“No ha resultado comprobado con los antecedentes de que se dispone, que hubiera existido de parte de la recurrida una actuación de carácter ilegal, esto es, contrario a nuestro ordenamiento jurídico y menos que pudiesen producir privación, perturbación o amenaza del derecho y garantía constitucional invocada”.
En estos términos, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca rechazó un recurso de protección entablado por la Municipalidad de Constitución en contra de la empresa Inversiones Aconcagua, denunciando daños ambientales por faenas mineras en las dunas de Putú, una zona con humedales y ecosistemas altamente sensibles.
La acción legal fue entablada en agosto del año pasado, tras lo cual, la misma Corte de Talca decretó una “orden de no innovar” que paralizó los trabajos. Ahora con el fallo de primera instancia, el mismo tribunal levantó dicha medida restrictiva, aunque la sentencia puede ser apelada por la parte recurrente ante la Corte Suprema.
EVALUACIÓN
AMBIENTAL
La sentencia establece -luego de revisar numerosa documentación- que la empresa Inversiones Aconcagua es dueña desde el año 2010 de dos pertenencias mineras en Putú. Agrega que dicha entidad privada “sólo ha realizado labores de exploración a que tiene derecho, en su calidad de titular de un derecho real de servidumbre”.
El dictamen agrega que el carácter de exploración de las faenas fue ratificado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), añadiendo que la ley sólo obliga someter a evaluación ambiental las prospecciones y explotaciones. Por ello, concluye que tampoco puede obligar a evaluar ambientalmente dichas labores.
“En esta etapa de exploración minera, no se advierte vulneración legal alguna ni tampoco requiere en este momento ingresar al sistema de evaluación ambiental”, concluye la sentencia. El dictamen -de carácter unánime- lleva la firma de los ministros Eduardo Meins y Olga Morales, junto al fiscal judicial, Oscar Lorca.