I. Introducción al conflicto territorial de Azacualpa
A. El origen del conflicto territorial en Azacualpa. Los acuerdos y confrontaciones entre la población y las empresas mineras
La comunidad de Azacualpa en el municipio de la Unión, departamento de Copán, Honduras, es escenario de un conflicto territorial constante y de largo aliento. Tiene sus orígenes en 1998, cuando en la zona inició operaciones la compañía minera Greenstone Minerals, de capital canadiense (Orellana Peña, 2016). La problemática en Azacualpa evidencia las implicaciones de la actividad minera en los territorios de Honduras, bajo una política estatal que promueve el extractivismo de forma desmedida.
Prueba de lo anterior son las acciones de destierro que provocó la minera en sus primeros años de operación. Esta empresa minera generó el desplazamiento de tres aldeas en el municipio: San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa. En el caso de San Andrés, la empresa minera gestionó con el Gobierno la reubicación total de la comunidad. Mientras que, en el caso de San Miguel y Azacualpa, el desplazamiento fue parcial (CESPAD, 2017).
Estos desplazamientos han tenido enormes consecuencias para las comunidades. En los últimos años, la dinámica de la contienda territorial ha estado marcada por las intenciones de la empresa, ahora denominada Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), para explotar un cerro en donde se ubica el cementerio general de Azacualpa, que cuenta con una antigüedad de doscientos años.
De esta manera, la empresa, junto con las secretarías de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) y de Salud, han realizado esfuerzos reiterados por exhumar la totalidad de los cuerpos en el cementerio de Azacualpa. Estas entidades han contado, a su vez, con el resguardo de las empresas de seguridad de la empresa y elementos del orden público (policías y militares) de Honduras.
De forma paralela a estas acciones, el Comité Ambientalista y de Derechos Humanos de Azacualpa, ha sido la organización que, desde el 2015, ha logrado posicionar la problemática ante los medios de comunicación, el Gobierno de Honduras y la comunidad internacional (CESPAD, 2017). En consecuencia, este sector ha exigido al Gobierno de Honduras las garantías para el respeto de sus bienes, su dignidad y sus vidas.
No obstante, lo anterior, la situación en Azacualpa es relevante por las complejas relaciones establecidas entre los principales actores en el conflicto, es decir, la empresa minera, el gobierno local y las organizaciones sociales. Conviene apuntar que la empresa minera ha realizado acciones sistemáticas para generar división en la comunidad, mediante actos de intimidación, coacción, amenazas y compras de conciencia de algunos liderazgos, e incluso ha ofrecido dinero aprovechándose de la necesidad de los pobladores en uno de los departamentos con mayor pobreza extrema en Honduras (CESPAD, 2017).
Por otra parte, las demandas de los pobladores no han sido escuchadas en las instituciones estatales, lo que ha conllevado a que realicen medidas de presión como los plantones y la obstaculización de las vías que dan acceso a la empresa. Como consecuencia, la empresa minera, en complicidad con la institucionalidad local y estatal, ha emprendido sistemáticamente procesos de persecución penal y judicial orientados a criminalizar a los pobladores que defienden el territorio.
Finalmente, es válido hacer notar que esta problemática no solamente se debe a la falta de acuerdos entre las partes involucradas en el conflicto, sino que como se concluyó en el Foro Dignidad Humana y Explotación Minera realizado en abril de 2019[1], los pobladores de Azacualpa son víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
B. Impactos de la concesión en Azacualpa
La concesión minera ha tenido numerosos impactos ambientales, políticos y sociales en la comunidad de Azacualpa. Como se mencionó en apartados anteriores, la empresa minera provocó, inicialmente, el desplazamiento forzado de tres aldeas en el municipio La Unión (San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa).
La actividad de esta empresa minera también ha generado enormes y graves impactos ambientales que comprenden la deforestación de la flora, el daño del paisaje visual, la explotación de los recursos naturales, extinción de la fauna, contaminación del agua, las consecuencias del acarreo de materiales y la destrucción de los espacios (Orellana Peña, 2016).
