Por Juan Nicastro
11/09/2010. «Después de haber compartido diversas experiencias entre afectados en Bolivia y del Perú, Argentina y Ecuador, las organizaciones sociales resolvieron también que el debate sobre la problemática minera baje a las bases de las organizaciones existentes para que las mismas puedan empoderarse de la temática en el país y que se desarrollen más encuentros de los afectados a través de debates públicos, coloquios, mesas de diálogo, seminarios, talleres, que les permita acercarse a los medios de comunicación para expresar los pros y contras de los proyectos mineros y los problemas sociales y ambientales con el apoyo de las gobernaciones y municipios», aseguró Pelaez
«Otras de las importantes conclusiones exigen la participación de las comunidades y organizaciones de afectados por la minería en la elaboración de la nueva normativa ambiental y del sector y exigen la presencia de representantes de gobierno con poder de decisión y ejecución en sus lugares de origen para expresar y denunciar los problemas que genera la contaminación minera», para lo que cada departamento debiera contar con una Unidad de Gestión y Fiscalización Ambiental», acotó.
A tiempo de demandar «acceso a la información transparente de control y fiscalización de empresas mineras y gobierno, así como los nuevos contratos, las comunidades exigen respeto al proceso de consulta a las comunidades y pueblos originarios como establece el Convenio OIT 169 ratificado mediante Ley 1257 y la Ley 3670 y el cumplimiento de leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, resoluciones y normas referentes a la protección ambiental», aseguró el delegado de la Comisión Minero Ambiental.
Así mismo, el encuentro nacional de comunidades de afectados por la minería «rechazó la utilización de productos químicos como cianuro, mercurio y otros reactivos tóxicos en la minería y exigió la emisión de una ley de prohibición para el uso de dichos reactivos, para lo que proponen un control social participativo desde las bases hasta el gobierno central», aseguró Pelaez.
Al plantear que se gestione el cumplimiento en la remediación de los pasivos ambientales a nivel departamento y comunidades, las resoluciones del encuentro exigen que toda operación minera construya su propio dique de colas y la planta de procesamiento de acuerdo a la normativa que exige la ley y implementen un plan de remediación de la biodiversidad y el cumplimiento de la ley de prioridad nacional para la reforestación de los departamentos afectados por la actividad minera.
«La resoluciones incluyen globalizar la lucha contra la contaminación exigiendo la atención al medio ambiente y la madre tierra y exigir al Estado aplicar el paradigma del «Vivir Bien» frente a la minería, además de advertir que de no atenderse las demandas planteadas en la presente significará atentar a las generaciones futuras de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado», concluyo.