Redacción Contrapunto 05 de Febrero del 2017
Foto: Archivo ContraPunto
La empresa minera debe pagar $8 millones al Estado salvadoreño antes del 14 de febrero
La empresa OceanaGold, que en 2013 adquirió a Pacific Rim, tiene hasta el 14 de febrero para determinar si pagará una compensación de $8 millones al Estado de El Salvador, como lo ordenó el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial (BM), en octubre pasado.
El CIADI establece un margen de 120 días para que se revisen sus resoluciones, plazo que fue tomado por OceanaGold para decidir si cumplirán el laudo, o presentan un recurso de nulidad.
El Salvador ganó el litigio a la minera Pacific Rim/Oceana Gold, demanda que había sido interpuesta, en 2009, por la empresa en la que solicitaba que el Estado pagara cerca de 250 millones de dólares como indemnización por no permitirle explotar la mina El Dorado en San Isidro, Cabañas.
Fue en 2002 que la empresa inició las labores de exploración en la mina después de haber adquirido los permisos, pero ya no recibió la autorización para realizar la explotación.
Ya en 2012 el CIADI resolvió que Pacific Rim/Oceana Gold no podía ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) para continuar con la demanda. Sin embargo el proceso legal sí pudo continuar porque la empresa minera se amparó en el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.
El Laudo, establece que Pacific Rim fue incapaz de refutar la evidencia presentada por El Salvador, y no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería que exige la legislación salvadoreña.
Presentarán anteproyecto de ley contra la explotación minera
El Arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, reveló este domingo que en conjunto con la Universidad José Simeón Cañas (UCA), presentarán ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que prohíba la explotación minera en El Salvador.
El jerarca aseguró que la finalidad es proteger a la población, fauna y flora del impacto de la explotación de los recursos a cielo abierto. Remarcó que los sectores que presentarán la propuesta esperan los legisladores den “curso positivo”, para evitar estas prácticas.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento, además de la contaminación de otros recursos.
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