Asimismo, de acuerdo con investigaciones periodísticas en el municipio de La Unión, existen 37 casos documentados clínicamente cuyos resultados reflejaron la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera (radioprogreso, 2017). En definitiva, la situación en la comunidad de Azacualpa es muy compleja, pues ha tenido que enfrentarse a enormes daños sociales y ambientales, careciendo del apoyo de la institucionalidad local y estatal para la resolución de sus demandas.
Una vez visto este panorama, en el presente análisis se propone realizar un abordaje a la problemática en esta comunidad teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto y los actores involucrados; las demandas y posicionamientos de los actores y, además, se propone realizar un análisis de la correlación de fuerzas de los involucrados. Finalmente, en el último apartado, se aporta los posibles escenarios que podrían presentarse en un corto y mediano plazo en la comunidad de Azacualpa, Copán.
II. Coyuntura: La exhumación de los cuerpos y la criminalización de la lucha territorial en Azacualpa
A. Dinámica de la contienda política en el conflicto de Azacualpa
El actual conflicto territorial en Azacualpa, es un conflicto socio-político y ambiental motivado por las acciones de la empresa minera MINOSA que, en su afán de extraer y explotar los bienes comunes, ha destruido la biodiversidad y ecosistemas de la zona, y por si eso no fuera suficiente, ha despojado a las familias de los camposantos, donde han estado enterrados sus deudos, por más de doscientos años.
Aunque el conflicto en la zona es de larga data, se ha vuelto a agudizar a partir del 2018, cuando la empresa MINOSA, junto con la Secretarías de Estado vinculadas al conflicto (MiAmbiente-Salud), con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad pública y privada, retomó (febrero y marzo del 2018) la exhumación de los cadáveres ubicados en el cementerio de Azacualpa. Hasta ese entonces se habían realizado 126 exhumaciones.
Este proceso no contó con el respaldo de la mayoría de los pobladores. Tal como lo menciona un miembro de la comunidad: “Desde el 2015, en Cabildo Abierto, la comunidad de Azacualpa ratificó que no daba autorización para que la empresa explotara el Cerro… y el 60% de las familias se mostraron en contra de la exhumación de los cadáveres”[2].
En mayo del 2018, las familias que se oponían a las exhumaciones, junto con los sectores organizados de la comunidad aglutinados en el Comité Ambientalista de Azacualpa, se tomaron el cerro El Cementerio como una acción de protesta. El cerro posee un terreno inestable con riesgo potencial de derrumbamiento, es decir que cualquier excavación que se realice aterraría por completo al cementerio y conllevaría a que la comunidad fuera desplazada totalmente hacia otra zona.
Consecuentemente, las acciones de la comunidad trascendieron del espacio territorial al regional y, entre los meses de mayo y junio, presentaron dos amparos ante un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, como una estrategia legal para que la empresa detuviera el proceso de exhumaciones. De forma sorpresiva, el amparo resulto favorable a la comunidad y MINOSA se vio en la obligación de detener las exhumaciones y las labores de explotación en el cerro El Cementerio.
No obstante, la resolución no fue del agrado de la élite extractivista y entre los meses de julio, agosto y septiembre, MINOSA pasó de la defensiva a la ofensiva actuando en tres direcciones:
En primer lugar, la empresa implementó campañas de estigmatización y desprestigio contra líderes de la zona y de organizaciones acompañantes (pancartas mostrando nombres como ASONOG, MADJ y CIPRODEH). Asimismo, acciones de violencia contra líderes, que fueron agredidos verbalmente y físicamente.
La segunda acción implicó quela empresa promoviera “contra- movimientos”, con los pobladores que estaban a favor de la explotación minera en la comunidad, quienes a través de bloqueos/tomas de carreteras demandaban que el Juzgado revocara el fallo que impedía las exhumaciones.
En tercer lugar, la empresa minera puso en marcha un fuerte proceso de división en la comunidad con el respaldo de la Corporación Municipal y la ayuda del Patronato de Azacualpa. Este proceso consistió en permanentes acciones de intimidación y amenazas hacia las personas a favor de la lucha territorial, al igual que la obtención de la autorización de parte de la municipalidad, para que MINOSA comenzara a remover el cerro El Cementerio en la zona donde ya no había tumbas. De forma que como señaló un dirigente de la comunidad, “la estrategia de MINOSA era clara: empezar con las excavaciones en el cerro, para que este se derrumbe en partes y de esa manera poder explotar en su totalidad la zona”[3].
