Maisdulin Younis / Natalie García
La prohibición de la minería artesanal en 2006 acabó con el trabajo de cientos de personas que subsistían de la explotación del oro para sobrevivir.
El Gobierno prometió nuevas oportunidades de empleo a los mineros, pero los proyectos nunca se ejecutaron y la población retornó a las minas. El escaso control en las políticas de protección y defensa convirtió a La Paragua en un territorio sin ley.
Llenos de desesperación miles de mineros huyeron del Alto Paragua, en el municipio Angostura. Atrás quedaron sus deseos por hacerse con “el dorado”. Más que decepción, las personas eran el vivo rostro del miedo y del desconsuelo de haberlo perdido casi todo.
Los ojos cansados revelaban noches de insomnio en espera del momento para salir del lugar hacia el pueblo de La Paragua, y de allí a su sitio de origen. Cada relato evidenciaba los momentos de horror vividos hace hoy una semana, cuando dos sectores de la banda Los 24 se enfrentaron a tiros como si de una guerra se tratase.
El hecho ocurrió en el sector indígena Manaima, en la mina La Cochanera, también conocida como Bulla Nueva, a casi cuatro horas de navegación de La Paragua, única ruta de acceso. Cuentan quienes vivieron los cruentos hechos que desde las 5:00 de la tarde del domingo todos quedaron sorprendidos por una intensa balacera “de alto calibre”.
Los mineros que estaban en el campamento salieron corriendo al monte, quienes estaban en los diferentes cortes (donde se saca el oro) se adentraron en la selva o se tiraron al suelo.
Facturas delictivas
Muchos señalan que el conflicto se veía venir, pues desde hace 4 meses los maleantes, también conocidos como Los Negritos -en su mayoría colombianos- venían cometiendo irregularidades con los mineros y dueños de máquinas. Incluso la mina ya había sido escenario de homicidios y tiroteos, pero ninguno similar a éste.
“Todos trabajábamos cuando llegaron a matar a tres de Los Negritos. Primero hirieron a uno que logró escaparse con los otros dos. Pensábamos que ya todo estaba en calma, ya estábamos acostumbrados a esos ataques, pero horas después comenzó la mortandad”, contó un minero que por miedo pidió dejar su identidad en el anonimato.
La descripción del hecho parece emular a una película del Lejano Oeste. Cincuenta hombres portando armas de alto calibre, con cargadores repletos de balas y llevando granadas, se apersonaron en el sitio dispuestos a todo y con el objetivo de eliminar a Los 24.
“Era plomo parejo (…) todos corrían de un lado a otro. Se iban a las montañas y hasta se lanzaban al río. La balacera duró más de una hora sin parar, era una guerra”, recordaba un espectador mientras temblaba.
Anarquía total
Explican los mineros que la banda de Los Negritos llegó a La Paragua proveniente del kilómetro 88, liderada por un hombre apodado el Negro Juancho, la organización que dirige se le conoce como El sindicato y allá en las minas de Sifontes -al sur del estado- se encarga de resguardar a quienes les pagan por la escolta. También cobra vacunas y hace incursiones en los yacimientos para atracar.
Aparentemente quienes estaban en el Alto Paragua se excedían en las “reglas” impuestas por Juancho y tras muchas quejas éste mandó a acabar con los “indisciplinados”.
Los excesos de Los Negritos de La Paragua llegaban al punto de quitarles las máquinas a los mineros, apoderarse de los campamentos e inclusive abusar sexualmente de las mujeres que allí estaban. Quien se negara era hombre muerto.
Muchos en vista de esas acciones se fueron del lugar, quienes se quedaron prefirieron convivir con las arbitrariedades, en espera de que los resultados en la mina dieran lo suficiente para mantener contentos a Los 24.
Esto nunca fue así, y mientras más oro daba la tierra, más crecía la ambición de los delincuentes, quienes hacían y deshacían, al amparo supuesto de las autoridades, pues de las decenas de testimonios recogidos por este rotativo, muchos advierten que un funcionario castrense era el que supuestamente suministraba las balas y las granadas a los hampones.
Esperanzas rotas
Sin embargo, las autoridades niegan que la situación sea tan grave. En el parte oficial se cuentan siete muertos de la balacera en el sitio y cuatro heridos, se descartan que haya más víctimas.
