Neftalí Reyes Méndez y Armando de la Cruz Cortés
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios / Rema / M4
La defensa contra la minería en México es una cuestión de vida o muerte, así lo manifestó la Red Mexicana de Afectados por la Minería en un comunicado emitido en el aniversario del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, quien desde 2008 denunció las violaciones a derechos humanos y la contaminación ambiental de la empresa minera Fortuna Silver Mines, en el estado de Oaxaca.
Actualmente las empresas mineras instaladas en México cuentan con los recursos legales, políticos y mediáticos para la imposición de proyectos en territorios de comunidades indígenas, campesinas y rurales. Existe en México un marco legal que favorece la inversión privada en detrimento de los derechos colectivos de dichas comunidades.
Los actores que se encuentran en legítima oposición se enfrentan a un aparato burocrático judicial lento e ineficiente, lo cual no garantiza el acceso a un debido proceso y a la administración de justicia. No encuentran canales institucionales a nivel federal, estatal o municipal para la resolución de conflictos, sobre todo en los impactos derivados de la implementación de proyectos mineros en las dos décadas recientes.
El aparato gubernamental encargado de respetar, promover y garantizar los derechos de las comunidades existentes en el territorio nacional favorece los intereses privados de empresas extranjeras, que en complicidad con los gobernantes, criminalizan las acciones de defensa de los pueblos y defensores del territorio, fabricando calumnias y delitos, y con hostigamientos, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.
En México se registra un sinfín de actos de criminalización de movimientos. En San Luis Potosí han recibido agresiones físicas y amenazas de la empresa minera New Gold, en Puebla indígenas totonacas son amenazados por negarse a vender sus terrenos a Grupo México y en Chiapas la minera Black Fire es acusada de haber asesinado a Mariano Abarca en 2009. También está la situación de Chihuahua, donde fueron asesinados Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís en 2012, y se sabe de los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez en Oaxaca. En todos estos casos hay evidencias contundentes de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde el común denominador es que están directamente relacionados con proyectos mineros.
En el caso de Bernardo Vásquez Sánchez, originario de una comunidad zapoteca en Oaxaca, ingeniero agrónomo de profesión y preocupado por la contaminación del medio ambiente, por el territorio y por el deterioro del tejido social en su comunidad, fue nombrado por su asamblea como portavoz para denunciar las violaciones a sus derechos perpetradas por la empresa minera. A partir de ese momento, levantó su palabra a nivel estatal, nacional e internacional; Bernardo se enfrentó con un marco legal ineficiente marcado por la complicidad de las autoridades estatales y municipales con la empresa minera, y resistió una serie de calumnias, difamaciones y amenazas. Tuvo que realizar una doble defensa: la de su pueblo y la de su vida.
La criminalización es una práctica de las empresas para despojar a las comunidades de sus territorios con los menores costos económicos posibles. Consiste en deslegitimar a los movimientos en resistencia, colocando a las y los defensores como opositores al desarrollo, y a las compañías mineras como redentoras de los pueblos y comunidades con proyectos “de avanzada”, impulsados para promover el empleo en las regiones y combatir las condiciones de pobreza en las comunidades. Sin embargo, sus prácticas se caracterizan por generar divisiones y confrontaciones comunitarias, rompimiento del tejido social, represiones, incremento de violencia, desalojos forzosos, contaminación del medio ambiente, actos de corrupción, hostigamientos, agresiones y asesinatos. A cambio, las dádivas otorgadas por las empresas a las comunidades, representan entre uno y tres por ciento de sus ganancias totales.
No existen mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos. Las amenazas, agresiones y asesinatos en la mayoría de los casos son perpetrados por grupos armados contratados por las empresas mineras; en Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, entre otros, se ha documentado la presencia de grupos de choque y/o armados con el objetivo de amedrentar y confrontar con actos de violencia a movimientos, organizaciones y comunidades que se oponen a los proyectos mineros. Las autoridades estatales y federales argumentan que los problemas han sido generados por intereses políticos locales, religiosos, municipales y agrarios, pero los problemas tienen su raíz en la imposición de proyectos de extracción de recursos minerales. En este contexto, las amenazas contra defensores y defensoras del territorio no cesan, por el contrario, en el años 2012 se incrementaron. La acción del Estado en materia de derechos humanos es cada vez más ausente.
Justicia para las comunidades afectadas por proyectos mineros. Ante este panorama, las exigencias de las comunidades afectadas, organizaciones civiles y sociales, estudiantes, campesinos, indígenas y académicos, continuamos exigiendo justicia. Mientras las autoridades federales sigan autorizando concesiones a las empresas mineras que despojan a los pueblos de sus territorios, las violaciones a los derechos humanos irán en incremento.