Por otra parte, la respuesta de la élite encendió las alarmas del Comité Ambientalista y durante los meses de julio, agosto y septiembre, el Comité se reposicionó en la coyuntura, a través de las siguientes acciones:
Primero: campañas de información y sensibilización, evidenciando los impactos ambientales dejados por el trabajo de MINOSA. Segundo:acciones de presión a nivel local y nacional mediante pronunciamientos, plantones y movilizaciones. Tercero: proceso de incidencia a nivel de las instituciones del Estado para contener la concesión del cerro El Cementerio.
Estas acciones le permitieron al Comité Ambientalista lograr mayor legitimidad y posicionar su lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes, en un contexto local controlado políticamente y organizativamente por el Patronato de Azacualpa, Corporación municipal y MINOSA.
Entre los meses de agosto y septiembre del 2018, los principales actores en conflicto realizaron acciones de presión. Pero en ese momento, la correlación de fuerzas favoreció más al Comité Ambientalista, ya que la comunidad se volcó en solidaridad con los pobladores que tenía tomado el cerro y con las personas criminalizadas. Sin embargo, la élite extractivista reaccionó rápidamente por su preocupación ante un probable “efecto contagio”, en una zona donde MINOSA se juega grandes intereses políticos y económicos, por su presencia en distintas comunidades.
Lo anterior generó que en, siempre en octubre del 2018, MINOSA y la municipalidad desarrollaran una contraofensiva política que en el corto y mediano plazo debilitara al Comité, para continuar con la explotación del cerro. Es así que se llevó a cabo un desalojo violento de los pobladores que desde mayo se habían tomado el cerro, dejando 19 personas judicializadas, 17 hombres y 2 mujeres acusados de usurpación y daños en prejuicio de MINOSA.
Por lo tanto, ese proceso de judicialización implicaría un cambio significativo en la correlación de fuerzas y en la dinámica de la contienda política. En este sentido, MINOSA interpuso un amparo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, para revocar la decisión de no seguir exhumando los cuerpos. Importante es mencionar que el fallo fue favorable a la empresa.
Debido a esa razón, el Comité Ambientalista de Azacualpa elevó el caso, relacionado con la explotación del cerro El Cementerio, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, para poner fin a la concesión, ya que la comunidad lo ha considerado como un otorgamiento que viola su derecho a la soberanía comunitaria y a la cultura. Cabe mencionar que el fallo de la CSJ fue a favor de MINOSA, lo que implica que la empresa puede continuar con las labores de extracción en el cerro el Cementerio.
Entre febrero y marzo del 2019 el conflicto territorial se polarizó. En febrero la empresa retomó sus trabajos de explotación y reactivó inmediatamente las acciones de protesta en la comunidad. Y en marzo, además, se continuó con el proceso de persecución penal contra el liderazgo territorial, teniendo como telón de fondo la presión de MINOSA para enviarlos a la cárcel, en complicidad con el Sistema de Justicia. Lo característico de este proceso es que los líderes se defienden en libertad y las estrategias de defensa por parte de los abogados han permitido hacerle frente a la embestida de un sistema judicial parcializado con los intereses de MINOSA.
Con estas acciones, el Comité Ambientalista ha salido reforzado. Por un lado, su oposición a la explotación del cerro El Cementerio sigue siendo firme y, por otro lado, evidencia la trama/intereses políticos que se esconden detrás del actual proceso de judicialización.
Al cierre de la coyuntura se han suscitado dos hechos importantes. El Instituto Hondureño de Geología Minas (INHGEOMIN), otorgó licencia de exploración de tres mil hectáreas de tierra a una serie de empresas extractivas, entre ellas MINOSA, para un futuro proceso de explotación minera en San Agustín, Cucuyagua, Santa Rosa y la ampliación en el municipio de la Unión. Por otro lado, el reciente fallo de la CSJ a favor de MINOSA para que continué con sus labores de explotación. Todo apunta a que nos encontramos ante un nuevo ciclo de lucha territorial en Azacualpa, con características distintas al pasado.
