La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó dar trámite a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal civil Enrique Viana contra la ley de minería de gran porte, que da el marco jurídico para el proyecto de extracción de hierro de la empresa Aratirí, en la localidad de Valentines, en Treinta y Tres.
Luego de que las juezas civiles Loreley Pera y Teresita Macció se negaran a elevar a la Corporación el planteo de Viana, el fiscal presentó un recurso de queja contra esas decisiones. Así, la Corporación finalmente aceptó dar curso a la acción del representante del Ministerio Público, por lo que ahora los ministros del máximo órgano del Poder Judicial comenzarán a estudiar los argumentos planteados contra la ley.
Por otra parte, Viana prevé presentar una acción cautelar de no innovar que prohiba al Poder Ejecutivo firmar el contrato de inversión con Aratirí hasta tanto la SCJ se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley de minería.
La empresa y el gobierno vienen postergando desde hace meses la firma del contrato de inversión. Inicialmente, estaba previsto que el documento se suscribiera a principios de este año.
Viana entiende que la ley de minería de gran porte es inconstitucional por tres motivos. El primero de ellos porque, a su juicio, es una norma «con nombre y apellido» y elaborada «a medida de Aratirí. La ley «viola el concepto de toda norma jurídica, de toda ley porque no es una norma general y abstracta. Esto viola el principio de igualdad ante la ley», opinó el fiscal.
En segundo término, según Viana, «la inconstitucionalidad radica en que la ley lo que intenta hacer es eludir la prohibición constitucional de ocasionar daños graves al medio ambiente. Nadie discute que este tipo de minería de gran porte causa daños al medio ambiente».
Y finalmente, el fiscal cuestiona la legalidad del mecanismo de los contratos de inversión que, sostiene, implican que el Estado uruguayo «va a quedar condicionado en la voluntad de sus tres poderes en función de la voluntad de una empresa privada».