15 de Diciembre 2011
Varias organizaciones civiles criticaron hoy la «poca transparencia» en los estudios de impacto ambiental de algunos proyectos mineros suspendidos en Perú, al evitar señalar los riesgos que corren las fuentes naturales de agua frente a la explotación de metales.
La portavoz de la organización Cooperacción, Mary Luz Chávez, explicó en una rueda de prensa las principales conclusiones de un informe sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Tía María, suspendido en abril pasado por el Gobierno después de una protesta que dejó tres muertos en la provincia sureña de Islay.
«Nuestra preocupación es la repercusión que existirá en las aguas subterráneas del valle (del río Tambo) con este tipo de explotación de minerales y la poca transparencia que hay en el estudio de impacto ambiental», dijo Chávez.
Según la ingeniera, falta un estudio ecológico, lo cual se refleja en la «poca visualización de los verdaderos impactos ambientales que habrán si se retomara el proyecto Tía María», además del riesgo a la agricultura y al ecosistema.
El proyecto Tía María suponía para la empresa Southern Copper, de capitales mexicanos, una inversión de 949 millones de dólares y tendría capacidad para generar 120.000 toneladas anuales de cobre durante los 20 años de vida útil que se le estimaba a la futura mina.
No obstante, Southern está decidida a reactivar el proyecto y ha enviado al Gobierno peruano la respuesta a una serie de críticas hechas a su estudio de impacto ambiental para resolver el conflicto.
A diferencia de Tía María, el Gobierno exigió en noviembre a la empresa aurífera Yanacocha que suspenda el proyecto Conga en la región Cajamarca por las protestas de los pobladores y su estudio de impacto ambiental será sometido a un peritaje internacional.
Por su parte, el activista medioambiental y representante de la organización Grufides, Marco Arana, dijo que «el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María no cumplió con evaluar los verdaderos impactos que se darán en este valle».
«Los EIA se han convertido en una suerte de trámite formal y no de instrumento de medición del impacto ecológico», añadió.
En tanto, el presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, Julio Gutiérrez, pidió al Gobierno y específicamente al ministro de Energía y Minas que escuche el reclamo de su pueblo.
«Nunca el valle El Tambo se ha negado al diálogo, nuestra lucha quedará marcada para la historia y este informe significa que nosotros queremos vivir de la agricultura», dijo Gutiérrez al insistir en el rechazo a la minería y defensa del agua para uso en la agricultura.
Los organizadores señalaron que la presentación del informe permite, además de analizar el proyecto Tía María y otros casos como el del proyecto Conga, hacer un balance de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA) como instrumentos de gestión cuyas inconsistencias y limitaciones han sido puestas en evidencia por parte de los últimos conflictos socioambientales de origen minero. EFE