B. Actores involucrados en el conflicto
En el conflicto de Azacualpa están presentes cuatro actores principales:
- El Comité Ambientalista de Azacualpa
- La Corporación municipal de La Unión
- El Patronado de Azacualpa y
- La empresa MINOSA.
En este apartado se realizará una descripción de los actores y sus posicionamientos en el conflicto territorial en Azacualpa.
- Comité Ambientalista de Azacualpa
El Comité Ambientalista de Azacualpa se fundó en el 2015, con el objetivo de defender el territorio y proteger los bienes comunes de la naturaleza, ante la avanzada del extractivismo en la zona occidental del país. Desde sus inicios, se han enfrentado a un contexto local y regional adverso, debido al fuerte proceso de división en las comunidades que lidera MINOSA y que ponen en práctica la Corporación municipal de la Unión y el Patronato de Azacualpa.
El Comité articula a organizaciones de base y a distintas familias que muestran su descontento y oposición al trabajo extractivo que realiza MINOSA. En esa articulación se pueden destacar tres elementos integradores: identidad, objetivos y un mismo adversario. Con respecto a la identidad: el comité está integrado por pobladores conscientes del impacto ambiental de la explotación minera; los objetivos se orientan a promover la defensa del territorio y la protección de los bienes comunes ante el impacto de la minería a cielo abierto. Finalmente, los adversarios son aquellos actores y sectores que promueven el modelo extractivista en la región.
Un aspecto importante en la conformación del Comité de Azacualpa, ha sido el respaldo y acompañamiento de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), organización que desde el comienzo del conflicto han fortalecido las capacidades del liderazgo del Comité, a través de procesos de formación, asesoría técnica y legal para sostener la lucha territorial y los procesos de incidencia para que el Comité posicione y defienda sus derechos. Además, ha abierto espacios de denuncia para que la comunidad de Azacualpa de a conocer los impactos negativos de la explotación minera en sus territorios.
2. Corporación municipal de La Unión
La Corporación Municipal de La Unión ha respaldado y legitimado el accionar de MINOSA, mediante una serie de acciones que dan cuenta de la manera en que la institucionalidad ha dado paso a la inversión extractivista, sin tener en cuenta el alto costo social, político, cultural y ambiental en el territorio.
Entre esas acciones podemos mencionar las siguientes:
- desconocer el cabildo abierto que se realizó en el año 2015, en el cual la población ratificó que no quería que MINOSA explotara el cerro El Cementerio y exhumara los cuerpos.
- promover la división en las comunidades, a través de la coacción de los principales liderazgos y
- Contribuir a la falsificación de pruebas de incriminación de líderes y lideresas, de las cuales se ha valido el sistema de justicia para judicializar al liderazgo territorial.
3. El Patronato de Azacualpa
Este patronato empezó con una fuerte lucha en contra la empresa minera, pero debido a la estrategia de coacción impulsada por MINOSA y la Corporación municipal, su principal liderazgo terminó aliándose a los intereses de la empresa.
En el actual conflicto, el patronato juega un doble rol: divide a las comunidades y genera miedo mediante acciones directas de violencia[4]. Una de sus principales estrategias es desprestigiar el trabajo organizativo y político que realiza el Comité Ambientalista, es decir, ha sido el encargado de vender a la población el discurso desarrollista del extractivismo y mediante acciones de violencia directa, ha aumentado la tensión en las comunidades, a tal punto que ha generado un clima generalizado de inseguridad, temor y miedo. En definitiva, estas situaciones impactan negativamente en el trabajo de oposición que realiza el Comité Ambientalista.
4. Empresa minera MINOSA
MINOSA tiene una influencia muy fuerte en el municipio de la Unión, Copán. En pocas regiones del país las empresas extractivas han logrado coaccionar al principal liderazgo de base y dividir de manera tan profunda a las comunidades, como ha ocurrido en Azacualpa.
Valiéndose del respaldo de la Corporación municipal, del trabajo divisionista que ejerce el Patronato de Azacualpa y del apoyo de la institucionalidad pública del país, MINOSA ha profundizado y radicalizado el conflicto a través de las siguientes acciones:
- no haber cumplido con los acuerdos pactados con la comunidad de Azacualpa
- la destrucción sistemática del medio ambiente
- influencia directa en las acciones de violencia y división en las comunidades emprendidas por la Corporación y el patronato.
