Este lunes (15), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) comienza una investigación sobre el impacto de las actividades extractivas en los cuatro países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) sobre los derechos de las mujeres indígenas. La intención es documentar un caso emblemático en cada país, enfocándose en la territorialidad. El trabajo tendrá como resultado un informe que se presentará ante instancias internacionales de protección de los derechos humanos.
La Coordinadora de Mujeres de la CAOI, responsable del trabajo, pretendió enfocarse en los derechos de las mujeres, basado en el hecho de que las indígenas, por su condición social, política, cultural y de género, constituyen un grupo muy vulnerable. La incidencia en la territorialidad es importante, pues esta característica es fuerte en los indígenas. Del territorio viene su identidad y su conciencia del derecho a la libre determinación.
La investigación comienza hoy y se extiende hasta noviembre. El primer país a ser analizado es Colombia y luego Ecuador, Perú y Bolivia. Durante la investigación, las organizaciones integrantes de la CAOI van a identificar los impedimentos para que se hagan efectivos la protección, la garantía y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres indígenas.
Los casos específicos relacionados con los impactos de las actividades extractivas en las indígenas van a identificar cinco características básicas: el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el acceso y manejo de los bienes naturales y del territorio, el derecho a una vida sin violencia de género y a la protección de conocimientos ancestrales.
En Colombia, el caso emblemático elegido fue el de Riosucio, en Caldas. En este lugar, la empresa multinacional minera Gran Colombia Gold está provocando tensión por la amenaza de reubicación del pueblo Marmato a causa de la explotación a cielo abierto.
En Ecuador, la organización va a investigar el caso de Quimsacocha, en Cuenca, donde los reclamos por el derecho al agua como bien común generaron la criminalización de los/las manifestantes, que llegaron a ser sentenciados en la Corte de Justicia.
En Perú, se investigará el caso de explotación minera a cielo abierto en Cerro de Pasco y Junín, donde la explotación minera afectó la tierra perjudicando la agricultura y vulnerando el derecho a la salud y al territorio.
En Bolivia, el caso seleccionado fue el del territorio ancestral Suyu Suras (Oruro), donde las mujeres y el territorio están siendo afectados por la minería a cielo abierto practicada por la minera ‘Lago Poopo’. La actividad está contaminando el lago, que era fuente de alimentos, dejando la tierra árida y afectando la cría de ganado.
Más información: www.coordinadoracaoi.org