Durante una visita de cuatro días a los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, la Defensoría del Pueblo comprobó una vez más los estragos que sigue ocasionando la minería ilegal en esa región del país.
En el recorrido hecho por las Defensorías Delegadas para los Indígenas y las Minorías Étnicas, para los Derechos Colectivos y del Ambiente, y por la Defensoría Regional en ese departamento, funcionarios de la Institución evidenciaron la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado y sus aguas profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas para el proceso de separación y recolección del oro.
La comisión desplazada a la zona fue testigo del inminente riesgo en que se encuentran los barequeros (entre quienes hay mujeres cabeza de familia y menores de edad), ante la posibilidad de un derrumbe o accidente como los registrados el año pasado en Santander de Quilichao y Timbiquí, donde se produjo la muerte de más de 20 personas.
Así mismo, y como resultado de reuniones realizadas para vigilar el proceso consultivo con las comunidades, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento sobre nuevas amenazas contra líderes sociales a través de mensajes de texto que llegaron a sus teléfonos celulares sentenciándolos a morir si insisten en oponerse a la irrupción de la minería mecanizada ilegal. Cabe recordar que en días pasados la Defensoría había advertido sobre las intimidaciones proferidas por dos hombres en motocicleta contra una de las mujeres que el pasado 12 de diciembre participaron en la firma de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional. Preocupa particularmente que esas amenazas se han extendido a otras integrantes del grupo que marchó hacia Bogotá el 28 de noviembre del año pasado, y algunos de sus hijos menores de 18 años.
Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo solicitó agilizar la activación de una ruta de emergencia para garantizar la protección y los derechos de estas personas, a la vez que insistió en la importancia de dar cumplimiento a los acuerdos producto del proceso de negociación adelantado con las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca.
En su visita de esta semana, la Defensoría evidenció cómo a pesar de que la Corte Constitucional mediante sentencia T-1045 de 2010, ordenó la suspensión del desalojo a las comunidades que practicaban la minería artesanal en el corregimiento de La Toma, así como la realización de una consulta previa con los debidos protocolos y la suspensión inmediata de la explotación aurífera en el área, la minería ilegal toma fuerza con la participación de al menos 15 retroexcavadoras y 200 trabajadores que con su actividad deterioran el medio ambiente y acaban con la práctica de barequeo ancestral que caracterizaba la región.