C. Demandas y posicionamientos de los actores involucrados
En la coyuntura entre mayo del 2018 a febrero de 2019, los principales actores en disputa pronunciaron una serie de demandas y posturas que dieron cuenta de los intereses que están en juego en el conflicto. Los posicionamientos demuestran que la salida al conflicto sigue estando entre los actores involucrados, teniendo como punto de partida la capacidad de las instituciones públicas en gestionar el conflicto.
El Comité Ambientalista de Azacualpa considera que establece una serie de demandas alrededor de los siguientes puntos:
- que se retire la concesión en la zona del cerro El Cementerio por estar ubicado en un espacio sociocultural que representan las costumbres y creencias de la comunidad
- que la empresa minera mitigue el daño/impacto ambiental de la explotación minera sobre las comunidades y, que cese la explotación minera alrededor de la comunidad de Azacualpa.
Po su parte, el posicionamiento de la Corporación Municipal gira alrededor de lo siguiente:
- la empresa minera tiene que realizar su trabajo, ya que la concesión está con base en Ley
- genera empleos para las comunidades
- aporta una retribución monetaria a la municipalidad que permite desarrollar obras sociales en beneficio de la comunidad de Azacualpa.
El posicionamiento principal del Patronato de Azacualpa, es:
- que el Comité Ambientalista detenga sus acciones de protesta
- demandan a las instituciones del Estado y a la Corporación Municipal la permanencia y continuidad de la empresa minera
- consideran que la empresa es un “oxigeno económico” para muchas familias de la comunidad y en general, para el municipio de La Unión.
Con el contexto anterior, el posicionamiento definitivo de MINOSA, es que van a continuar desarrollando el proyecto minero y la inversión en la zona, bajo el entendido de que están actuando con base en ley, llevando a cabo su trabajo de extracción respetando los estándares nacionales e internaciones de la explotación minera.
D. Correlación de fuerzas
En el conflicto territorial de Azacualpa se identifican dos bloques en disputa: Bloque dominante y bloque de resistencia territorial.
El bloque dominante
Este bloque está representado por MINOSA, la Corporación Municipal y el Patronato de Azacualpa. Asimismo, este bloque opera con el apoyo permanente de la institucionalidad pública del Estado (Gobernación Departamental, sistema de justicia, INGEOMINH y MiAmbiente) y con el acompañamiento en el terreno de las fuerzas de seguridad, policías y militares. Este bloque, a corto plazo tiene como objetivo debilitar el trabajo organizativo y político del Comité Ambientalista y a mediano y largo plazo continuar con sus trabajos de explotación, sin ningún tipo de oposición comunitaria.
Para alcanzar sus objetivos, el bloque dominante ha hecho uso de la institucionalidad pública para implementar el proyecto extractivista, instrumentaliza el marco jurídico para criminalizar a los líderes/as de las comunidades en oposición y ha logrado persuadir a instituciones como el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), a las secretarías de Derechos Humanos y de Salud, para que MINOSA trabaje sin ningún tipo de supervisión y control de la institucionalidad pública.
El bloque de resistencia territorial
Este bloque está representado por el Comité Ambientalista de Azacualpa. A corto plazo tiene como objetivo lograr que no se continúe con la explotación del cerro El Cementerio y, a largo plazo lograr que la empresa repare los daños/impactos ambientales en temas de mitigación, estabilización de suelos y reforestación. Siempre a largo plazo, el Comité tiene como objetivo la cancelación de la concesión minera en la comunidad de Azacualpa.
Con respecto al alcance de sus objetivos, el bloque de resistencia en los últimos meses ha ido obteniendo mayor legitimidad y reforzando su posicionamiento político y organizativo en la comunidad de Azacualpa, lo que se ha traducido en una capacidad para articular y movilizar a los pobladores que están en oposición a la explotación del cerro y la exhumación de los cuerpos. Además, cuentan con el respaldo de distintas organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, al igual que con el acompañamiento de los movimientos sociales territoriales del país.
