La poderosa cúpula empresarial de Guatemala rechazó este viernes la iniciativa enviada el miércoles al Parlamento por parte del presidente Otto Pérez Molina, para que se declare una moratoria de dos años a la actividad minera en el país.
Los empresarios, agrupados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), manifestaron en una conferencia de prensa su desacuerdo con en esa medida, la cual calificaron de contraproducente para el desarrollo de esta industria.
La moratoria a la autorización de licencias de exploración y explotación de minas de metales en el país, «atenta contra la certeza jurídica y económica, tan necesarias para la inversión y generación de empleo formal en el país», dijo José Santiago Molina, presidente del Cacif.
Pérez Molina explicó que la solicitud se hace con el fin de que el Parlamento analice la nueva Ley de Minería presentada en septiembre de 2012, la cual establece que los beneficios de la explotación minera se amplíen a toda la zona geográfica donde funcione una mina de metales y no sólo en el municipio donde tenga operaciones la empresa, como es en la actualidad.
La decisión, según Molina, «vulnera innecesariamente el ejercicio productivo de las operaciones existentes», debido a que genera un incremento sustancial de sus costos actuales y «afecta» las inversiones en marcha y las que están proyectadas.
«Esta propuesta del gobierno envía una señal contradictoria al mercado internacional, que va en contra del mensaje sostenido hasta ahora que situaba a la industria extractiva como eje de atracción de inversiones», subrayó el Cacif.
Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el país se han otorgado 75 licencias de exploración de metales y 32 de explotación.
La cartera también tiene 337 solicitudes de empresas interesadas en explorar la existencia de esos metales y otras 15 de explotación, las cuales quedarían en suspenso si prospera en el Congreso el planteamiento del Ejecutivo.
Pérez Molina señaló el pasado martes que la industria minera es un motor para el desarrollo que genera empleo y contribuye a luchar contra la pobreza y la desnutrición en Guatemala, pero reconoció que «no es esa una solución a esta problemática».
Los empresarios exhortaron al Congreso a «no aprobar esta iniciativa», que «pone en entredicho» la certeza jurídica que Guatemala requiere para atraer inversión de calidad mundial y frena proyectos esenciales de inversión internacional en el país.
El otorgamiento de licencias para la explotación de minerales en Guatemala ha sido motivo de constantes conflictos sociales debido a la oposición de organizaciones indígenas y campesinas que critican la contaminación del ambiente en sus comunidades.