Hoy, con el apoyo del Natural Resource Governance Institute – NRGI, presentamos la publicación “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú: “Abriendo el diálogo” que recoge el estudio a cargo de las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez, que analiza la actual problemática de la asignación de derecho de uso del agua a las empresas mineras. La investigación se centra en dos casos de estudio, la cuenca del río Grande, en la región Cajamarca, y las cuencas de los ríos Cañipía y Salado, en Espinar, Cusco.
El estudio muestra el poder que ejerce el lobby minero en Perú para controlar el proceso de adjudicación del agua que emplean, acercándonos a comprender por qué se habrían desencadenado 153 casos de conflictividad social vinculada al agua entre el 2011 y 2014, según registró la Defensoría del Pueblo. La falta de información y transparencia, así como la débil gestión permiten que se establezca una distribución poco equitativa, favorable a las empresas mineras.
La falta de información por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que maneja datos con más de 20 años de antigüedad, conlleva a que los estudios de impacto ambiental (encargados a consultoras transnacionales) presentados por las empresas mineras determinen la cantidad de agua disponible. “Con la modificación de la resolución directoral N°007-2015-ANA, ahora se pueden entregar licencias de agua antes incluso de que se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Tampoco ya es necesario contar con la aprobación del consejo de cuenca. Estas dos medidas dotan de más poder a la minera”, explica Ruth Preciado, coautora de la investigación.
“Estamos moldeando la realidad, y parece que lo que no figura en el EIA no existe”, afirma Patricia Urteaga, investigadora de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) especialista en gestión del agua e industrias extractivas. Hay temas de vital importancia que no se incluyen en estos estudios, por ejemplo, el impacto del proyecto sobre toda la cuenca- más allá del área donde va a operar-, o el impacto sobre el agua subterránea por el bombeo constante. Las investigadoras, además, revelaron las relaciones de dependencia y subordinación de los campesinos de las áreas de influencia, los que en época seca, dependen del agua que bombea la empresa.
Los Estudios de Impacto Ambiental, bajo la lupa: El estudio analiza, en particular, dos zonas mineras emblemáticas: la Cuenca del Río Grande (Cajamarca) y Espinar (Cusco), donde operan las mineras Yanacocha y Glencore Xstrata. Los impactos de la actividad minera son compartidos: escasez y reducción de la calidad del agua por la minería. Pese a que el sector minero repite constantemente que emplea tan solo el 1% del agua, los datos de un estudio elaborado por la UNESCO y dos universidades internacionales desmienten esta cifra y afirman que el volumen de agua total empleado por Yanacocha (128,64 millones de metros cúbicos) duplica el volumen usado por el sector agropecuario en la cuenca.
Actualmente, el organismo que se encarga de revisar los EIA detallados es el Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE), y lo debe hacer en un corto tiempo pese a que estos documentos suelen tener miles de páginas. Según la Ley 30237 (calificada por la sociedad civil como ‘paquetazo ambiental’), la evaluación se realiza en un plazo de 150 días que incluye la aprobación de otras 14 autorizaciones y/o permisos. La pregunta que surge entonces es ¿Cómo contrastan las instituciones del Estado los EIA si no cuentan con suficientes estudios? Cabe señalar que SENACE es un organismo que acaba de protagonizar un escándalo, pues su director, Julio Bonelli, -designado por PPK- tuvo que renunciar tras salir a la luz pública que había trabajado como gerente de permisos ambientales en Yanacocha.
El informe además muestra la falta de transparencia y la débil gestión del Estado sobre los recursos hídricos. Recién hace dos semanas, la ANA ha hecho públicas las licencias de aguas que se entregaron desde los años 90 a grandes proyectos mineros. Es por ello, que hasta ahora se desconoce la cantidad de agua que consumen gigantes como Yanacocha o Glencore. “La ANA es una de las instituciones estatales menos transparentes. Este organismo debe hacer pública otra información, como los expedientes técnicos que sustentan la entrega de derechos de uso de agua”, explica Ana Leyva, directora de CooperAcción.
El informe también cuestiona el procedimiento de otorgamiento los derechos de uso de agua a grandes mineras, pues las autoridades nacionales no evalúan el impacto que tiene la entrega de estas licencias sobre muchos de los campesinos que habitan en la misma cuenca. “Según reporte de la ANA del 2011, el 70% de usuarios de agua del Perú son informales, es decir, no cuentan con un derecho de uso de agua reconocido, debido a que el costo de una licencia supera los 5000 soles. Por lo tanto, son invisibilizados en la distribución formal de este recurso, pues para el Estado esta agua está ‘libre’ y pueden utilizarla otros”, apunta Patricia Urteaga.
La débil fiscalización estatal sobre los recursos hídricos es otro de los cuellos de botella de la gestión del agua en Perú. “¿Qué indicadores van a ser fiscalizados? Aquellos que el EIA ha determinado”, apunta Ruth Preciado. José de Echave, investigador de CooperAcción, remarca que además, existen otros dos problemas en este ámbito: la multiplicidad de organismos estatales que de manera desordenada y sin comunicación monitorean y gestionan el agua; y por otro lado, el debilitamiento del músculo sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde la aprobación de la Ley N° 30230.
“No se pueden tomar decisiones con información de más de 20 años de antigüedad, estamos ante una autoridad de agua que niega y dilata la información, y los derechos de uso de agua se entregan sin conocer la oferta hídrica”, puntualiza De Echave.
11 de octubre de 2016