última palabra.