El bloque de resistencia, ante el fallo reciente de la CSJ a favor de MINOSA, replantea su estrategia política y legal para trazar un nuevo camino de incidencia que permita la cancelación de concesión en el cerro El Cementerio. Entre otras fortalezas del Comité, también se incluye el acompañamiento y asesoramiento legal que ha logrado que el liderazgo territorial que ha sido judicializado, se defienda en libertad.
En este caso, la correlación de fuerzas a niveles políticos y de control institucional ha favorecido a MINOSA, pero en términos organizativos y locales ha favorecido con mayor fuerza al Comité Ambientalista. MINOSA, en sus intentos de frenar el proceso de resistencia territorial, se ha visto en la necesidad de criminalizar y judicializar al liderazgo territorial, mientras que el Comité ha desarrollado una serie de acciones para capitalizar la solidaridad (ante el proceso de criminalización) y el descontento de la población contra la empresa luego del incumplimiento de los acuerdos.
Alrededor de ese balance podemos establecer cuatro ideas centrales que nos permitan identificar la actual correlación de fuerzas:
Primero, el reciente fallo de la CSJ a favor de MINOSA, obliga al Comité Ambientalista a reabrir un nuevo proceso de incidencia orientado a lograr la cancelación del cerro el Cementerio. No obstante, este paso implica generar consenso entre los pobladores de la comunidad, una presión sobre el gobierno local y, finalmente, una estrategia de incidencia política y legal por parte del Comité Ambientalista para evidenciar la ilegitimidad del proceso de concesión en la zona del cerro.
Segundo, el bloque dominante, por un lado, seguirá valiéndose de la coacción que ejerce en las comunidades. Particularmente, luego de que la misma comunidad tomara posición en contra de la explotación del cerro y respaldara el proceso de lucha del Comité Ambientalista, buscará actuar de manera más estratégica y cautelosa para dividirla. Por otro lado, hay que tener presente que la concesión en Azacualpa, al igual que los intereses de MINOSA, están respaldados por el gobierno nacional y el gobierno local.
Tercero, la simpatía de la comunidad hacia el Comité Ambientalista ha venido en aumento. Las últimas acciones emprendidas por MINOSA han sido respondidas por la comunidad, lo que puede desembocar en un conflicto abierto y prolongado por la región. Los bloques enfrentados cuentan con recursos para seguir presionando y, por tanto, continuará abierta la conflictividad socio-ambiental, con el riesgo que se desate una crisis política regional, más profunda y prolongada que la del 2012.
Cuarto, el control por el territorio y los bienes comunes siguen en disputa, en un contexto regional en el que existen intentos por dar nuevas áreas de explotación a MINOSA. Todo parece indicar que nos encontramos a la puerta de una profundización del modelo extractivista y radicalización de la lucha territorial en Azacualpa.
En conclusión, las demandas de los actores involucrados en el conflicto y la actual correlación de fuerzas, brindan elementos para identificar tres escenarios que se pueden suscitar en el corto y mediano plazo.
III. ¿Hacia dónde avanza el conflicto? Escenarios probables
Escenario A. Cancelación del permiso de explotación en el área del cerro El Cementerio
Este escenario significa que la coyuntura actual encuentra una salida al conflicto mediante la cancelación del permiso de explotación a MINOSA, en el área del cerro El Cementerio. En este sentido, la cancelación se podría realizar a través de la siguiente vía: La autoridad minera (INHGEOMIN) suspende de forma temporal o definitiva las actividades de MINOSA en el cerro el Cementerio.
Para que este escenario se pueda materializar, se tendrán que presentar las características o condiciones siguientes:
- Ante el reciente fallo de la CSJ favorable a MINOSA, el Comité Ambientalista replantea su estrategia jurídica y refuerza su posicionamiento político estratégico para que la institucionalidad estatal incorpore las demandas de la comunidad, y se pronuncie de forma favorable.
- INHGEOMIN, ante el impacto ambiental y violación de derechos humanos en Azacualpa producto de la extracción minera, actúa según La Ley de Minería y el Reglamento del cierre de Minas y declara el cierre temporal, progresivo o definitivo y convoca a la Comisión Interinstitucional en el Marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)[5]
- El Comité Ambientalista establece alianzas con actores claves a nivel nacional e internacional para presionar al Estado e incidir en la autoridad minera.
