GREG BLUESTEIN
Associated Press
3 de febrero 2011
Una demanda, según la cual un ejecutivo de una compañía carbonífera en Alabama pagó a fuerzas paramilitares para asesinar a tres líderes sindicales colombianos, se reabrió el jueves, cuando un tribunal de apelaciones determinó que los hijos de las víctimas podían interponer la denuncia en Estados Unidos.
El operador de la mina, Drummond Company Inc., fue hallado inocente de actos indebidos, según el veredicto emitido por un jurado en Birmingham, durante un juicio realizado en el 2007, tras una demanda similar presentada por el sindicato y por las viudas de los sindicalistas.
La empresa no respondió de inmediato a las llamadas y correos electrónicos que se le enviaron en busca de declaraciones.
Un juez de un tribunal inferior había desechado la demanda de los hijos de los sindicalistas, al señalar que debieron haber presentado una denuncia «de parte» de sus padres, en vez de buscar por su cuenta una indemnización no precisada. Un panel de tres jueces del undécimo circuito discrepó de ese fallo.
«La querella alega que hubo un complot intrincado y vengativo, orquestado por los acusados, el cual llevó finalmente a los asesinatos de los padres de estos chicos», escribió el panel. «De ser esto verdad, semejante conducta constituye una infracción del derecho internacional, suficientemente grave para los propósitos de desencadenar» responsabilidades bajo las leyes federales.
La demanda fue presentada por ocho hijos de Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler, quienes trabajaban en la mina de carbón de Drummond en La Loma. Los hijos viven en Colombia y Canadá.
Locarno, trabajador de mantenimiento y presidente del sindicato local, y Orcasita, quien tenía otro puesto en la organización gremial, fueron sacados de un autobús de la compañía frente a la mina, en el 2001, y asesinados a tiros, según las autoridades. Soler, quien sucedió a Locarno como presidente del sindicato, fue asesinado siete meses después, de una forma similar.