La ley colombiana le ha otorgado a las corporaciones autónomas regionales la facultad de vigilancia y control sobre actividades que impacten el medio ambiente y el entorno biótico de los territorios. Sin embargo, en la práctica dichos mecanismos se aplican de manera discrecional y a la interpretación de la dirección de turno, lo que genera resoluciones distintas en casos similares, sobre la actividad minera.
Pero, por otro lado, ante la minería, una misma entidad tiene raseros distintos dependiendo de la visibilidad o no de un determinado proyecto, lo que genera decisiones contradictorias sobre la explotación y producción de minerales. Tal es el caso de Cortolima que, según el procurador agrario y ambiental del Tolima, Ernesto Cardoso, mientras que en los últimos seis años ha otorgado licencias ambientales para la explotación de material pétreo (material de arrastre) de los ríos, están generando afectaciones muy fuertes en los cauces de los ríos y su dinámica hidráulica, así como la disminución de especies para la pesca. Ante su debilidad institucional lo que se constata es la ausencia de vigilancia, control y seguimiento a las mismas. Para enmascarar esa debilidad pone cortinas de humo enfatizando el debate sobre la gran minería y sobre el proyecto La Colosa, y se vuelve negligente con las actividades extractivas que sí están generando impactos negativos.
Lo anterior evidencia que se tiene un rasero distinto para otorgar licencias o para hacer pronunciamientos, politizando el debate sobre la gran minería y oponiéndose a la misma, pero abriendo un boquete otorgando licencias para uso de agua, sin estudios técnicos serios sino por percepciones subjetivas, mientras que la gran minería siempre está abierta a la realización rigurosa de estudios ambientales de manera técnica y con altos estándares aceptadas por la legislación y el conocimiento científico.