- El Comité Ambientalista aumenta la presión política a nivel local, regional y nacional para que la institucionalidad minera agilice el proceso de suspensión temporal o definitiva de la concesión en el cerro el Cementerio.
Este escenario es el más deseable, pero poco probable, debido al control que ejerce MINOSA sobre la institucionalidad estatal. También, por las limitaciones políticas y organizativas del Comité Ambientalista, ante la fuerza de MINOSA y la presión que ejercen la Corporación Municipal y el Patronato de Azacualpa sobre la comunidad. Sin embargo, siendo el escenario más deseable el Comité Ambientalista debería reforzar y actualizar su estrategia de resistencia y continuar trabajando en esta dirección.
Escenario B. Un nuevo acuerdo para dar solución al conflicto territorial
Este escenario consiste en que los actores involucrados en el conflicto, tanto del bloque dominante y resistencia territorial, tengan voluntad y se sienten obligados a dialogar y a construir acuerdos políticos para darle una salida pactada al conflicto.
Para que este escenario ocurra deben producirse las características o condiciones siguientes:
- Los dos bloques en disputa llegan a acuerdos básicos de las condiciones mínimas para una salida al conflicto, se producen cambios sustanciales sobre la concesión, firman un nuevo acuerdo y definen mecanismos de consultas vinculantes.
- Sectores institucionales del Gobierno avalan una salida negociada del conflicto, modificando aspectos claves de la concesión (por ejemplo, el asunto del cementerio).
- Organizaciones nacionales y regionales (Iglesia Católica y organizaciones de Derechos Humanos), presionan para que los actores involucrados en el conflicto pacten una salida dialogada.
- Actores internacionales, sobre todo organizaciones de derechos humanos, presionan también para que se produzca una salida pactada al conflicto.
Este escenario se ubica en una situación intermedia. Es medianamente probable, porque los actores principales del conflicto se verían en la necesidad de pactar una salida al actual conflicto, en una situación muy polarizada, con limitados espacios para el diálogo. También es medianamente deseable porque las características de explotación practicadas por MINOSA son incompatibles con el medio ambiente y los intereses estratégicos de las comunidades.
Escenario C. Militarización del territorio, expansión del proyecto extractivista y la desaparición de la resistencia territorial.
Por las condiciones actuales, este escenario se desarrollaría en el marco de un eventual proceso de radicalización de la lucha territorial que estaría determinado por los siguientes aspectos: seguimiento de las labores de explotación en el cerro El Cementerio, profundización de los impactos ambientales, agudización de la criminalización y asesinatos selectivos del principal liderazgo territorial.
Este es un escenario de la polarización de la lucha territorial sobre una constante y fuerte militarización de la zona, lo que puede desembocar en la desaparición del actual proceso de resistencia territorial en Azacualpa. En conclusión, el proyecto extractivo de MINOSA se termina de imponer.
Para que este escenario ocurra deben de producirse las características y condiciones siguientes:
- La CSJ falla a favor de MINOSA.
- La estructura legal e institucional que dio origen a la concesión se mantiene vigente, y para ello se hace uso de la fuerza militar y policial para controlar la zona de explotación.
- Se implementan nuevas estrategias desde la institucionalidad estatal para la criminalización de los grupos en oposición, incluyendo el asesinato selectivo del liderazgo territorial.
Este escenario es el menos deseable, pero medianamente probable. Menos deseable, ya que implicaría la imposición del proyecto minero de MINOSA en una zona en la cual la población ha venido realizando grandes esfuerzos por defender su territorio y los bienes comunes. Medianamente probable por el costo social que este escenario representaría para la institucionalidad estatal y MINOSA. El Comité Ambientalista debe considerar los aspectos menos deseables de este escenario y buscar neutralizarlos con su estrategia de resistencia.
Fuente:http://cespad.org.hn/2019/04/29/coyuntura-desde-los-territoriosazacualpa-hacia-donde-avanza-el-conflicto-con-la-empresa-minerales-de-occidente/?fbclid=IwAR3MpuS2TAxtc8xiZPhfIBDbJ_L0QWI0xcQ8DbkYNZKUsRamLLq_JSAyL8k