Los explotadores de yacimientos dicen lo contrario. Muchos cuentan haber visto a por lo menos siete muertos más. “Aquí están sucediendo muchas cosas raras. El Gobierno sabe qué es lo que está pasando y ellos dejan que esos delincuentes pasen las armas para la mina. Al pueblo llegaron 7 muertos pero nadie habla de los que quedaron en la montaña. Yo vi varios, en esa montaña hay gente que quedó enterrada, sin contar los que estaban más adentro”, relató un testigo.
“Ahí cayeron muertos integrantes de la banda y también personas inocentes. En la montaña aún hay más muertos, yo vi (la tarde del jueves) otros cinco cadáveres. Es una zona con mucho oro y ahora el Gobierno se quiere apoderar de eso”.
La bulla, como se le llama al descubrimiento de un nuevo yacimiento, ha sido tan grande en La Paragua que muchos lo dejaron todo con tal de hacerse ricos con el oro, sin saber que se encontrarían con el panorama de anarquía y casi esclavitud al que los sometían Los 24.
Enrique Gómez, oriundo de Caracas, es uno de los que esperanzado llegó a la mina el 2 de enero y salió dos días después de la balacera, asustado y queriendo olvidar lo que acababa de vivir.
“Vengo de lejos. Soy padre de familia que necesita llevar comida a su casa. No nos dejan hacer nada, en este país no hay trabajo y si conseguimos tenemos que salir corriendo. Queremos ya una respuesta del gobierno, por las buenas no vamos a lograr nada (…)”.
Intervención militar
Pese a que muchos vivieron momentos de pánico y verdadero horror, sin saber si regresarían vivos a sus casas, la angustia no paró allí. Tras conocerse la noticia de los seis muertos -en un principio, pues luego murió un herido- fueron activados los organismos de seguridad entre ellos las Fuerzas Armadas con sus distintos componentes.
No obstante, para muchos fue peor el remedio que la enfermedad. Puesto que los funcionarios castrenses llegaron a Cochanera sin ningún tacto, ni consideración. Lo poco que muchos lograron salvar fue inclusive destrozado, quemado o decomisado por algunos de los militares.
“Llegué a la mina después de la balacera (el lunes). Entrando vi cómo estaban sacando los cadáveres, ha sido el susto más grande de mi vida. Estoy indignada (…) los militares con voluntad nos sacaron a patadas, quisiera saber por qué no tuvieron el guáramo de buscar una solución antes que pasara todo esto, ellos sabían de la presencia de Los 24 en la mina”, dijo Teresa Torres, desempleada desde hace un año y proveniente de Maracay.
A pesar de los testimonios, representantes del Ejecutivo mantienen que en el lugar no hay más fallecidos y que la situación está completamente normalizada luego que la Armada militarizara la zona minera y parte de La Paragua.
Hasta la tarde del viernes el lugar seguía en custodia y una comisión de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Caracas seguía en la mina. ¿Si no hay más cadáveres qué hacían comisiones especiales del Cicpc en el lugar? Es la pregunta más repetida en el pueblo. También cuestionan cómo ingresan las armas a la mina, si hay por lo menos 3 controles fijos de la Armada, uno terrestre y dos fluviales (en condiciones normales), donde los mineros son revisados e inclusive desnudados en busca de ilícitos.
Las expectativas sobre el futuro son muchas. La Paragua desde 2006, cuando inició la reconversión minera, ha vivido y revivido tragedias. Con estos suman más de 20 muertos por hechos relacionados con las minas, en sucesos que han sido de conocimiento público.
Los temores son mayores, porque para un importante número de habitantes las Fuerzas Armadas son sinónimo de “abuso” y no de orden.
La muestra de ello es que de la veintena de muertos 8 fueron a manos de militares, seis de esos crímenes han sido denominados la “masacre de La Paragua”. Por eso es que los mineros tienen inclusive más pavor a los castrenses que a los delincuentes.
Políticas mineras
Desde 2005, el Gobierno nacional ha buscado ordenar la minería pequeña y a gran escala, pero con especial ahínco en la explotación artesanal.
La primera estrategia para ello fue la Misión Piar, que buscaba ayudar económicamente y dar soporte técnico a los mineros. La segunda fue en 2006 y se llamó reconversión minera, ésta pretendía que los explotadores de yacimientos dejaran su oficio y se dedicaran al turismo o la agricultura.
A éstas le siguieron la modificación del Régimen de Comercialización del Oro y sus Aleaciones en 2009, que obligaba a las empresas a vender la mayor parte de su producción al Banco Central de Venezuela.
