Una de las reformas de mayor trascendencia en la vida del país ha sido la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que la madrugada del viernes terminó de votar la Cámara de Diputados.
No para allí su proceso legislativo, porque éste continuará en la Cámara de Senadores, cuya asamblea plenaria está emplazada a refrendar o regresar. Y si la refrenda, entonces deberá partir en un periplo legislativo hacia los 31 Congresos estatales, adonde tendrán que aprobarlo un mínimo de 16 de ellos. Entonces, cuando suceda, la Cámara de Diputados seguramente se dará por enterada y enviará la reforma de marras al Ejecutivo Federal, parara que éste ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación y así entre en vigor.
Pero, ¿qué cree, lector, lectora? Esto no concluye allí, porque entonces el Congreso de la Unión deberá atender las reformas a las leyes secundarias que de tal reforma constitucional emanen. Y para ello tendrá 180 días de plazo a partir de que entre en vigor con su publicación en el periódico oficial del Estado mexicano.
Diputados federales como el zacatecano Adolfo Bonilla Gómez, han afirmado este lunes que hay cuando menos cuatro leyes secundarias que deberán ser reformadas, para ponerlas al corriente con la nueva conceptualización jurídica de la reforma constitucional de marras.
Las cuatro serán la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley Federal de Competencia Económica. Y tales reformas a leyes secundarias, previsiblemente se realizarán a partir del siguiente periodo ordinario de sesiones, el que va de septiembre a diciembre.
Por vía de mientras, el Senado tiene la palabra. Y ha comenzado a resentir ya la fuerte presión de las televisoras, concretamente Televisa, ese poder fáctico que ha sido capaz de retorcer leyes y decisiones políticas en todos los territorios de los poderes de la Unión y los llamados autónomos.
¿Los senadores serán capaces de resistir la andanada televisiva? Veremos qué sucede en los días por venir.
El palacio legislativo de San Lázaro, lugar así llamado en memoria a la antigua estación de ferrocarril de la Ciudad de México, comenzó a desolarse este lunes 25 de marzo, luego de que el jueves, quienes controlan a la Cámara de Diputados –los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD- dispusieron que esta semana no haya una sola asamblea ordinaria, y se han citado para el martes 2 de abril.
Una de las reformas que presumiblemente será consensuada durante abril será la relativa a la Ley de Explotación Minera, en la que la diputación priísta ha planteado que las compañías mineras del país aporten a las comunidades donde están instaladas el 4% de los impuestos.
De hecho, hace una semana fue instalada la Comisión Especial de Minería, en torno de la cual la Cámara de Diputados ha comenzado a reunir en cabildeo a quienes integran el sector minero.
Han comenzado a desfilar por allí representantes de compañías mineras de Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Sonora, Chihuahua y Oaxaca. Y, hasta el momento, nadie se ha opuesto al parecer a la propuesta de que el 4 por ciento de sus impuestos sean entregados a las comunidades adonde tienen sus minas respectivas, para que quienes radiquen y sean oriundos de allí los ejerzan para obras sociales.
El sector de la minería en México no ha sido nunca una pera en dulce; más bien es como una papa caliente, porque es un sector atiborrado de compañías poderosísimas, capaces de torcer el brazo a cualquier autoridad ya no digamos municipal ni estatal, sino federal incluso, como sucedió en los tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyos gobiernos fueron, a ojos vistos de todo el mundo, agachones y cómplices de compañías mineras, como las ya tristemente famosas de Grupo México, de los Larrea. El caso Pasta de Conchos y Cananea quedaron en calidad de emblemáticos de cómo un gobierno puede aliarse a los intereses de compañías con gran poder económico, en detrimento de la gente de a pie; es decir, los trabajadores.
Diputados identificados con Morena anunciaron que comenzarán una huelga de hambre hasta que sea liberado Felipe Rodríguez, un líder en el Estado de México que fue detenido el viernes en la ciudad de Toluca, luego de un mitin y acusado de atentar contras las vías de comunicación…
Han comenzado a criminalizar la protesta social, han advertido los diputados de la izquierda.