En días pasados (26/X/2012), el matutino “La Patria” publicaba entre sus páginas, la reacción de uno o algunos “dirigentes mineros” que según la nota, se habría sostenido en nombre de la FSTMB una reunión con la primera autoridad política del departamento de Oruro exigiendo la “destitución de funcionarios de la gobernación”. A este respecto, el directorio de la CORIDUP previa consulta a las comunidades afectadas por la minería y verdad en mano, tenemos a bien expresar nuestros puntos de vista en defensa de la Madre Tierra.
NO TODOS SOMOS MINEROS
De toda la fuerza laboral del Departamento de Oruro, asumamos que un tercio son compañeros trabajadores mineros (asalariados y/o cooperativistas). Consiguientemente, estamos hablando de uno de los sectores más importantes de la economía regional y por supuesto nacional; este reconocimiento no sería completo si no afirmamos que tiene una cualidad particular, y es que su efecto es multiplicador. Así como sostenemos ésta primera afirmación, estamos seguros que nadie que sepa de minería, se atreverá a negar su condición de “trabajo riesgoso y sacrificado”. Entonces, queda establecido de que estamos hablando de uno de los sectores más pujantes de Oruro y el país en su conjunto. Pero, no todos somos mineros.
Un segundo sector importante de nuestra economía, es el comerciante. Cuánto foro, cuánto coloquio o cuanto seminario sobre la economía de Oruro nos ha afirmado que el comercio se ha constituido en otro resorte decisivo de nuestra economía. Es elemental preguntarnos aquí: cuando se presenta una baja en la cotización de los minerales, ¿quiénes evitan que naufrague nuestra economía? Cuando por alguna razón los gremiales se movilizan, vemos las filas interminables de mujeres y hombres que se dedican al comercio, ¿acaso esto no nos dice nada? Negar este extremo, es simplemente negar la realidad.
Un tercer sector, al que generalmente se le ha quitado méritos, es el agropecuario. Campesinos que se dedican a la siembra y al pastoreo y que generosamente aseguran que los productos que consumimos a diario lleguen a nosotros. Son los que subvencionan los alimentos que llegan a nuestra mesa. Producen nuestros alimentos cuidando la tierra. Como se ve, no todos dependemos de la minería.
En el aparato productivo en general, cada sector juega un rol importante, unos con mayor incidencia que otros, pero importantes al fin. Cada sector constituye un engranaje de ese aparato que mueve la economía regional y nacional. Entonces, ¿será justo que algún sector se arrogue la representación de todo el pueblo?.
LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
Todos los actos de la CORIDUP fueron y son públicos, y por lo tanto, transparentes. Desde los años 2002 – 2003, las demandas de las comunidades afectadas por la minería fueron impetradas a la autoridad ambiental competente siempre dentro el marco de la Ley. Cuando la cotidianidad de la labor agropecuaria nos dice que la tierra y el agua no son las de antes y están contaminadas, en lugar de arremeter, en lugar de conflictuar, se optó por allanar el camino de la legalidad en base al diálogo.
Fue entonces que comprendimos que la manera de parar de sufrir la contaminación, no estaba en el enfrentamiento con los trabajadores mineros, sino en hacer cumplir la Ley, entendiendo y haciendo entender que el cuidado del medio ambiente, no es una carga más a la economía de nuestros compañeros mineros, sino que es una INVERSIÓN.
Todo lo que se ha hecho hasta hoy, es pedir que se cumpla la ley. Aquí, a partir del Art. 33 de la Constitución Política del Estado, se puede enumerar todo un rosario de artículos de la normativa ambiental con que cuenta el país.
Y lo que se ha pedido a esos funcionarios públicos, hoy por hoy “acusados” por los compañeros mineros de “favorecer a las ONGs”, es que dichos funcionarios cumplan y hagan cumplir la ley y nada más que la ley. Si a ti te contratan para el trabajo en una panadería, es para que hagas o ayudes a hacer panes, no puedes hacer adobes o simplemente no hacer nada. Lo propio, si se contrata a profesionales afines al rubro ambiental, o concretamente para cumplir con los objetivos institucionales de la oficina de Medio Ambiente y Madre Tierra dependiente de la Gobernación de Oruro, es simplemente para que cumplan y/o hagan cumplir la normativa medio ambiental con la que cuenta el país.
Quienes podríamos solicitar la destitución de los “cuestionados” funcionarios, somos las comunidades afectadas por la contaminación minera. No por una “supuesta parcialización”, sino porque hasta hoy, en algo más de 10 años de gestión ante la Secretaría de Medio Ambiente departamental, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y su Viceministerio, no se ha logrado que la contaminación por lo menos baje; no se ve resultados.
Recurrir al fácil expediente de “pedir destitución”, ignorando la responsabilidad ambiental de los operadores mineros, dejando de lado o ignorando los derechos humanos de dichos funcionarios, es obrar por consigna, donde la razón está por demás. Si se afirma que no están en contra del medio ambiente y que se obre en consecuencia, que se diga cuál de las empresas mineras en Oruro cumple con las normas del medio ambiente. Que de una vez por todas, se dé el gran salto del discurso a los hechos. Solo así tendremos la certeza de que fue la FSTMB la que se expresó en torno al medio ambiente, y no algún dirigente que se preste a los intereses empresariales.
CONTROL SOCIAL
La visión y la altura política de la dirigencia minera siempre estuvo presente en la FSTMB. Por eso sorprende de sobremanera, cuando uno o unos dirigentes empiezan a inquietarse porque se habrían “anoticiado” de que tanto a la CORIDUP como al CEPA y LIDEMA se les habría reconocido como instancias de CONTROL SOCIAL. Dejemos las cosas en claro: la figura del Control Social es un DERECHO que otorga la Constitución Política del Estado a todas las/os ciudadanas y ciudadanos bolivianos. Art. 241.- establece: “ I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. II. La sociedad civil organizada ejercerá el Control Social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. ….” EL CONTROL SOCIAL, NO ES UNA DÁDIVA DE NINGÚN SECTOR EN PARTICULAR.
En muchas ocasiones, como organizaciones del campo, sufrimos incomprensión por esta clase de afirmaciones, pero se debe saber que nuestra conciencia viene de cuidar y tratar, día tras día, la madre tierra. Nuestra lucha seguirá mientras haya contaminación.
CORIDUP