Luego fue el Plan Caura, en 2010 que buscaba el desalojo de las zonas ilegales y donde participó la Fuerza Armada Nacional, el Ministerio de Interior y Justicia, el Ministerio del Ambiente y el extinto Ministerio de Industrias Básicas y Minería.
La última política destinada a la extracción de minerales fue la llamada nacionalización del oro, establecida en el Decreto 8.413 del 16 de septiembre de 2011 y en cuyo contenido se establece la eliminación de la minería a pequeña escala, así como la penalización de la actividad con entre 6 meses y 6 años de cárcel para quienes sean atrapados ejerciéndola. Tras las quejas, el 20 de diciembre el Gobierno declaró que prorroga la aplicación de esta ley al menos unos 180 días más.
Cronología de la violencia
Desde 2006 en La Paragua, antes municipio Raúl Leoni, las cosas no han vuelto a ser las mismas. La historia del pueblo cambió para siempre tras el asesinato de un pescador y de un manifestante en una protesta en rechazo al antiguo Teatro de Operaciones Nº 5 (TO5), meses después ocurrió la masacre. He aquí un resumen de los hechos más importantes que han teñido de sangre y violencia a esta localidad minera.
Marzo 2006. Simón Manrique, de oficio pescador, fue asesinado luego de presuntamente desacatar una voz de alto de funcionarios de la Armada apostados en el pueblo y que realizaban labores de patrullaje en el río.
Tras este homicidio hubo una ola de manifestaciones en el poblado. Uno de esos manifestantes José González, fue también ultimado, pero esta vez a manos de un funcionario del Ejército que disparó contra la reyerta.
A consecuencia de esto miles de personas enardecidas incendiaron la sede del TO5 y exigieron la salida de los militares de la zona, cosa que nunca ocurrió.
Septiembre 2006. Militares del Ejército ejecutan la Operación Tepuy en la cual fallecen Bartolomé Nivaldo Sánchez, Romany García Rondón, José Rondón, Luis Giovanni Lima Rondón, Raimundo Rosas Da Silva y Alves Barro Elieziu. Para ello fueron usados helicópteros de la Fuerza Armada y armamento de guerra. Los castrenses siempre negaron haber atacado a los mineros en el sector de San Martín de Turumbán.
El hecho conmocionó a todos, justo cuando el Gobierno intentaba poner en marcha la reconversión minera, que pretendía sacar a los explotadores de yacimientos de la actividad y ayudarlos a que aprendieran otros oficios como la agricultura y el turismo.
Un único sobreviviente, Felipe Lizardi, quien caminó herido tres días por la selva hasta llegar al pueblo, fue clave para descubrir lo ocurrido, aún vive en La Paragua.
Diciembre 2006. Los mineros a quienes se les había prometido indemnización y ser favorecidos por la reconversión minera cerraron el acceso al pueblo y se enfrentaron con el TO5, sin lograr que el organismo fuese retirado del lugar, ni que el Estado pagara a todos los censados en las minas de esta zona sus equipos.
Diciembre 2007. Los 10 funcionarios militares implicados en la llamada “masacre de La Paragua” fueron condenados a 15 y 18 años de cárcel.
Ese mismo año y antes de la condena de los castrenses hubo reclamos en el pueblo por la ausencia de respuestas para la pequeña minería.
Febrero 2008. Mineros del Chiguao y de Granzón son desalojados por funcionarios castrenses, en medio de fuertes críticas por violaciones a los derechos humanos. Entre las denuncias, los afectados señalaban cómo les habían roto los enseres y los habían dejado días sin agua ni comida, así como la destrucción de las barracas y de las máquinas con C4.
Mayo 2009. Ordenan repetir el juicio contra los 10 militares acusados de participar en la masacre de La Paragua, y pese a los intentos de los abogados la sentencia de 18 y 15 años se mantuvo.
Abril 2010. Gobierno nacional implementa el Plan Caura para desalojar a los mineros de las distintas zonas de la entidad. El balance total fueron 20 mil personas sacadas de las minas en los municipios Sucre, Angostura, Piar y Gran Sabana.
Noviembre 2011. Indígenas de la etnia pemón residentes del sector Manaima, en el Alto Paragua, amarran y retienen a 23 funcionarios militares que fueron hallados en una mina explotando el yacimiento. El incidente atrajo la atención de las autoridades y hasta la ministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, fue a la zona a resolver la situación.
Al final hubo un acuerdo con los aborígenes, los funcionarios de la Armada tenían prohibido los excesos para con los residentes, así como apostarse dentro de los yacimientos.
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