Carlos Salazar FernándezLa transnacional Infinito Gold anunció en Calgary, Canadá, que exige al Estado de Costa Rica el pago de una indemnización por $1.092 millones, si el gobierno no permite el desarrollo minero de oro a cielo abierto en Crucitas, en la Región Huetar Norte.
En un comunicado emitido por la Casa Matriz de Infinito Gold, firmado por su presidente John Morgan, aseguró que notificó hoy 4 de abril al Gobierno de Costa Rica que tiene un plazo de seis meses, hasta el 4 de octubre próximo, para pagar la indemnización.
Caso contrario, indicó, el asunto será llevado a un tribunal arbitral internacional, ya que dice haber invertido $92 millones de dólares y asegura que existe incumplimiento de Costa Rica con el Tratado de Libre Comercio con Canadá, principalmente en el acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones, conocido como «Tratado de Inversión Bilateral».
Morgan aseguró que Infinito Gold ha notificado a la República de Costa Rica de conformidad con el artículo XII del Tratado Bilateral de Inversión, sin embargo, “ha invitado a ese país a resolver este litigio de forma amistosa de conformidad con el artículo XII (1) del mismo Tratado”.
Infinito Gold aclaró que la notificación a Costa Rica “no constituye la apertura de un procedimiento de arbitraje formal, sin embargo, si la controversia no pudiera ser resuelta, Infinito Gold está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para perseguir sus deseos en un arbitraje amparada en el Tratado Bilateral de Inversiones”.
A pesar de que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anularon los permisos, por ser obtenidos ilegalmente, Infinito Gold insiste en que había completado todos los estudios ambientales, sociales y técnicos y aprobaciones requeridas, según las leyes de Costa Rica, para desarrollar y operar el proyecto Las Crucitas.
En febrero de 2008, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), aprobó el Estudio de Impacto Ambiental modificado mientras que en mayo de 2008, el Ministerio de Ambiente y Energía confirmó la Concesión de Explotación, según el directivo Morgan.
Recordó que posteriormente, el 17 de octubre de 2008, el entonces presidente Oscar Arias emitió un decreto presidencial que declaraba el Proyecto Crucitas de interés público y conveniencia nacional, “lo que permitió el cambio de uso de suelo y despejar el sitio para comenzar operaciones”.
A raíz de ese decreto ilegal, anulado por la justicia costarricense, la empresa minera ha sido condenada a pagar más de diez millones de dólares por destruir unas 300 hectáreas de rico bosque tropical, a tres kilómetros del río San Juan, Fronterizo con Nicaragua.
Infinito Gold defiende que el 16 de abril de 2010, en respuesta a una solicitud de un grupo de ambientalistas, que fue respaldado por más del 90% de la población, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que todo era legal.
Recordó también que a pesar de la sentencia de la Sala IV el proyecto Crucitas fue anulado por una decisión adoptada inicialmente el 24 de noviembre de 2010 por un tribunal de primera instancia de Costa Rica, el Tribunal Contencioso Administrativo, y confirmada la sentencia el 30 de noviembre de 2011 por la Sala Primera.
El comunicado de Morgan reclama que la Sala Constitucional aún no ha respondido una solicitud de anular la jurisprudencia utilizada por el TCA. Indica que el caso no ha sido resuelto y por ello “Infinito Gold se encuentran en un vacío legal, y sufre dos decisiones contradictorias, sin fundamento, en el ordenamiento jurídico costarricense”.
Comunicación
Entre tanto, en San José, la empresa anunció que la notificación fue entregada este mismo día a la Ministra de Comercio Exterior (COMEX), Anabel González Campabadal, donde le plantea una serie de incumplimientos en relación con el proyecto Crucitas.
La Vocera de Infinito Gold, Yokebec Soto informó que esta gestión invita al Estado a resolver la disputa de forma amistosa. Sin embargo, de no llegarse a un arreglo satisfactoria para ambas partes se continuaría con lo dispuesto en el Tratado Bilateral de Inversiones.
“La empresa estima que su inversión a la fecha, en las etapas de exploración y explotación minera ascienden a la suma de US$92 millones de dólares y que la cifra dejada de percibir por no desarrollar su actividad se calcula en la suma de mil millones de dólares americanos”, añadió.
Para la portavoz de Infinito Gold, “a lo largo de las dos décadas que ha trabajado diligentemente para desarrollar el proyecto Crucitas, Infinito ha cumplido de buena fe con sus obligaciones de acuerdo a las leyes de Costa Rica con la confianza legítima de que sería tratada de manera justa y transparente”.
Reacciones
Para el abogado ambientalista, Álvaro Sagot Rodríguez, miembro del equipo de juristas que ganó el juicio a Infinito Gold en el TCA y Sala Primera, la propuesta de la minera es ilegal, “el Gobierno no puede pagar, ya que actualmente la minería de oro a cielo abierto está prohibida en Costa Rica”.
“Para que la empresa negocie con el Gobierno directamente habrá que crear una ley que beneficie a la minera, y eso es ilegal, es inconstitucional”, preciso Sagot ante consulta de Elpais.cr.
Tras considerar el anuncio de Industrias infinita “como una acción llena de cinismo, de amenazas,” dijo que “no tendrá cabida en un arbitraje”.
Sagot explicó que primero los jueces le preguntarán a la empresa si se pudo defender en Costa Rica, si tuvo un juicio normal, si pudo utilizar a sus asesores y peritos, “y tendrán que decir que sí”.
Por otra parte, el abogado ambientalista sostiene que Infinito Gold “no podrá demostrar la legalidad de los permisos, ya que fueron obtenidos ilegalmente y así se determinó ante el Tribunal Contencioso Administrativo”.